La advertencia en tono conminatorio ya está hecha. El pasado 20 de septiembre terminó el plazo dado por el gobierno para que los nuevos actores económicos, básicamente los trabajadores por cuenta propia, acabaran el proceso de reconversión, pasando de la figura de trabajadores por cuenta propia, a MIPYMES o cooperativas no agropecuarias. Una exigencia que el gobierno estableció para aquellos que tenían más de tres empleados contratados. El gobierno advirtió de forma contundente que quienes no tramitaran el proceso de reconversión de negocios quedarían en situación de ilegalidad, y en estos términos se manifestó la ministra de Trabajo y Seguridad Social.
El gobierno había calculado entre 11.000 y 12.000 trabajadores por cuenta propia, los que debían realizar la reconversión. Pero, una vez más, se equivocaron. Al cierre del proceso, y a falta de datos oficiales, quedaron pendientes de presentar la solicitud 1.429, de los cuales 1.025 eran de La Habana. De ese modo, el gobierno pretendía asegurar un éxito al proceso de creación de MIPYMES y CNAs, muchas de ellas creadas por la transformación de otros negocios preexistentes, y no por la generación de verdaderas empresas y actividades.
El tiro les salió por la culata, y por ello, el alcance de la medida ha sido bastante menor del que se pensaba. Alrededor de 5.000 MIPYMES y CNAs creadas, no representaron ni tan siquiera la sexta parte de las empresas que fueron exterminadas en Cuba en 1968 con la ofensiva revolucionaria, y eso que entonces había 5 millones de cubanos menos. Los datos oficiales, a pesar de la extorsión a los trabajadores por cuenta propia, no dan, no sirven, la falta de libertad económica impide que en Cuba progrese la empresa de mercado, tal y como la entendemos en el resto del mundo.
De modo que la ministra, en vez de asumir el fracaso y presentar su dimisión, dijo que “se ha apercibido a la mayoría, el 93%, de los pequeños negocios que, cuando expire el plazo, los trabajadores por cuenta propia que tienen más de tres personas contratadas estarán en un limbo de ilegalidad”. Es decir, podrán ser víctimas de la acción represiva del sistema, lo mismo que siempre. Es evidente que esta declaración supone un acto de guerra contra los trabajadores por cuenta propia que estimen conveniente continuar sus actividades con dicha forma, y no pasen a convertirse en MIPYMES, como se les exige. Una batalla de resultado difícil de anticipar.
Es cierto que la ministra dijo en una mesa redonda que “nosotros no deberíamos estar pensando en cerrar los negocios, porque esos cuentapropistas que quedan mantienen trabajadores contratados que tienen familias. Tiene que caer sobre ese empleador la responsabilidad de que no va a dejar sin empleo a tantas personas por un capricho o una indisciplina”. Con este tipo de mensajes, el culpable de la medida represiva no es el gobierno, la falta de libertad para que los emprendedores elijan con libertad qué fórmula utilizar para sus negocios. Las autoridades se niegan a asumir que la obligatoriedad impuesta so pena de cierre, no es responsabilidad del gobierno. Desde luego, cuando se tiene la propaganda al servicio del poder, se puede decir cualquier cosa, y acabar creyéndola.
La convicción de la ministra a este respecto, es total, absoluta, y por ello, dijo “que no va a haber plazos ni cambios en la política, porque es una decisión, y lo que hay que tener, al menos, es presentada la solicitud. Nadie va a ir en contra de las personas que ya presentaron la solicitud y están en el proceso”, pero los dirigentes quieren que los trabajadores por cuenta propia obedezcan y aunque causen los destrozos necesarios, los trabajadores por cuenta propia de más de tres trabajadores contratados tienen que acatar lo dispuesto por el gobierno si quieren continuar. Poco importa lo que hayan construido con su trabajo y esfuerzo. La única vía que tienen es la obediencia, o desaparecer.
Y todo este lío intervencionista tiene como objetivo que estos negocios reconvertidos funcionen con personalidad jurídica. Como si al gobierno le preocupara que las empresas tuvieran ese reconocimiento que, en el caso cubano, no tiene la fuerza legal que en otros países, y hay abundantes ejemplos en los últimos 63 años de ello. No cabe duda que estamos ante un pulso de fuerza del sistema contra los trabajadores por cuenta propia, posiblemente el primero, desde que estas figuras comenzaron su andadura con las primeras reformas raulistas.
El enfrentamiento viene justificado por el número, realmente elevado, de estos profesionales en Cuba, y su extensión a la mayor parte de actividades, con muy buenos resultados en términos de rentabilidad y negocio. Para el gobierno, no son otra cosa que una oportunidad para recaudar más y de forma estable, con un mayor control de facto sobre la actividad. Por eso, otorga facilidades a los que obedezcan y sigan el proceso, como el tratamiento que se da a un trabajador asalariado.
El resultado de esta pelea no está claro. Habrán trabajadores por cuenta propia que no quieran aceptar la imposición, y que dejarán de prestar servicios. Menos oferta supondrá precios en aumento en la economía en un momento en quela inflación vuelve a subir en el segundo semestre. No es bueno jugar con fuego, pero el gobierno impone una decisión política, en este caso, y no está dispuesto a cejar. Siempre tomando las peores decisiones para el pueblo cubano. Mucho me temo que esta no será la última batalla.
- Elías M. Amor Bravo.
- Analista cubano y especialista en formación profesional y empresarial.
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales.
Máster en gestión pública directiva. - Director de la Fundación Servicio Valenciano de Empleo. Director general de formación y cualificación profesional. Miembro del Consejo Académico del Centro de Estudios Convivencia.
- Reside en Valencia, España.