Prefacio
Dentro de la gestación de una política pública entran en juego varios actores -el sector gubernamental, en algunas ocasiones el sector empresarial y la ciudadanía- los cuales entran en cohesión y cada uno desempeña su función. Si nos centramos en la esencia del concepto política pública, se puede desdibujar a la ciudadanía con una función dual; es generadora del problema y simultáneamente receptora del resultado gubernamental. Por otro lado, la función del gobierno es buscar la disolución óptima a los problemas públicos.
Partiendo de esto, las políticas públicas pueden traducirse como “las acciones de gobierno con objetivos de interés público que surgen de decisiones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad, para la atención efectiva de problemas públicos específicos” (Franco Corzo, 2012, págs. 84-85). Esta definición contemporánea logra englobar la tendencia de autores como Harold Lasswell, Aguilar Villanueva, Wayne Parsons, Omar Guerrero, Torres-Melo y Santander, entre otros. Las políticas públicas abrazan diversos momentos antes de graduarse, es decir, posee un ciclo de etapas como la identificación del problema, formulación de soluciones, diseño, implementación y evaluación; ciclo nombrado por esta autora como IFDIE .
Precisamente, la última etapa del IFDIE -la evaluación- podría permitir un apetecible cortejo con la ciudadanía. Ya que, la evaluación se define como el examen al que se enfrenta la política pública después de ser implementada. El tema de la evaluación debe visualizarse desde un aspecto de mejora para encontrar las áreas de oportunidad. Una pregunta acertada en este momento sería ¿Por qué evaluar una política pública? En primera instancia, permite tomar decisiones de manera informada al sector gubernamental, ya que la evaluación arroja elementos y evidencias. En segundo plano, la evaluación siempre genera resultados de las acciones y no acciones gubernamentales. Esto más tarde permitirá la rendición de cuentas hacia los ciudadanos. La evaluación de las políticas públicas permite cobijar a la ciudadanía e invitarla a participar.
¿El ciudadano debe participar de la evaluación de las políticas públicas?
El ciudadano tiene el derecho a exigir cuentas en torno a las decisiones o acciones políticas. Precisamente cuando se menciona la palabra rendición de cuentas se hace alusión al término estadounidense Accountability, el cual hace hincapié en la obligación de explicar el actuar de determinado actor, además se relaciona con la palabra vigilar. Es en este punto donde entra la teoría de Arellano y Ramírez (2008). Ambos autores determinan la accountability como el proceso donde entran en juego dos actores: los principales (en este caso serían los ciudadanos) y los agentes (el Gobierno).
Para que la accountability se lleve a cabo se necesitan dos pasos fundamentales, el primero es la obligación que tiene el agente de informar sus decisiones y justificarlas, el segundo implica una sanción o recompensa dependiendo de los resultados que obtenga el agente. En este sentido, nuestra obligación ciudadana es vigilar que las acciones gubernamentales se lleven a cabo de manera efectiva en todo momento, por ello debemos pedir rendición de cuentas. Ya que es la única forma de conocer si el resultado de las acciones gubernamentales es en beneficio de la sociedad o no.
Existen dos tipos de rendición de cuentas de acuerdo con Guillermo O´Donnell (2006): la vertical y la horizontal. En ese orden, la primera es mediante un sistema democrático de elecciones libres en donde el gobierno rinde cuentas en las urnas y es el ciudadano quien se encarga de calificar o descalificar mediante el voto. La segunda solo se puede dar en las democracias más modernas, en donde el gobierno en turno posee pesos y contrapesos; no solo partidos políticos de oposición, sino agentes externos y autónomos.
Involucrarnos en la evaluación de acciones gubernamentales y en la discusión de asuntos públicos es una forma de participación ciudadana. Para Merino y Cejudo participar significaba tomar parte, el sentido de pertenencia a una organización que reúne a más de una persona, por lo tanto, participar tiene un carácter social (2010). Acentuando la terminología superficial de ciudadanía; es la condición que te da pertenencia en un país. La posesión de derechos constitucionales (civiles, sociales y políticos) que tiene una persona para intervenir en el país. Ahora bien, uniendo ambas palabras, obtenemos que la participación ciudadana es el proceso de intervención de los ciudadanos por asuntos relacionados con el Estado, cuestiones políticas y de interés colectivo. Reafirmando esto, Ziccardi (1998) considera que “la participación ciudadana, a diferencia de otras formas de participación, refiere específicamente a que los habitantes de las ciudades intervengan en las actividades públicas representando intereses particulares (no individuales)” (pág. 32).
La participación ciudadana permitirá que los ciudadanos tengan un medio de expresar su sentir ante el ámbito político. En la evaluación de las políticas públicas es fundamental que los ciudadanos se interesen en evaluar las acciones gubernamentales y que el gobierno abra espacios para los ciudadanos pueden involucrarse en esta actividad. A través de la participación ciudadana se consolida la democracia, la rendición de cuentas y transparencia. Si una sociedad se involucra con el aspecto evaluativo de la política pública, tendrá influencia sobre las decisiones importantes que tome el gobierno a raíz de los procesos de evaluación.
Una forma de involucrar a los ciudadanos en materia de políticas públicas es a través de ejercicios como “la transparencia y rendición de cuentas, en donde se obliga a los gobiernos a la creación de más ingrediente ciudadano en su decisión, reemplazando el modelo de dirección vertical, de arriba hacia abajo” (Valdés , 2019, pág. 75).
Desdibuje de la participación ciudadana en las políticas públicas
Como se ha abordado a lo largo de las líneas anteriores. El proceso de las políticas públicas no depende solo del gobierno en turno, en realidad es un barco donde deben zarpar los ciudadanos. Para que la política pública funcione ambos entes deben ir en dupla y complicidad. No es correcto si el gobierno no toma en cuenta a la sociedad y viceversa. Ambos deben tomarse de la mano, si esto no sucede entonces tendremos una política pública decadente. La ciudadanía no solo debe plantear sus necesidades y exigir que sean atendidas. Debe de involucrarse más allá de las urnas electorales y cruzar la línea hasta donde se es permitido que participe.
Cabe decir que el involucramiento de la ciudadanía debe de ser de manera inteligente. Si bien es importante democratizar y abrir el proceso de evaluación de las políticas públicas, se debe partir de la idea de fomentar la cultura política y civil para que de esta forma la participación de los ciudadanos sea lo óptima posible para así lograr el objetivo deseado. Conforme a Arellano y Blanco:
Un ciudadano que desea un gobierno por políticas públicas requiere interesarse por las decisiones que se tomen sobre los problemas y asuntos que competen a la sociedad; necesita información confiable que le permita participar e influir en la discusión institucionalizada, esto es, argumentar y persuadir con éxito. Así como los ciudadanos hacemos valer nuestra opinión en el proceso electoral, también tenemos la posibilidad y obligación de dar seguimiento permanente al gobierno en sus acciones (2016, págs. 14, 48).
Graglia (2017) enfatiza que “La legitimación es más fácil si los gobernantes deciden de acuerdo con el diagnóstico participativo. Claramente, la participación ciudadana no determina, pero sí condiciona la legitimación” (pág. 225). El interés ciudadano debe visualizarse en el proceso de las políticas públicas, ya que toda acción gubernamental necesariamente repercute en nosotros por ello debe de interesarnos saber el resultado de esas acciones. Cabe decir que Arellano y Blanco apoyan esta idea:
Si bien el tipo de democracia centrada en el voto antes descrita resulta positiva a la luz de la historia previa de nuestro país, no es de ninguna manera suficiente para hablar de un gobierno por políticas públicas, pues este requiere de la participación constante de la ciudadanía no solo durante las jornadas electorales, sino durante toda la gestión gubernamental en la que se determinan de manera regular los problemas a atender, de qué manera y con qué posibles consecuencias. Así, gobernar por políticas públicas implica procesos de deliberación, discusión, participación y acuerdos permanentes entre muchos actores con puntos de vista diversos (2016, pág. 46).
Retomando a Graglia (2017) “Estado es visto como el responsable principal de analizar, diseñar, gestionar y evaluar las políticas públicas. La sociedad debe ser considerada como la primera destinataria y la partícipe necesaria de y en dichos procesos” (pág. 59). La relación tan estrecha entre ciudadanía y gobierno que guarda las políticas públicas comenzó a ser estudiada desde 1951 con el politólogo Harold Laswell. Las políticas públicas y la participación ciudadana son dos aspectos fundamentales en la gobernanza de un país. La participación ciudadana implica que los ciudadanos tienen la oportunidad de influir en algunas de las etapas de las políticas.
La participación ciudadana puede tomar diversas formas, como votar en elecciones, participar en audiencias públicas, unirse a organizaciones no gubernamentales, o incluso expresar opiniones en redes sociales. Cuando los ciudadanos se involucran activamente en el proceso político, se fortalece la democracia y se aumenta la legitimidad de las políticas públicas. Es importante que los gobiernos fomenten la participación ciudadana y creen mecanismos para que los ciudadanos puedan hacer oír sus voces y contribuir a la toma de decisiones. Esto puede incluir la creación de espacios de diálogo, la transparencia en la información gubernamental y la promoción de la educación cívica.
La participación ciudadana efectiva puede ayudar a garantizar que las políticas públicas sean más representativas de las necesidades y deseos de la población, lo que a su vez puede llevar a mejores resultados y a una mayor confianza en el gobierno.
Referencias
Arellano, D., & Blanco, F. (2016). Cuadernos de divulgación de la cultura democrática: Políticas Públicas y Democracia. México: INE.
Franco Corzo, J. (2012). Diseño de las políticas públicas. México: IEXE editorial.
Graglia, J. (2017). Políticas Públicas: 12 retos del siglo 21. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Konrad Adenauer Stiftung.
Merino, M., & Cejudo, G. (2010). Problemas, decisiones y soluciones: Enfoques de política pública. México: FCE.
Valdés , M. (2019). Introducción a la Política Gubernamental. Estado de México: IAPEM.
Ziccardi, A. (1998). Gobernabilidad y participación ciudadana en la ciudad capital. México: Purrúa.
Rebeca Salas Luna.
Licenciada en Ciencia Política y Administración Pública por el Colegio de Veracruz.
Actual Maestrante en Ciencias Sociales por la Universidad Veracruzana.
En el sector público se desempeñó como revisora de la Guía Consultiva para el desempeño Municipal en 2019-2021 en los municipios del Estado de Veracruz.
Participó como ponente en el Maratón Escuchatorio del TEPJF con Jóvenes 2022 con el tema “Justicia Abierta”