Por José Antonio Quintana de la Cruz
Tomada de www.123rf.com
Un grupo de cubanos de diferentes ideologías y militancias, interesados en contribuir a la dotación ética de las transformaciones que ocurren en Cuba, han consensuado doce pautas destinadas a servir a dicho fin. Han denominado “Camino” al fruto de sus deliberaciones y lo someterán a la consideración de todos los interesados en el tema, los que, seguramente, serán muchos.
El documento que contiene las pautas posee la virtud de una brevedad capaz de esgrimir razones argumentales de peso y tiene, también, abolengo intelectual y dignidad literaria. Va directamente a los asuntos sin adornos retóricos, lo que me obliga a hacer lo mismo en estos comentarios.
Los asuntos consensuados son importantes todos. La persona humana como protagonista de su propia historia, la soberanía ciudadana, la interlocución válida de la sociedad civil en temas de gobierno y poder, la paz, la inclusión y la participación democrática, la coherencia entre el dicho y el hecho y el apego a los valores inscritos en las banderas de la revolución francesa de 1789: libertad, igualdad y fraternidad.
Al leer y releer el documento, a pesar de la sensación de plenitud que se experimenta, queda una insatisfacción que enseguida se concreta. Falta la alusión expresa a la soberanía nacional, ese valor relevante en la ética política de Varela, Martí y Varona. Un valor que el postmodernismo y cierta postura globalizadora pretenden obsoleto, excepto para las grandes potencias.
Es difícil vencer la tentación de opinar sobre todos los contenidos del documento, y hacerlo desde la perspectiva filosófica a que este modesto comentarista no puede acceder. Mantendré mis reflexiones en un plano de análisis menos general que el de la filosofía ética, más particular aún que el de la moral concreta, es decir, en las obligadas consecuencias operativas del camino estratégico. Me limitaré a discutir deberes y derechos.
Deberes y derechos se presuponen, son una unidad dialéctica. Juntos deben figurar en el documento para hacerse notar como pares inseparables, para que se respire al leer que la libertad de disfrutar derechos engendra la responsabilidad de asumir y cumplir deberes. Algunos derechos fundamentales, muy invocados y populares como la libertad, pueden ser un concepto vacío, un adorno retórico en los deslumbrantes discursos de tribunos cazadores de incautos votantes. La libertad necesita de contenidos que permitan disfrutarla, vivirla como un derecho concreto y no solo como un valor romántico. La libertad necesita de la democracia inclusiva y participativa. El que no puede opinar u opina y no se le tiene en cuenta, no es un ser libre. Lo mismo sucede con los analfabetos y con los que no tienen trabajo, con los discriminados por motivos de raza, género, credo y preferencias sexuales. Alguien que no tiene que comer dispone de la libertad de morirse de hambre y, quizá, se sienta libre como algunos presos. El que no pueda expresar sus pensamientos sin ser reprimido ni asociarse sin ser cuestionado, no es una persona libre. Si la libertad no ofrece amplias oportunidades de realización material y espiritual al ser humano, este no es libre. Podrá gritar que es libre y hasta creérselo, pero no por ello dejará de ser un esclavo de las necesidades, aunque se consuele pensando, como Federico Engels, que la libertad es conciencia de necesidad.
La libertad de expresión necesita medios para ser ejercitada, medios de comunicación libres y responsables porque el derecho a la libre expresión del pensamiento implica el deber de impedir que, en nombre de la libertad, se mienta, se difame y se convoque a la instauración del caos y el terror; porque el derecho a la paz implica el deber de promoverla y de salvarla de delirantes belicosos, el deber de luchar contra las guerras y la violencia de cualquier clase.
El derecho a vivir en una democracia obliga a cuidarla, a no exponerla al ejercicio de la politiquería, a evitar su secuestro por élites políticas o bandos sectarios, a garantizar la participación de las mayorías en los ejercicios eleccionarios reduciendo el abstencionismo y la indiferencia. El derecho a vivir en democracia implica el deber de comportarse como un ciudadano digno, crítico y propositivo.
El derecho a vivir en un entorno limpio, saludable, seguro y bello, implica que los ciudadanos y sus organizaciones se esfuercen por lograrlo, contribuyendo ellos mismos con su ejemplo y forzando a los empresarios y gobierno a cumplir sus obligaciones al respecto.
Por último, quiero decir que hay imposiciones a las que ninguna sociedad puede renunciar. Estar contra las imposiciones morales es el “camino” correcto y es, además, la conducta que se espera del viajero cívico que lo transita. A este, se le ha concienciado moralmente y advertido acerca de los perjuicios personales y sociales que el quebrantamiento de las normas puede causar; no obstante, si las viola, debe recibir el castigo que la ley prescribe, el cual, espero, no sea nunca la pena de muerte. La ley es un dogma prohibitivo y punitivo necesario.
No ignoro que el castigo y el perdón también conforman un par dialéctico.
José A. Quintana de la Cruz.
Economista jubilado.
Médico Veterinario.
Reside en Pinar del Río.