ALGUNAS PROPUESTAS DE ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ENFRENTAR LA COVID-19 EN EL SECTOR ECONÓMICO

Fragmentos tomados del Informe del Centro de Estudios Convivencia:

“LA COVID-19 EN CUBA Y SUS CONSECUENCIAS EN LA ETAPA DE POST-PANDEMIA: VISIÓN Y PROPUESTAS”. Disponible íntegramente en: http://centroconvivencia.org/category/propuestas/9-coronavirus

Políticas públicas en dos etapas: compensatoria y de crecimiento a largo plazo

Existe cada vez un mayor acuerdo entre los especialistas que, tras la crisis sanitaria vendrá una crisis económica grave, profunda y duradera. Sobre todo, desconocida por varias generaciones de economistas que, tan solo pueden referirse a etapas, lejanas en el tiempo, como la gran depresión de los años 30 o las consecuencias de las guerras mundiales, para utilizar alguna referencia. Cada vez son más los que piensan que la crisis de 2008 se quedará muy pequeña con respecto a lo que viene.

Para situar el análisis de las políticas públicas, se considera esencial distinguir dos aspectos fundamentales para entender lo que ocurre en las crisis y procesos de recuperación posterior:

El primero es compensatorio y puede ser medido por cualquier indicador macroeconómico (PIB, desempleo, tipos de interés) de los niveles de la economía, que permita valorar la situación de la economía en un determinado momento.
El segundo es la tendencia de crecimiento de largo plazo, una línea que permite identificar la evolución de las principales macromagnitudes durante un período temporal de varios años. Nivel y tendencia de la economía son fundamentales como referencias de las políticas públicas a implementar por los países en las distintas etapas de una pandemia.

Etapa compensatoria

En la primera etapa, la economía pierde el nivel como consecuencia del shock de oferta que puede ser más o menos intenso y duradero, pero que altera el punto de partida, y como consecuencia de ello, también se aleja de la tendencia de largo plazo.

En cualquier caso, las políticas públicas tienen que enfocarse en una primera fase en devolver lo antes posible la economía a los niveles previos al shock. Se está viendo que este proceso se va a ralentizar, porque los procesos de recuperación de la normalidad no serán inmediatos para evitar el rebrote de la pandemia.

Por ello, las políticas públicas en esta etapa deben ser compensatorias para que las actividades económicas afronten, de la mejor manera posible, el cierre obligado. Políticas laborales para evitar un aumento del desempleo excesivo, y fiscales, en forma de subvenciones, reducciones de impuestos y cotizaciones a la seguridad social, avales, ayudas a grupos sociales excluidos, deben configurar un paquete de ayudas lo más personalizado posible, en la medida que no toda la población va a requerir ese soporte para salir de la crisis.

Sobre todo, no debe faltar liquidez para que las empresas puedan mantenerse en funcionamiento después del cierre obligado. El incremento del gasto público, de efectos wagnerianos[1], que puede llegar a alcanzar más de la mitad del PIB de la economía durante el período de intervención, debe servir para conseguir el objetivo de sacar a la economía del bache provocado por la pandemia, y llevarla al nivel anterior al comienzo de la enfermedad lo antes posible.

Etapa de diálogo, negociación y cambios estructurales a largo plazo

Conseguida la etapa compensatoria, empieza la segunda etapa que sería más prudente y selectiva en la gestión del gasto público. Es muy probable que no se alcance la normalidad económica aún, y que, por ejemplo, las tasas de desempleo continúen siendo muy elevadas, pero se irán abriendo espacios para la dinámica de las principales actividades. En todo caso, es una etapa distinta de la anterior, por cuanto la prioridad no es la reconstrucción sino recuperar también en el menor tiempo posible, la tendencia de largo plazo de la economía de antes del inicio de la pandemia. Las tasas de crecimiento se moderarán notablemente y por ello, las políticas públicas deben evitar, en la medida de lo posible, salidas de la crisis con gráficos en “W”.

En este caso, las políticas públicas ya no tendrán que ser compensatorias, porque muchas empresas no lo necesitarán, sino que deben estar basadas en la concertación y la negociación. Se abren espacios para promover grandes cambios en la estructura económica en esta fase, incluido el cierre de muchas empresas que ya no cumplían sus objetivos en la etapa anterior por verse afectadas por procesos de obsolescencia, y la apuesta decidida por nuevas actividades, como las energías renovables, la ciberseguridad o la salud.

Estas actividades van a crecer, y todas las relacionadas con las tecnologías emergentes de la cuarta revolución industrial también acelerarán su ritmo durante esta etapa. Por eso, las políticas públicas en esta etapa tienen que apostar por acelerar el I+D+i (Investigación + Desarrollo + innovación), deben dirigirse a la recualificación de los trabajadores a fin de evitar estrangulamientos en la estructura profesional para asumir cuanto antes las innovaciones, a la mejora de los sistemas de aprendizaje online y de las cualificaciones profesionales, o el desarrollo de nuevas infraestructuras, así como reducir los niveles de endeudamiento alcanzados durante la etapa de la crisis.

Necesidad de cooperación internacional

Sin embargo, la clave para acertar en la recuperación está en la acción coordinada a nivel global. Sobre este punto existe un acuerdo cada vez más generalizado. Lo que hicieron los países en la crisis de 2008 no se puede volver a repetir. Las empresas y los stakeholder en 2020 están más interconectados que nunca a escala mundial, como consecuencia del proceso de globalización, al que muchos atribuyen la rápida expansión de la pandemia.

Pero esa fortaleza de la economía mundial no se puede sacrificar. La lección aprendida de 2008 es que, frente a un problema global, y la COVID-19 lo es, hace falta una solución global. Las interconexiones que existen entre las distintas economías del planeta son las mismas que hace diez años, porque la pandemia no las ha podido destruir, y así debe continuar si se quiere recuperar, lo antes posible, la tendencia a largo plazo de las economías.

La acción coordinada debe venir no solo de los bancos centrales, que se han mostrado especialmente activos en la disposición inmediata de liquidez, sino de los gobiernos, y el marco de coordinación en el que se encuentra el G-20, países que deben asumir que el comercio y las inversiones a nivel mundial no deben ser un arma de guerra sino un instrumento para devolver las economías a las tendencias.

Las empresas que han debido detener su producción por la parálisis de las cadenas asiáticas, son un buen ejemplo del día después, porque ya han entendido lo que tienen que hacer. Los compradores crecientes en las tiendas online, otro. La economía mundial no será la misma, avanza hacia un modelo diferente en el que buena parte de los objetivos de los gobiernos deben ir dirigidos a no dejar a nadie atrás y mantener las redes de pequeñas y medianas empresas.

Teniendo en cuenta que el comercio mundial representa por sí solo el 60% del producto interior bruto global, la recuperación de la tendencia debe tener en cuenta esta relación. La clave será la cooperación y evitar que los países tiendan a buscar soluciones individuales y egoístas a los problemas. Y ello debe producirse en cuanto la pandemia empiece a reducir su agresividad y se rebajen los niveles de confinamiento en los países. No será posible recuperar la tendencia de largo plazo sin esa cooperación para estimular los intercambios a nivel mundial.

¿Cómo se agrava la situación económica en Cuba a causa de la COVID-19?

Los impactos de este shock externo e inesperado que ha caído sobre la economía tendrán consecuencias en la Cuba del 2020 y de los próximos años, y los efectos de tal crisis pudieran agravar la situación ante una respuesta tímida o incoherente de los decisores de política económica. Los estimados para el crecimiento económico en la región, realizados por la CEPAL en marzo pasado, reflejan una probable caída del crecimiento económico en la región latinoamericana, especialmente en el Caribe, subregión altamente dependiente del turismo, uno de los rubros económicos que más afectado se verá debido al coronavirus. Los efectos sobre el turismo pudieran implicar caídas de hasta un 30%, escenario en el que el desplome para el Caribe sería de 2,5%, siempre con posibilidades de ser peor dependiendo de los efectos finales de la pandemia y de la gestión de los países al respecto (CEPAL, 2020)[2]. Además del impacto en el crecimiento económico, habría afectaciones en el empleo, por el cese de actividad o quiebra de negocios -transporte, alojamiento, alimentos, entre otros- relacionados con el turismo.

Una combinación de factores se une y apunta ineludiblemente a una pérdida de recursos disponibles, lo que probablemente forzará mayores esfuerzos fiscales (con dudas sobre su financiación) en los próximos años. Entre otros, se pueden mencionar:

La ineficiencia del modelo económico que se mantiene en Cuba por décadas.
La agudización de las tensiones con el gobierno norteamericano y las sanciones que afectan específicamente el turismo, las remesas y el sector energético.
El cierre del turismo, que no se sabe hasta cuándo se extenderá y cuáles serán sus efectos reales en el corto y mediano plazo.
Las condiciones adversas generadas por las restricciones al comercio internacional relacionadas con la COVID-19, afectaciones en cadenas de valor, caídas en bolsa y quiebra de empresas o socios internacionales, disminuciones de precios de productos claves para Cuba como el níquel, baja en la demanda internacional de productos alcohólicos y del tabaco, entre otras limitaciones resultantes de la crisis mundial generada por la pandemia.
Aversión al riesgo de inversionistas, empeoramiento de la situación macroeconómica cubana y de las condiciones económicas de nuestros socios comerciales. Todos estos factores comprometen las inversiones y el comercio cubano, e impactan en el producto.

Dos opciones y algunas propuestas

Si bien el gobierno cubano ha estado demorando, tanto como sea posible, el proceso de reformas que demanda la economía, el shock económico anterior pudiera generar una crisis con magnitudes imposibles de gestionar sin una apertura estructural y cambios profundos del modelo económico. Como resultado del shock, pudiera configurarse una situación que demande acción urgente y respuesta inmediata a los problemas fundamentales de la economía, lo cual obligaría o generaría fuertes presiones para que el gobierno opte por una de dos opciones, o ambas:

1. Acudir una vez más al sacrificio del pueblo: resistir, aguantar los embates de la crisis -no se sabe por cuánto tiempo- mientras el gobierno busca apoyos políticos externos que garanticen la supervivencia del sistema, y

2. La apertura tímida, parcial, concentrada en algunos sectores, temporal, con una profundidad limitada por el alivio de las condiciones de vida y de la presión social e internacional, similar a las reformas iniciadas en 2008 o en los años 1990s.

Tanto la primera como la segunda, son opciones que estarían marcadas por un entorno internacional adverso que obliga a dar lo máximo internamente con los recursos y capacidades propias, y por un cambio en la realidad cubana -mentalidad, internet, saturación ante la crisis, ansias de cambios, etc.- que generaría fuertes presiones para una apertura definitiva, las reformas estructurales, el cambio en las estructuras productivas y el modelo económico, único camino hacia la prosperidad y garantía para el aprovechamiento exitoso de las potencialidades con que cuenta el país.

Algunas preguntas que habría que responder sobre la economía cubana serían: ¿Existen condiciones objetivas para que el gobierno pueda administrar eficientemente el agravamiento de la crisis económica? Antes de la COVID-19 uno de los argumentos que se usaban oficialmente para decir que la situación económica hoy es superior que en los noventa era el turismo, ¿cómo cambia esta situación, qué tan grande será la caída, por cuánto se extenderá, qué tan rápida y efectiva será la recuperación de este sector clave? ¿Qué tanto potencial tiene el gobierno cubano para gestionar esta crisis, qué tanto reconocimiento social efectivo tiene el gobierno en realidad, qué capacidad para convencer de la necesidad de nuevos y difíciles sacrificios por parte del pueblo para salvar la revolución, cuántas coyunturas más estarán dispuestos a aguantar los cubanos? ¿Qué tanto ha cambiado Cuba, su gente, su sociedad civil, las mentalidades? ¿Cómo influirán variables como el internet, los negocios privados, los grupos de la sociedad civil, las nuevas generaciones, las iglesias?

La situación de Cuba es definitivamente diferente a la de los años noventa, responder cada una de las preguntas anteriores demostraría esta realidad. Hoy la realidad es diferente, no solamente desde el punto de vista de que las condiciones económicas son diferentes, también en el sentido de que esta es una Cuba diferente a la de los años 90s, con gente diferente, con un liderazgo diferente, con un entorno internacional sin precedentes, con condiciones de vida diferentes, con acceso a Internet y las redes sociales, aunque limitado y caro, con aspiraciones diferentes, con potencialidades y presiones diferentes a las que existían en el llamado período especial. Por ello las opciones se cierran a la hora de pensar en la respuesta económica que se dará ante el impacto de una crisis (COVID-19) sobre otra que ya era grave (coyuntura). Las medidas económicas que en los últimos meses de 2019 se tomaron, y las que estaban planificadas para el año 2020, tendrán que ser repensadas.

De este modo, consideramos que lo más viable, efectivo y transformador que pudiera hacerse en un escenario de post-pandemia, que será definitivamente difícil, sería escuchar a los economistas cubanos -de la Isla y de la Diáspora, de derecha y de izquierda, viejos y jóvenes, oficialistas y disidentes- y asumir los amplios consensos que existen en este gremio sobre las reformas que ha de adoptar Cuba.

En general, existe consenso sobre la necesidad de destrabar las fuerzas productivas, ampliar el sector privado, privatizar algunas empresas ineficientes, reorganizar de una vez el entorno monetario y cambiario, generar mayores libertades económicas en cuanto a propiedad, comercio, inversiones y otras cuestiones clave, generar mayores espacios de mercado, afinar la regulación económica estatal, descentralizar el sector estatal, generar incentivos y mecanismos de gestión económica horizontales. Realmente el consenso que se observa entre los economistas cubanos es sorprendentemente amplio, y pudiera ser mayor. Sobre esta base queda claro que en Cuba definitivamente existe el know how y es perfectamente construible la coordinación necesaria para afrontar una reforma estructural y profunda del modelo económico, una reforma capaz de construir una sociedad próspera, sostenible, y basada en los pilares de la justicia social y la equidad. Esta sería una verdadera y efectiva respuesta a la COVID-19 y sus potenciales impactos sobre la vida de los cubanos.

Propuestas de estrategias generales ante la situación económica agravada por la COVID-19 en Cuba

Teniendo en cuenta los condicionamientos y recomendaciones anteriormente mencionados en este informe podemos proponer algunas estrategias generales:

Restituir la economía de mercado con la regulación social estrictamente necesaria para la justicia social. Lo demás son las normas a establecer para evitar la acumulación de la riqueza en un polo y de la pobreza en otro, que es fuente de contradicción entre ricos y pobres.
Promulgar una nueva ley de inversiones sin apellido, que contemple a los cubanos en igualdad de derechos.
Establecer un nuevo Código de Trabajo, que refrende la libre sindicalización y la autonomía del sindicalismo, en concordancia con el Convenio 87 de la OIT sobre la libertad sindical.
Promover la formación de pequeñas y medianas empresas en todos los sectores productivos y de servicios.
Traspasar la tierra entregada en usufructo a propiedad de los productores, bien por la entrega o venta de las mismas.
Eliminar los monopolios de acopio, de exportación e importación.
Fomentar una sociedad civil autónoma, con personalidad jurídica, complementada con la división y temporalidad de los poderes públicos y con el sufragio libre y directo.
Implementar una acción sistemática de educativa ética y cívica dirigida al rescate de la condición de ciudadano, sin la cual no se pueden asumir las responsabilidades que impone la situación actual y su transformación hacia la nueva Cuba.
Promulgar un nuevo marco constitucional para la protección y promoción de las medidas anunciadas y de otras que habrá que incluir, para que las mismas se conviertan en palancas del progreso.
Reorientar, por un tiempo, en lo posible, los recursos financieros que se están destinando a la construcción de las nuevas habitaciones turísticas, no olvidar que la ocupación de los hoteles existentes en el 2019 fue de apenas un 48%. Y con la crisis de la pandemia, el turismo no se recuperará por los menos en 2 años más.
La determinación de incentivos para la localización de las remesas en esfuerzos productivos más que en el consumo, y mayores esfuerzos para el trueque de deuda (que hay que honrar) en participación inversionista, constituyen también otras opciones sobre la mesa para las autoridades cubanas.
Las exportaciones de servicios médicos y de otros servicios profesionales rectificando el tema de los salarios para que reciban un salario justo en diferentes modalidades, y la de equipamiento médico y productos biotecnológicos y farmacéuticos, se perfilan como opciones en expansión en el actual contexto, dada la demanda que han adquirido los mismos para frenar la pandemia de la COVID-19.
Realizar la reforma monetaria y financiera, hasta aprobar con más celeridad los nuevos proyectos de inversión extranjera, descentralizar el comercio exterior, modificar la planificación excesiva, entre otras reformas.
Redirigir recursos del plan de la economía e inversiones, así como los ingresos o capitales que se captan en el presente y futuro inmediato a sectores claves de la economía. De forma primordial atender la agricultura y la industria agroalimentaria para poder garantizar seguridad alimentaria y mejorar la calidad y el acceso a alimentos para la población.
Aumentar el otorgamiento de créditos a cuentapropistas en el corto y mediano plazo como herramienta fundamental para la potenciación de este sector y de su aporte a la producción nacional. Promover además la llegada al país o el surgimiento de instituciones microfinancieras.
Descentralizar el sector empresarial estatal y dotar de mayor autonomía a las empresas, específicamente la agricultura, la industria y los servicios.
Continuar y acelerar la creación de verdaderas cooperativas no agropecuarias, según los principios establecidos por la Asociación Cooperativa Internacional. Esta forma de gestión de la propiedad ha demostrado ser altamente eficiente, aumentar la competitividad y con ello la calidad en sectores claves como el trasporte o la alimentación, y existe avidez de la población en este sentido.
Avanzar en los primeros pasos hacia una reforma general de los precios en la economía, eliminando controles excesivos y topes de precios, liberalizando su formación y garantizando la competencia necesaria para evitar exclusiones de personas y grupos sociales. Específicamente, podría comenzarse con el sector de la agricultura, la agroindustria y el transporte.

[1] La referencia de La Ley de Wagner, está en Wagner, A. (1883, 1890): “Finanzwissenchaft”, 2.a y 3.a edición Leipzig, e igualmente se puede obtener en el trabajo de sus proponentes, R. A. MUSGRAVE y A. T. PEACOCK (1958): Classics in the Theory of Public Finance. London. Mcmillan.