El gobierno cubano se ufana en demostrar que las “elecciones” en Cuba son democráticas y están sustentadas en leyes y en la Constitución de 1976, aprobada por una amplia mayoría de los votantes. Agregan que no son los partidos, sino “el pueblo” y sus organizaciones de masas los que proponen y eligen los candidatos, a los distintos niveles” y que están prohibidas las campañas “politiqueras” para promover postulantes y programas ajenos al interés “social”.
Pero las constituciones y las leyes que son resultados de procesos no democráticos, donde no ha habido previo respeto de las libertades de expresión, asociación, elección y actividad económica, donde no ha existido una previa discusión democrática-pública, carecen de legitimidad.
Este proceso eleccionario tiene una connotación especial este año: el actual Presidente del Consejo de Estado y de Ministros, por decisión propia ha renunciado a ser elegido. Por primera vez, un grupo numeroso de candidatos opositores e independientes que aspiraban a ser delegados de base del Poder Popular, fueron impedidos de llegar siquiera a ser propuestos.
Nadie espera que el General abandone su posición como Primer Secretario del PCC, y el actual Vicepresidente había orientado desde febrero a los cuadros del partido y el gobierno, evitar que esos opositores e independientes pudieran alcanzar sus propósitos. Mientras, “el pan nuestro de cada día” sigue siendo la represión de todo pensamiento diferente y hasta “parecido”.
La Constitución vigente fue votada en 1976, cuando la oposición había sido reprimida hasta casi desaparecerla y cuando no había ningún tipo de libertades democráticas que hubieran permitido la defensa de opiniones diferentes.
En esas condiciones adversas, según datos oficiales, 1 977 896, el 26%, casi dos millones de personas, votaron en contra, en blanco o se abstuvieron de votar, de un potencial electoral de 7 625 430.
Si a esos dos millones se hubieran sumado otros 2, entre exiliados, muertos y presos de la oposición diversa, se podría aseverar que en condiciones normales unos 4 millones de cubanos no hubieran votado esa constitución, la que, además, fue redactada por un grupo de “designados”, con un objetivo concreto: construir el “socialismo” desde el Estado y cuando no había ninguna condición para debatirla previa y democráticamente en el seno del pueblo.
De entonces a acá han transcurrido 41 años. El mundo cambió, el referente socialista que era la URSS, desapareció, la ayuda venezolana también se agota. La economía cubana está destruida por el estatalismo-asalariado, el predominio de la propiedad estatal y la centralización de la gestión, los ingresos, la “planificación” y la inversión. Las reformas han resultado un intento de mostrar una imagen ficticia de cambios. Todo eso ha generado un aumento considerable de la diversa oposición interna y la crítica externa.
A pesar de promesas del régimen de hacer modificaciones a la constitución y la ley electoral, estas siguen siendo las mismas. Su fundamento básico es el secuestro de la soberanía popular por la siempre misma dirección “revolucionaria” y la violación sistemática, flagrante y masiva de los derechos políticos, civiles y económicos de los cubanos, reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Según el artículo quinto de esa Constitución, el Partido Comunista dirige la sociedad cubana y, sustentado en ese “derecho constitucional”, violatorio de la soberanía popular, es que el partido-Estado-gobierno organiza y dirige las elecciones, desde la base hasta la designación del Presidente.
El término elección se refiere a la capacidad de decidir entre diferentes opciones. Pero en Cuba, bajo la constitución, las leyes actuales y el nivel de represión sobre la oposición y la disidencia, no hay posibilidad alguna de elegir personas que representen opciones diferentes. En realidad en Cuba lo que tenemos son “selecciones”.
La estructura vertical concebida para las elecciones, se sentirá justificada para hacer cualquier cosa en función de evitar que puedan salir electos los que aspiren a objetivos diferentes a construir “ese socialismo”. “Ese”, porque cualquier otra visión de socialismo también está vetada, como se demostró, cuando varias organizaciones de la izquierda socialista y democrática, fueron impedidas de realizar un encuentro para presentar sus propuestas al VII Congreso del PCC, el 20 de febrero de 2016.
No puede haber un proceso electoral verdaderamente democrático si no hay libertad de expresión, asociación, proposición y elección, y si no hay voto secreto desde la primera elección de base. Sin estas condiciones es imposible defender una posición política, un programa de gobierno y estructurarse cívica y socialmente para defenderlo.
Todos los medios son controlados por el PCC, no se permite la formación de otros partidos, los candidatos a diputados a la Asamblea Nacional son propuestos en un 50%, por una Comisión Nacional de Candidatura designada por las direcciones nacionales de organizaciones que responden a la dirección nacional del PCC; y el otro 50% es propuesto por las comisiones de candidatura de las asambleas provinciales y municipales del Poder Popular, igualmente integradas por miembros de las mismas organizaciones a esos niveles.
Así, no hay manera de llegar a ser diputado, ni de poder votar por el Consejo de Estado ni por el Presidente, desde posiciones independientes. Además no hay confiabilidad en los datos de las comisiones electorales organizadas desde el poder.
Propuestas pacíficas
Para que en Cuba haya elecciones legítimas y democráticas, será necesario un proceso previo de democratización, inclusivo y de reconciliación nacional, donde los viejos rencores den paso a la convivencia y al respeto de todas las formas políticas del pensamiento social. El mismo deberá incluir negociaciones, diálogos y acciones de confianza entre todas las partes comprometidas sinceramente con la democratización del sistema político cubano.
El gobierno, por ser el poder hegemónico, tendría que reconocer las libertades fundamentales y garantizarlas y ese podría ser el comienzo. Si eso ocurre, los espacios públicos independientes para los debates aparecerán, sin necesidades de que el gobierno los cree.
Nadie olvide que la revolución de 1959 fue apoyada ampliamente por el pueblo cubano, porque, precisamente, tenía como objetivo principal restaurar la institucionalidad democrática y la Constitución de 1940, pisoteadas por el golpe de Estado de marzo de 1952. Sin embargo aquellos objetivos fueron abandonados para realizar la “justicia social” por los que capitalizaron aquel triunfo popular y todavía siguen en el poder 58 años después, sin haber realizado nunca elecciones libres y democráticas.
Hoy, la sociedad cubana está muy constreñida. La economía está en crisis y también la conciencia social. No es posible desligar la economía del proceso de democratización política, puesto que solo sobre bases económicas democráticas con libertad para mercar e invertir, para las distintas formas de producción, se podrá lograr el desarrollo de un pensamiento independiente.
De manera que cualquier proceso de democratización política lleva aparejado otro de democratización económica.
Sin estas libertades, sin estos procesos, el estancamiento actual se volverá crónico, y las consecuencias, nefastas para el futuro de Cuba.
Pedro Campos Santos (Holguín, 1949).
Licenciado en Historia en la Universidad de La Habana.
Exdiplomático. Investigador en el CESEU, Centro de Estudios sobre EE.UU. de la Universidad de La Habana.
Actualmente es jubilado.
Reside en La Habana.
Fue Premio de Ensayo 2012 de la revista Espacio Laical.
Edita el boletín digital SPD, Socialismo Participativo y Democrático.
Miembro del Consejo Académico del Centro de Estudios Convivencia (CEC). Cuba.