Jueves de Yoandy
Cuba vive en medio de tal incertidumbre que el más mínimo signo para bien o para mal genera expectativa en la ciudadanía. El pasado domingo 17 de marzo, con los sucesos de Santiago de Cuba, Bayamo y otros ciudades del oriente del país, hubo la misma mezcla de esperanzas y miedos, de ilusiones y desencantos. El ciudadano de a pie ya no aguanta más y enarbola en la misma consigna los deseos de libertad con la petición de comida y electricidad.
Si bien las manifestaciones no tuvieron el alcance de las del pasado 11 de julio de 2021, aquellas allanaron el camino de la lucha pacífica, rompieron el mito de que los cubanos no eran capaces de salir a la calle a exigir demandas acumuladas y, también, dejaron un saldo negativo si de represión se trata. A día de hoy más de mil personas permanecen presas con motivo del 11J, con largas condenas luego de juicios arbitrarios, en algunos casos por unirse a la protesta caminando, transmitir en vivo a través de las redes sociales o documentar fotográficamente lo que acontecía aquel día.
Tanto el debate previo a la Constitución de 2019, en el denominado proceso de Consulta Popular del último semestre de 2018, como las propias protestas sociales del 11J generaron un efecto repolitizador en la ciudadanía. A pesar de las ejemplarizantes condenas, se puso de manifiesto que el disenso es un derecho y que, a decir de la Constitución, es una de las libertades fundamentales con las que cuenta el ciudadano para defenderse por vías legales ante problemas de diversas índole que afecten el estado de bienestar. La represión de banda ancha desplegada ante los sucesos del 11J, propició que muchos analistas aseguraran que no se produciría nuevamente este tipo de explosión social. Sin embargo, la agudización de la crisis, hasta límites insospechados, porque nadie imaginó que podíamos estar peor, ha conducido, nuevamente, al colapso y las manifestaciones masivas en las calles.
En menor medida que en 2021, en menor número de ciudades, pero ejerciendo el mismo derecho a la libre manifestación que estipula la Constitución cubana aprobada en referendo hace aproximadamente cinco años. Es cierto que los detenidos, hasta el momento, no alcanzan las cifras del 11J y también es cierto que, ante la multitud enardecida, hubo respuestas gubernamentales que, aunque no responden totalmente las demandas ciudadanas, indican que el gobierno ya no puede quedar callado ante la situación que el pueblo ya no puede soportar más.
En los sucesivos análisis de la prensa oficial, una vez más, se hace culpable a la mafia miamense, al enemigo jurado de la revolución cubana de incentivar a las protestas. Refieren que la campaña mediática contra Cuba se ha incrementado en los últimos tiempos y son el móvil principal para que los cubanos salgan a las calles. Una vez más, el oficialismo busca fuera la causa de algo que, hace mucho tiempo es responsabilidad del fracasado modelo económico, político y social imperante.
Saquemos, una vez más, las lecciones de estas manifestaciones pacíficas del 17M.
El hecho mismo de que hayan vuelto a suceder, cuando muchos analistas creían que no sería posible, es ya lección suficiente:
Cuando la crisis terminal se agudiza, ni la cárcel, ni los palos, ni la muerte, detienen al pueblo que sufre el hartazgo por la falta de electricidad, de alimentos, de medicinas, pero sobre todo por la falta de libertad.
Yoandy Izquierdo Toledo (Pinar del Río, 1987).
Licenciado en Microbiología por la Universidad de La Habana.
Máster en Bioética por la Universidad Católica de Valencia y el Centro de Bioética Juan Pablo II.
Máster en Ciencias Sociales por la Universidad Francisco de Vitoria, Madrid, España.
Miembro del Consejo de Redacción de la revista Convivencia. Responsable de Ediciones Convivencia.
Reside en Pinar del Río.