La nueva Ley de Inversión Extranjera. Retos e impacto

A pesar de no ser un cambio esencial en el sistema económico centralizado, la nueva ley de inversión extranjera, constituye un paso más dentro del proceso de reformas que viene desarrollándose en Cuba desde hace algunos años.

Tiene las mismas características de todas las demás reformas: es insuficiente, conservadora y discriminatoria. No obstante, es una apertura más y es una apertura importante.

El gobierno cubano evidencia más claramente con esta ley, que ofrece ventajas a los inversionistas, su necesidad de recibir capital extranjero para enfrentar la sostenida crisis económica que sufre.

Esta ley nace en un ambiente de discriminación de los cubanos, pues se limita a autorizar la inversión de capital extranjero en el país, mientras que esa posibilidad no existe legalmente para cubanos.

Hasta el momento el gobierno cubano no ha demostrado voluntad de cambio. De cambio verdadero, esencial, que transforme las estructuras y el sistema ineficiente que rige la economía. Las reformas han sido lentas e insuficientes. Por eso, cada cambio, en la medida en que sobrepasa los límites de la centralización, constituye una demostración de lo difícil de la situación que vive la economía y el sistema en general. Los cambios se van haciendo, no por voluntad del gobierno, pero sí por necesidad. Por eso es importante evaluar en cada caso, qué retos se ponen por delante. Cada una de las medidas tomadas en los últimos años, provoca, aunque sea en grados muy pequeños, una disminución del totalitarismo en Cuba. Y la ley de inversión extranjera es una de las medidas más complejas, por la apertura que representa al mundo.

Entre los retos a enfrentar por el gobierno cubano, podemos mencionar:

–          Alcanzar un grado de credibilidad y una aceptación de las condiciones que le aseguren un nivel de inversión extranjera significativo. Para esto necesita un nivel de transparencia en cuanto a sus cuentas en cada empresa, lo que pondrá al descubierto ante los empresarios interesados, situaciones de ineficiencia y de corrupción.

–          Propiciar un ambiente en el que convivan en armonía la forma de propiedad estatal y las “formas de gestión no estatal”, con las diferentes y ventajosas oportunidades de la inversión extranjera.

–          Cumplir puntualmente los compromisos con los inversionistas extranjeros y asegurar que los beneficios obtenidos sean invertidos en la economía cubana de manera que pueda garantizarse la sostenibilidad del actual sistema, con el fin de disminuir la dependencia de Venezuela y de la diáspora cubana.

Las facilidades que brinda esta ley a los inversionistas (exención de impuestos hasta 8 años y su rebaja de hasta un 50% con respecto a la ley de 1995, la disminución de los procesos burocráticos) constituirían un atractivo fuerte de no ser por el historial de impagos y falta de seriedad en los negocios que ya tiene el gobierno cubano.

De todos modos, los que miren hacia Cuba con deseos de invertir, (teniendo en cuenta que es un mercado casi virgen, que pueden estar en suelo cubano en el momento en que se produzca el cambio definitivo de sistema económico y político, lo que le daría ciertas ventajas) deben tener en cuenta que se enfrentan a varios retos. Entre ellos:

–          Decidirse a arriesgar su capital en un país con un historial de incumplimientos de compromisos de pago y de promesas. Además de ser un país en que las leyes son fácilmente derogadas por decisiones unilaterales y que lleva muchos años siendo gobernado por decretos presidenciales. La credibilidad del gobierno cubano no crece con una ley como esta que debe aclarar a los inversionistas “que no le serán confiscados sus bienes”.

–          Decidir si invertir según esta ley, en alguna empresa estatal en quiebra, o si invertir según las condiciones del puerto del Mariel, que es una zona de desarrollo especial con un régimen especial.

–          Encontrar las oportunidades reales de inversión que hay en Cuba.

–          Resolver el problema de la falta de mercado entre la población cubana. En Cuba, el mercado es limitado pues el poder adquisitivo de los cubanos está muy por debajo de lo necesario. Es muy probable que pase un tiempo antes de que los cubanos tengamos acceso a los resultados de estas inversiones.

–          Enfrentar el problema de la fuerza de trabajo, que continúa siendo un asunto pendiente de la ley de 1995. El gobierno cubano mantiene su derecho a escoger la fuerza de trabajo para cualquier empresa y pagar el salario de la misma. Los empresarios pagarán lo que acuerden, al gobierno cubano, y este pagará a los trabajadores en moneda nacional los salarios que le parezca convenientes. No se trata solo de una cuestión ética, sino también de intereses, pues una fuerza de trabajo mal pagada no produce todo lo que potencialmente es capaz de producir.

La discriminación que representa esta ley, es el primer impacto sobre la población cubana. Una población que ya no es la del año 1995, a la que podía engañarse diciéndole que la apertura a la inversión extranjera era un “mal necesario”, provocado por la caída del campo socialista y que sería solo coyuntural hasta que el gobierno se fortaleciera y pudiera ocuparse de todo de nuevo; o diciéndole que solo se cedería hasta un 49% de las propiedades para que el gobierno cubano siempre pudiera decidir como accionista mayoritario. Ahora todos sabemos que en cualquier país democrático la inversión no es un “mal”, sino parte de la dinámica económica, que produce más beneficios que perjuicios si es regulada por un marco legal adecuado. Sabemos además, que ha habido poca transparencia en las inversiones de extranjeros en Cuba y que es injusto que no pueda hacerlo cualquier cubano de dentro o de fuera del país. Esta es la principal dificultad ética de la ley.

En la práctica, no se vislumbran grandes cambios en la vida de los cubanos como consecuencia de la aplicación de esta ley. De hecho, la población se interesa muy poco en ella. No parece cosa de nosotros. Si se pregunta a cualquiera en la calle, las respuestas más comunes son: “no sé mucho”; “eso no tiene nada que ver con nosotros”; “eso no va a resolver ningún problema”.

Sin embargo, creo que de alguna manera influirá en la vida de los cubanos, más o menos directamente. Por una parte, hay cubanos que podrán acceder a puestos de trabajo en empresas con capital extranjero y, aunque oficialmente reciba un salario poco mayor que el salario medio, tendrá mayores probabilidades de obtener recursos, estimulaciones, propinas, de trabajar en mejores condiciones, de hacer mejores relaciones personales. A pesar de la desventaja de la “bolsa de empleo”, regulada por el gobierno, trabajar en empresas con capital extranjero resulta atractivo para los cubanos.

Por otra parte, hay cubanos que siempre encontrarán la oportunidad de relacionarse económicamente con esas empresas. Por ejemplo, aumentarán los clientes de “paladares” (restaurantes privados) y otros negocios por cuenta propia, en las zonas cercanas a empresas con capital extranjero, lo que aumentará los ingresos y las exigencias de esos negocios.

Se supone además, que de algún modo tengamos la posibilidad de adquirir productos y servicios de mejor calidad que hasta ahora, ya sea directamente como resultado de estas inversiones o como consecuencia de la competencia por la clientela que generan.

Confiemos en que los beneficios que generen estas inversiones para el gobierno cubano también se distribuyan con justicia suficiente como para esperar que mejoren los servicios públicos y la gestión estatal.

Como toda medida económica, la nueva ley de inversión extranjera, merece su oportunidad de avanzar en pos del cambio en Cuba. Esperemos que a pesar de las dificultades que enfrenta su aplicación, constituya un paso más en la libertad económica que Cuba necesita. Aprovechemos los cubanos, en el mejor sentido de la palabra, las pequeñas grietas en el totalitarismo, por las que se cuela, irremediablemente, la libertad inherente a la persona humana. Cuba necesita de esa libertad para volver a ser una nación próspera.

Karina Gálvez Chiú (Pinar del Río, 1968).

Licenciada en Economía.

Fue responsable del Grupo de economistas del Centro Cívico.

Es miembro fundador del Consejo de Redacción de Convivencia.

Vive y trabaja en Pinar del Río.