LOS RETOS DE LA ECONOMÍA CUBANA EN 2022: LO POSIBLE Y LO NECESARIO

Durante todo el año 2021, la economía cubana ha sido víctima de graves errores en la implementación de una política económica que las autoridades comunistas consideraron que iba a ser el gran talismán que iba a resolver todos los problemas pasados y futuros, pero que acabó dejando un balance nefasto en términos de inflación, déficit público y descontrol monetario que van a condicionar la evolución de la economía en 2022.

Varios aspectos convienen ser tenidos en cuenta en lo que ha sido la economía cubana en 2021 por sus repercusiones en 2022.

Primero, no ha habido rebote en el crecimiento económico, como ha ocurrido en la mayoría de países de América Latina y el Caribe. La CEPAL lo acaba de confirmar en su reciente informe “Balance preliminar de las economías de América Latina y Caribe”. Cuba se sitúa a la cola de la clasificación acompañada, cómo no, de Venezuela y Nicaragua. Un bajo crecimiento, que probablemente acabe con cifras negativas en la evolución del PIB (la CEPAL hace suya la estimación del régimen de un 0,5%) y que arrastra dos años y medio largos de recesión que son difíciles de mantener por cualquier economía.

Segundo, cada vez hay menos ingresos en divisas en las arcas del Estado, y lo que es peor, no se avizora ninguna fuente para su obtención a corto o medio plazo. El turismo, en que se tenían grandes esperanzas, no va a remontar en temporada alta y las partidas compensatorias del sector exterior siguen inertes, como la inversión extranjera o las exportaciones. Al no pagar la deuda con el Club de París, la economía de Cuba tiene cerrado el acceso a los mercados financieros internacionales. La solución adoptada por el régimen es importar menos bienes y servicios del exterior, pero esa actuación tiene unos límites antes de provocar daños irreparables a la economía, y es posible que ello ha podido comenzar.

Tercero, la inflación interna ha roto cualquier previsión inicial de las autoridades y el cierre de 2021, con un 70% de aumento interanual, de los más elevados de América Latina y Caribe, erosiona el poder adquisitivo de los salarios y pensiones, así como los depósitos bancarios y otros activos financieros, empobreciendo más a la población y los actores económicos. La inflación es un impuesto a los pobres, que podrá tener algún efecto sobre la recaudación monetaria de los tributos, que va a poner a prueba al sistema durante 2022.

Cuarto, el presupuesto y la política monetaria. Una ejecución muy deficiente de las cuentas públicas, con asunciones de gasto que se van muy por encima de las previsiones de ingresos, disparan las cifras del déficit hasta las proximidades del 20% del PIB, haciendo insostenible la gestión presupuestaria. De otro lado, la inercia de la política monetaria lleva a una expansión del dinero en circulación que incrementa más aun los precios, como consecuencia del modelo de financiación del déficit con bonos soberanos.

Los problemas se agrandan y se hacen cada vez más complejos. Y el modelo económico social que rige la economía del país, ineficiente y obsoleto, no tiene futuro ni capacidad para hacer frente a estos problemas. La Tarea Ordenamiento ha quedado definitivamente atrás, y es muy posible que, como un juguete roto, acabe siendo olvidada por la propaganda oficial, pero su impacto ha generado un escenario especialmente complejo que va a exigir la adopción de medidas que no forman parte del acervo histórico del sistema.

Es muy probable, en tales condiciones, que en 2022 se observen cambios mucho más profundos en el sistema económico que los introducidos con la aparición de las mipymes y CNAs o la liberalización del trabajo por cuenta propia. Cambios que de buen seguro deben estar considerando las autoridades, preocupadas por un estallido social descontrolado. La capacidad de aguante de los cubanos puede haber llegado a su fin, y la inflación es un ingrediente conocido de las grandes revueltas sociales.

Entonces, ¿a qué se debería orientar el régimen en materia de política económica, si quiere superar el escenario complejo que tiene por delante?

La respuesta es simple: cambiar.

Cambiando estructuras, perspectivas y procedimientos, los objetivos a lograr tienen que ser bien delimitados en el horizonte temporal del corto, medio y largo plazo.

A corto plazo, no queda más remedio que recuperar los equilibrios internos y externos, olvidándose de las recomendaciones hilarantes de Frei Beto. En el primer caso, controlar la inflación y el déficit exigirá un esfuerzo de estabilización económica que situará la política monetaria en el centro de las decisiones a acometer, dados los estrechos márgenes con que cuenta la política tributaria. El desequilibrio externo, quizás el más grave, plantea la histórica dependencia creada por el ssistema de fuentes externas de divisas que se encuentran agotadas por diversos motivos.

Las políticas de estabilización tienen unos costes sociales que el gobierno tendrá que asumir, no cabe la menor duda que ello será así, pero acaban provocando un escenario más favorable para el desarrollo y prosperidad de la actividad económica, cuando se superan los desequilibrios. El crecimiento del PIB volverá a ser escaso en 2022 y desde luego, no se acercará ni a la mitad del 3,5% proyectado por la CEPAL en su informe antes citado.

A medio plazo, hay que actuar sobre las reformas estructurales que permitan ir reduciendo la participación del Estado en los medios de producción y la economía, abriendo espacios crecientes para la actividad privada. En este ámbito se tiene que trabajar con más intensidad, sin miedos ideológicos y perseverando en el objetivo primordial de llevar a la economía cubana a una posición compatible con el resto del mundo.

El urgente y necesario trasvase de poder económico del Estado al sector privado debe ir orientado a situar la participación del Estado en la economía en torno a estándares similares a la media de países de América Latina, y como parte de ese esfuerzo de reforma estructural, dar un mayor peso a las inversiones en el PIB de la economía para sentar las bases del crecimiento a más largo plazo. En ese sentido, hay que apostar por una política tributaria que debe descansar en impuestos sencillos y fáciles de gestionar (renta, IVA y sociedades) diseñados con criterios eficientes y modernos que fomenten la actividad económica. Los ingresos no tributarios y subsidios con los que interviene el Estado en las empresas deben desaparecer. Las reformas jurídicas estructurales en el régimen de derechos de propiedad han de orientarse a incrementar la participación del sector privado en la mayor parte de actividades económicas incluyendo los servicios públicos, por medio de colaboración público y privada que reduzcan la dependencia de la economía del presupuesto.

El siguiente paso es lograr que los mercados se encarguen de asignar los recursos y fijar los precios de todos los bienes y servicios, para lo que se deben suprimir los sistemas de intervención de precios regulados, centralizados, topados, etc. La incapacidad del sistema para combatir el fenómeno de la inflación es una demostración de que el modelo social comunista no rige en las relaciones mercantiles y que se tiene que ir eliminando. La planificación central intervencionista en la economía debe ser sustituida por una planificación indicativa destinada a promover un entorno de confianza a la actividad privada. Las inversiones extranjeras deben flexibilizarse completamente, sin restricciones y favorecer la participación internacional en proyectos de trabajadores por cuenta propia sin injerencias estatales o partidistas.

A más largo plazo, hay que trabajar en tareas que se tienen que acometer con la máxima diligencia porque no admiten retrasos. Posiblemente sería conveniente recurrir al asesoramiento especializado de organismos internacionales, como buena muestra del compromiso que debe tener el sistema con la transparencia, claridad y certidumbre. Se trata de dejar atrás actuaciones que en 63 años no han tenido la menor atención, provocando daños profundos en las estructuras de la economía.

En concreto, habrá que atender a la cuestión demográfica, con el envejecimiento poblacional, la reducción acelerada de la natalidad y el descenso de la población, sin aportes de inmigración procedentes del exterior. Este comportamiento de la población cubana es la demostración más evidente del fracaso del modelo social comunista. Los jóvenes se van del país y dejan a Cuba convertida en una nación envejecida, sin futuro, con compromisos crecientes de gasto público que no se podrán atender porque los sistemas no están diseñados para ello. La solución de la cuestión poblacional debe ser urgente.

Será necesario prestar atención a la productividad de los factores productivos (no solo del trabajo, sino del capital, la tierra, etc.) que se podrá beneficiar de las reformas estructurales en el modelo de la fase anterior (derechos de propiedad, mercado, libertad de elección) incorporando un cambio en el modelo productivo, de modo que la manufactura y el sector agropecuario alcancen una mayor participación, al tiempo que se apueste por actividades tecnológicas, que incorporen servicios de valor añadido.

El régimen solo podrá reducir la penosa dependencia del exterior si logra reestablecer el crecimiento de la productividad. En tal caso, la economía podrá generar suficientes recursos para todos. De hecho, las economías que han tenido éxito a la hora de apostar por el aumento de la productividad, son las que presentan una mejor salud, al tiempo que son capaces de construir un modelo productivo sólido y equilibrado, capaz de hacer frente a situaciones de crisis temporales o shocks de oferta sobrevenidos por diferentes causas. Por el contrario, cuando no se atiende de forma debida el objetivo de la productividad, las economías entran en un penoso letargo, que apunta hacia un progresivo agotamiento, que termina generando un círculo vicioso del que resulta cada vez más difícil salir.

El descenso alarmante de la productividad del factor trabajo en Cuba (único que se puede medir con las estadísticas oficiales) ha coincidido con un proceso de crisis agropecuaria y destrucción de la base industrial manufacturera de la economía, y sobre todo, de la industria del azúcar. Y mientras esto ocurría, el sistema ha formulado una apuesta por la terciarización adicional de la economía que ha generado una redistribución del empleo en favor de los servicios, en un contexto de estancamiento del valor de la producción.

En términos de tendencias de largo plazo, el número de trabajadores ocupados en Cuba ha disminuido desde 2011 un -7,3%, equivalente a 366.300 personas. Por otra parte, el PIB en precios constantes, medida de la producción real, ha caído casi el doble, un -14% en el mismo período. De ello se desprende que la pérdida de la productividad en dicho período ha sido de un 6,8% y, como indican los datos disponibles, se ha concentrado fundamentalmente en las actividades industriales y agropecuarias, que han visto cómo se reduce su capacidad de producción, limitando de forma estructural la oferta que llega a los consumidores y tensando al alza los precios. El fracaso de la productividad de la economía cubana es uno de los factores que apunta a la necesidad de un cambio del modelo productivo, justo lo contrario de lo que dirigentes políticos tenían como objetivo. Este escenario se tiene que revertir cuanto antes. Por el bien de todos los cubanos.

La productividad del trabajo depende de la cualificación del empleo, lo que exige inversiones continuas en capital humano, también en tecnología I+D, sobre todo en digitalización, y, en las condiciones actuales, en los procesos de gestión, la forma de dirigir las empresas. No se resuelve el déficit de productividad con más gasto corriente superfluo, sino con inversiones.

La clave está en hacer bien las cosas en la industria manufacturera y el sector agropecuario, así como la construcción de viviendas y determinados servicios de valor añadido e intensidad tecnológica orientados al exterior. El Estado ya ha tenido su oportunidad para hacerlo en 63 años y el resultado es más que evidente. Ahora el régimen tiene una opción alternativa, ampliando espacios para que sea el sector privado el que lidere la producción nacional, y no se trata de un ensayo teórico, ni de un enunciado genérico, sino de una práctica inteligente que lleve a la economía cubana a una normalidad con respecto a la mayoría de las economías del mundo.

Y por supuesto, este cambio de estructuras se tiene que ejecutar implementando las reformas necesarias en los procesos de distribución de los derechos de propiedad, para que el sector privado lidere la generación de riqueza y prosperidad en la economía, compatible con un Estado de bienestar que pueda conservar algunos de los llamados “logros de la revolución”. Sin aumentos de productividad de los factores, esos servicios también se verán comprometidos.