Dimas Castellanos Martí
El 6 de junio de 1961 el Consejo de Ministros de Cuba promulgó la “Ley de Nacionalización General y Gratuita de la Enseñanza”. Antes de su promulgación elGobierno revolucionario dictó la Ley 680 de Reforma Integral de la Enseñanza,mediante la cual declaró al Estado como único organismo con capacidad legal para crear centros de estudios, cerró las escuelas fundadas por instituciones privadas, prohibió la creación de nuevos centros docentes por ese sistema, clausuró los medios de prensa de la Iglesia católica, ocupó sus instalaciones docentes y expulsó del país a sacerdotes extranjeros y cubanos.
El título de “Ley de Nacionalización General y Gratuita de la Enseñanza” no se correspondía con sus verdaderos objetivos, pues la enseñanza en Cuba no era extranjeray la enseñanza pública era gratuita con la excepción de los estudios pre-universitarios especializados y los universitarios.
Entre los por cuantos de la Ley se argumentó que la supresión de la educación privada y el traspaso de sus establecimientos y bienes a propiedad del Estado se realizaban porque “en muchos centros de enseñanza se explotaba a los que en ellos trabajaban como maestros y empleados”; porque “esos centros privados, especialmente los operados por órdenes religiosas católicas venían realizando una activa labor de propaganda contrarrevolucionaria”; porque “dichos centros favorecían la división de clases y fomentaban el privilegio”; y porque “la Revolución cubana estaba empeñada en poner todos los medios de la educación y la cultura al servicio de todos los niños y jóvenes cubanos, sin distinción ni privilegio”. Con esas “razones” la Ley declaró la exclusividad del Estado para ejercer dicha función y se apropió de los bienes, derechos y acciones pertenecientes a los citados centros. Otro argumento esgrimido fue la necesidad de extender la enseñanza gratuita y obligatoria hasta el noveno grado y llevarla hasta las zonas más apartadas del país; un propósito que no requería la eliminación de la escuela privada, la cual, con una matrícula de unos noventa mil alumnos aliviaba económicamente al Estado y garantizaba el tipo de educación que los padres deseaban para sus hijos.
La enseñanza antes de 1959 no era perfecta pero el argumento esgrimido acerca del deterioro de la misma, era falso. En la República los mandatarios que ocuparon la presidencia dictaron medidas para el mejoramiento del sistema educacional. Tomás Estrada Palma dedicó el 25% del presupuesto nacional a la instrucción pública y aumentó el número de aulas. José Miguel Gómez promovió la formación de maestros y aprobó una nueva Ley Escolar. Mario García Menocal creó las Escuelas Normales, introdujo la enseñanza de la agricultura en las escuelas rurales, amplió el número de aulas, creó el servicio de maestros ambulantes en zonas de montañas, y elevó el sueldo a los maestros. Gerardo Machado construyó la Escuela Técnica Industrial de Rancho Boyeros; aumentó el número de escuelas primarias; creó las escuelas primarias superiores, las escuelas de comercio, las escuelas industriales; y reformó los planes de estudio. Miguel Mariano Gómez, por iniciativa del jefe del Ejército, Fulgencio Batista, creó escuelas rurales para alfabetizar en lugares apartados. Federico Laredo Brú dictó un Reglamento para la segunda enseñanza y estableció un nuevo Plan de Estudios mediante el cual se introdujeron innovaciones notables a dicha enseñanza. Fulgencio Batista puso en vigor un nuevo plan de estudios para los institutos de Segunda Enseñanza, creó la primera Escuela Normal Rural, destinada a la preparación de un magisterio especializado y en su segundo gobierno dedicó el 23% del PIB a la educación (primer lugar en América Latina). Ramón Grau San Martín implantó la autonomía universitaria, dedicó el 2% del presupuesto nacional a la universidad y concedió mil matrículas gratis para estudiantes pobres. Carlos Prío Socarras fundó la Universidad de Oriente y comenzó la construcción de la Universidad de Las Villas.Resultado de esa labor, aunque incompleta, el analfabetismo se redujo del 57 al 23%, uno de los índices más bajos de este hemisferio.
Mientras la Constitución de 1940 refrendó la gratuidad de “la segunda enseñanza elemental y toda enseñanza superior que impartían el Estado o los Municipios con exclusión de los estudios pre-universitarios especializados y los universitarios”; y estableció el ideario de la educación: “Toda enseñanza pública o privada estará inspirada en un espíritu de cubanidad y de solidaridad humana, tendiendo a formar en la conciencia de los educandos el amor a la patria, a sus instituciones democráticas, y a todos los que por una y otras lucharen”.
Sin embargo, la Ley de Nacionalización de la Enseñanza, contraria a lo expuesto por Fidel Castro en el juicio del Moncada, marcó un giro de 180 grados al quedar subordinada al Estado y prisionera de una ideología. El ciudadano fue convertido en masa subordinada a los fines de la elite gobernante. Mientras los que, por su formación democrática, principios sólidos, creencias religiosas, o por cualquier otra razón no se sometieron, pagaron y siguen pagando un alto precio: la pérdida de sus estudios y/o sus empleos, la persecución, la represión, el encarcelamiento y el destierro.
Desaparecida la enseñanza privada, el derecho natural a disentir fue calificado como propaganda contrarrevolucionaria; la división de clases y el fomento del privilegio regresaron con la red de repasadores privados, a la que no pueden acceder los estudiantes procedentes de las familias de bajos ingresos; y el propósito de poner los medios de la educación y la cultura al servicio de todos terminó con la “Universidad para los revolucionarios”. Todo lo cual ha generado un daño antropológico de incalculables consecuencias.
El sistema educacional, convertido en baluarte del modelo totalitario, se plasmó en 1975 en la Plataforma Programática del Partido Comunista de Cuba, en la que, la política educacional quedó signada por la concepción marxista-leninista y regida por los principios ideológicos y morales del comunismo, ajenos a nuestra historia y cultura.
Por lo anterior, ante la proximidad de cambios en Cuba, los aspectos señalados deben tomarse en cuenta, para que lo sucedido no se repita más en nuestra historia.
Lleida, 18 de mayo de 2026
- Dimas Cecilio Castellanos Martí (Jiguaní, 1943).
- Reside en La Habana desde 1967.
- Licenciado en Ciencias Políticas en la Universidad de La Habana (1975), Diplomado en Ciencias de la Información (1983-1985), Licenciado en Estudios Bíblicos y Teológicos en el (2006).
- Trabajó como profesor de cursos regulares y de postgrados de filosofía marxista en la Facultad de Agronomía de la Universidad de La Habana (1976-1977) y como especialista en Información Científica en el Instituto Superior de Ciencias Agropecuarias de La Habana (1977-1992).
- Primer premio del concurso convocado por Solidaridad de Trabajadores Cubanos, en el año 2003.
- Es Miembro de la Junta Directiva del Instituto de Estudios Cubanos con sede en la Florida.
- Miembro del Consejo Académico del Centro de Estudios Convivencia (CEC).