Armando Chaguaceda
Hace más de cinco décadas, Albert Hirschman planteó que frente al deterioro insoportable de una organización o un régimen, los individuos que hacen vida bajo esas condiciones disponen de tres respuestas posibles: elegir la salida (exit), ejercer la voz (voice) o asumir la lealtad (loyalty). Su intuición más incómoda era que la salida, lejos de fortalecer la voz, puede debilitarla: quienes se van dejan de presionar desde dentro, y el régimen se libera de su disidencia más activa sin tener que reprimirla. Cuba post-11J parece confirmar ese temor.
El estallido de julio de 2021 —la mayor ola de protesta popular, descentralizada y territorialmente dispersa en la historia reciente de la isla, respondida desde el Estado con una feroz y masiva represión— coincidió con la apertura de válvulas de salida sin precedentes: visas de terceros países facilitadas por los acuerdos de la dictadura con sus aliados, la ruta nicaragüense y luego la Ley de Ajuste Cubano y el parole humanitarioactuando como red de aterrizaje. El resultado ha sido una descompresión demográfica del descontento: cientos de miles de personas, muchas de ellas jóvenes que protestaron, fueron detenidas o simplemente agotaron su margen de tolerancia, salieron del país en apenas tres años.
Sin embargo, ese éxodo masivo no se ha traducido en un exilio político “renovado, consciente y movilizado” a la altura de su tamaño. La pregunta que necesitamos intentar responder no es solo empírica sino teórica: ¿por qué la salida no se convierte automáticamente en voz, y bajo qué condiciones sí podría hacerlo? Para pensarlo, resulta fértil trasladar el marco explicativo de otro exilio contemporáneo —el de los rusos que emigraron tras la invasión a Ucrania de 2022— el cual comparte con el cubano varios rasgos estructurales: una salida masiva, heterogénea y escalonada en oleadas; un régimen de origen autoritario que criminaliza la disidencia; y sociedades de acogida que no siempre distinguen con claridad entre migración económica y exilio político. Este enfoque, desarrollado por lo más avanzado de la ciencia social rusa —ella misma, exiliada en Europa tras el endurecimiento del putinismo— identifica tres conceptos interrelacionados—agencia ambivalente, merecimiento y solidaridades fragmentadas— que, lejos de ser categorías exóticas, iluminan bien las tensiones del actual estancamiento cubano.
Agencia ambivalente: por qué la salida no garantiza la voz
El primer concepto —agencia ambivalente— sostiene que la relación entre exilio y activismo transnacional no es una extensión automática de la disidencia a través de fronteras, sino que está marcada por tensiones profundas entre empoderamiento y desesperación, esperanza y agotamiento, solidaridad y desvinculación. La migración no libera per se una energía política latente: la reconfigura, y puede tanto potenciarla como apagarla. Investigaciones sobre los migrantes rusos de guerra, basadas en cientos de entrevistas, muestran que la emigración no habilita automáticamente la continuidad del activismo político, incluso entre quienes antes eran disidentes comprometidos. El propio abandono del país modifica la estructura de incentivos: desaparece la urgencia cotidiana de la represión directa, aparecen las urgencias de la supervivencia material (empleo, vivienda, papeles, idioma), y el vínculo con la causa de origen debe sostenerse por convicción y no por necesidad inmediata.
En el caso cubano esto se agrava por dos factores propios. Primero, el 11J no produjo un liderazgo articulado ni una organización centralizada capaz de emigrar como estructura y reconstituirse en el exterior —a diferencia, por ejemplo, de ciertos exilios con partidos o movimientos ya formados antes de la salida—. Los nuevos migrantes cubanos llegan como individuos o núcleos familiares dispersos, no como cuadros relocalizados de una causa que se reorganiza en el nuevo territorio. Segundo, el propio “status especial” que reciben —parole, asilo, TPS potencial— exige, paradójicamente, que se presenten ante el sistema migratorio estadounidense como víctimas de persecución política, lo cual politiza su narrativa de entrada, pero no necesariamente su proyecto de vida posterior. Uno puede alegar riesgo político para cruzar la frontera y, una vez dentro, dedicar toda su energía a estabilizarse económicamente sin que eso sea, aparentemente, contradictorio: es exactamente la ambivalencia que el concepto describe.
Entonces ¿bajo qué condiciones, entonces, la agencia se inclina hacia la movilización y no hacia el repliegue? La evidencia comparada sugiere al menos tres: (1) la existencia de estructuras de oportunidad política en el país de acogida —espacios institucionales, mediáticos o electorales donde la voz encuentre eco real, no solo catarsis—; (2) la densidad de vínculos con la sociedad de acogida, que ancla el activismo en alianzas duraderas en vez de dejarlo flotando en un enclave autorreferente; y (3) el tiempo transcurrido desde la salida, que opera en dos direcciones opuestas: consolida identidad exiliada pero también reduce, con el paso de los años, la probabilidad de que la persona mantenga alta intensidad de activismo si no encontró un canal temprano de participación en las actividades en pro del cambio en Cuba. Miami ofrece, en teoría, la primera condición con creces —medios en español, congresistas cubanoamericanos, un ecosistema institucional del exilio histórico—, pero esa misma sobreabundancia de infraestructura puede generar el efecto inverso: el recién llegado encuentra un campo ya ocupado, con códigos, jerarquías y relatos fijados por generaciones anteriores, y opta por la apatía por una mezcla de falta de convicción e incapacidad para encontrar un lugar propio, acorde a sus nuevos rasgos y demandas, dentro de esa estructura largamente establecida y, en cierto modo, estancada.
Merecimiento: presentarse como víctima sin negarse como agente
El segundo concepto —merecimiento— nombra algo que cualquier migrante politizado experimenta en carne propia: para obtener protección, estatus o solidaridad, hay que demostrar que se la merece, y esa demostración obliga a encajar la propia biografía en categorías prefabricadas por el país receptor. En investigaciones sobre refugiados rusos y ucranianas en Europa documenta cómo la ayuda de base termina construyendo jerarquías racializadas y generizadas de “doble merecimiento”, en las que la persona debe mostrarse simultáneamente como agente capaz y como vulnerable para activar el apoyo. Es un doble vínculo: demasiada agencia hace perder la etiqueta de víctima que abre las puertas; demasiada vulnerabilidad afecta tu reconocimiento como sujeto político, quedando reducido a objeto de compasión.
Los cubanos que emigran alegando riesgo político tras el 11J viven ese doble vínculo de forma aguda, y ahora mismo lo padecen en condiciones particularmente hostiles. El parole humanitario CHNV, que benefició a más de 530,000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, fue revocado por la administración Trump apenas asumido el cargo. Y aunque hubo litigios y suspensiones judiciales temporales, un tribunal de apelaciones autorizó finalmente que el gobierno procediera con la revocación del estatus legal y la autorización de trabajo de esos migrantes. En ese clima, declarar persecución política deja de ser solo un mero relato identitario: se convierte en el argumento jurídico que puede diferenciar la residencia de la deportación, ya que quienes puedan demostrar persecución política en su país de origen pueden optar por solicitar asilo como vía alternativa al parole caído. Por tanto, la demanda de “merecimiento” no es aquí una metáfora académica: es un trámite migratorio con fecha límite.
Esa presión estructural produce dos riesgos. El primero es la reproducción de lógicas excluyentes: si el “buen exiliado” es el que sufrió represión directa, detención o cárcel, se devalúa silenciosamente a quien salió por el colapso económico, el hastío generacional o la falta de futuro —motivos igual de legítimos pero menos “fotogénicos” ante un tribunal de asilo o ante la opinión pública del enclave—. Lo cual divide a los propios migrantes entre exiliados de primera y de segunda categoría, exactamente el tipo de estratificación entre merecedores y no merecedores que la literatura actual sobre los migrantes y exiliados rusos en Europa describe en su apartado de la ayuda concecida a refugiados. El segundo riesgo es la pérdida de autenticidad: quien aprende a narrar su salida en el lenguaje que el sistema espera —persecución, riesgo, temor fundado— puede terminar performando una identidad política que no sintió con la misma intensidad antes de partir. Lo cual, paradójicamente, erosiona la credibilidad del propio relato del exilio cuando otros actores —dentro o fuera de la comunidad— lo perciben como instrumental.
Aquí la interrogante analítica, que es a la vez un problema práctico, es cómo gestionar esa tensión sin caer en ninguno de los dos extremos. La clave, a juzgar por la experiencia comparada de las primeras oleadas del exilio cubano, está en desplazar el eje de la demanda: en vez de competir por ser la víctima más merecedora, construir un relato colectivo donde el merecimiento se funde en la legitimidad de la causa —la naturaleza del régimen que se abandona— y no en el sufrimiento individual verificable caso por caso. Pero esto exige liderazgo y conciencia capaces de traducir biografías dispares en una narrativa común sin borrarlas; algo que el actual exilio cubano post-2021, disperso y sin voceros reconocidos por consenso, todavía no ha logrado cabalmente.
Solidaridades fragmentadas: la diáspora como campo de disputa, no bloque
El tercer concepto —solidaridades fragmentadas— asume que la diáspora nunca es un actor unificado: es un campo donde compiten proyectos de identidad y de representación, a veces abiertamente enfrentados entre sí. Los estudios sobre migrantes rusos muestran comunidades divididas entre quienes activan una rusidad politizada afín al Kremlin y quienes construyen una identidad antibélica y disidente, con instituciones, redes y hasta visas humanitarias distintas para cada proyecto. La solidaridad, lejos de ser un dato dado, aparece como algo que hay que construir activamente en medio de esa fragmentación; de ahí que el propio trabajo de activismo migratorio, cuando ocurre, sea descrito como un acto de solidaridad en sí mismo, no como su simple consecuencia.
El exilio cubano tiene su propia arquitectura de fragmentación, más antigua y sedimentada: hay una visible brecha generacional entre el exilio histórico de los años sesenta y setenta —anticastrista, con memoria de confiscaciones, resistencia y ruptura frontal— y las oleadas más recientes, incluida la del Mariel, los “balseros” de los noventa y ahora la posterior al 11J, que salen de una Cuba distinta, con relaciones familiares y económicas activas con la isla que el exilio histórico no tenía o rechazaba. A eso se suman divisiones ideológicas sobre el embargo, el diálogo con el régimen, las remesas y los viajes, y divisiones de clase y capital social entre quienes llegan con redes profesionales o culturales activadas y quienes llegan sin ellas. El resultado es una diáspora que comparte territorio —Miami, sobre todo— pero no necesariamente proyecto: se trata de distintas “diasporizaciones” que compiten por representar “lo cubano” ante la sociedad estadounidense y ante Cuba misma.
Superar esa fragmentación no requiere borrar las diferencias —una empresa además ilusoria— sino construir lo que podría llamarse una solidaridad de mínimos: acuerdos operativos concretos (asistencia legal ante la crisis del parole, defensa de la Ley de Ajuste Cubano, denuncia coordinada de la represión en la isla) que no exijan previamente resolver quién es “más” exiliado, ni armonizar visiones sobre el futuro político de Cuba. La experiencia rusa sugiere que la solidaridad más efectiva no nace de una identidad compartida idealizada, sino de la cooperación práctica entre actores distintos frente a una necesidad común y verificable —ayuda legal, protección frente a la deportación, acompañamiento migratorio—, que con el tiempo genera confianza y after eso, eventualmente, proyecto político compartido. Tomar conciencia de ello, en una Cuba emigrada/exiliada con suficientes recursos materiales y humanos pero limitadas capacidades reflexivas, organizacionales y de liderazgo, es todavía un reto a superar.
Conclusión: la voz como construcción, no como consecuencia
La respuesta al dilema planteado por Albert Hirschman y recuperado aquí para el caso cubano es que la salida no se convierte en voz por sí sola pero tampoco se apaga automáticamente en apatía: ambas son posibilidades abiertas por una misma agencia ambivalente. Lo que decide el predominio de una sobre otra es la existencia de estructuras —de oportunidad política, de reconocimiento social, de organización interna— capaces de sostener el paso de la biografía individual a la acción colectiva. El estancamiento actual de la diáspora cubana post-2021 no revela per se una insuperable ausencia de conciencia política entre los recién llegados de la isla. Responde tambien a la carencia de estructuras intermedias eficaces en la comunidad de acogida: liderazgos ampliamente representativos —que traduzcan el merecimiento individual en causa común sin jerarquizar sufrimientos ni militancias— y redes solidarias que absorban la nueva oleada sin subordinarla a los códigos tradicionales— en un grave momento migratorio —marcado por la revocación del parole y la amenaza de deportación— que consume en supervivencia jurídica parte de atención y lasenergías que en otras condiciones podría volcarse a la movilización por el cambio en el país que dejaron atras.
Dicho de otro modo: para la diáspora cubana, como para cualquier otra, la voz no es un derivado natural de la salida, sino un producto político que hay que construir deliberadamente. Haciéndolo con la misma intención y eficacia con que se construyó, en su momento, el exilio histórico que hoy sirve —a veces como modelo, a veces como tribunal— de referencia para la nueva generación de cubanos desarraigados por el castrismo.
- Armando Chaguaceda Noriega (La Habana, 1975).
- Politólogo e historiador. Especializado en procesos de democratización en Latinoamérica y Rusia. Reside en México.