La corrupción crece exponencialmente. Los hechos ocurridos en los últimos años lo confirman. Se trata de un mal añejo en un escenario favorable a ese tipo de conducta. La respuesta de las autoridades es reprimir; la de la prensa oficial, inventariar las acciones represivas y abordar el hecho como si se tratara de un grupo reducido de cubanos.
Durante la pandemia miles de nasobucos y otros recursos médicos fueron sustraídos de almacenes del Estado. Autos, mercancías, equipos de aire acondicionado, aceite comestible, confituras, cemento, ajo, cebolla y cualquier otro producto, ocupados por la policía en grandes cantidades y consiguientemente miles de sancionados por actividad económica ilícita, delito de receptación y otras ilegalidades; pero la corrupción sigue su camino de forma indetenible.
Aunque sus raíces se remontan a la Cuba colonial y en la República sobrevivió en la esfera político-administrativa, ha sido en las últimas décadas que la corrupción se generalizó en la sociedad cubana.
A partir de la Ofensiva Revolucionaria de 1968, que barrió con los restos de las pequeñas y medianas empresas privadas, al desaparecer la figura del dueño y con ella el interés por la producción y la calidad de los servicios, generaron la escasez y la insuficiencia de los salarios que obligó a luchar por la supervivencia. La corrupción se desbordó a toda la sociedad y a todas las actividades a lo largo y ancho del territorio nacional y se agudizó con el hundimiento de la Unión Soviética y la pérdida de las subvenciones que mantenían a flote la economía cubana. Desde ese momento al poco valor del trabajo los cubanos respondieron con actividades alternativas; al desabastecimiento, con el robo al Estado, que no es otra cosa que la apropiación individual de la llamada “propiedad de todo el pueblo”.
Por su larga duración las acciones ilegales se aceptaron socialmente como forma de conducta, en la que de una u otra forma todos los cubanos participan. Acciones útiles para sobrevivir, pero inútiles para edificar nada positivo y potencialmente peligrosas para el futuro de la nación.
En 1987 el entonces presidente del Instituto de Aeronáutica Civil, Luis Orlando Domínguez Muñiz, quien antes había sido primer secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas y miembro del Comité Central del Partido Comunista, fue condenado a 20 años de prisión por malversación y uso indebido de recursos financieros y materiales. Su sucesor, Vicente Gómez López corrió la misma suerte y el nuevo sustituto, el general Rogelio Acevedo González, fue sancionado por razones similares.
En 2001 debido a la incontrolable corrupción el Gobierno creó el Ministerio de Auditoría y Control. En las inspecciones realizadas por este órgano en cientos de empresas, entre los años 2000 y 2004, más de la mitad presentaron resultados malos o deficientes en el control de los recursos y en el registro de los hechos económicos. Y en 2005, de 890 auditorías en empresas de comercio interior, también en más de la mitad se detectó control económico mal o deficientes.1
En 2005 se dispuso vacaciones forzosas a todo el personal de las gasolineras y sustituidos con jóvenes egresados de las escuelas de trabajadores sociales que Fidel creó al calor de la batalla de ideas. La medida develó que lo sustraído era tanto o más que lo ingresado. En algunos momentos se robaba casi la mitad, y en ocasiones más de la mitad, lo que no se resolvió, sino que fue continuado por los flamantes trabajadores sociales.
Los días 1 y 15 de octubre de 2006, Juventud Rebelde en “La vieja gran estafa”, informó que, de 222 656 inspecciones realizadas entre enero y agosto de 2005, se encontraron violaciones de precios y alteraciones de las normas en el 52% de los centros examinados; y en el caso de los mercados agropecuarios, en el 68%.
Granma, del 16 de febrero de 2007, en “Caníbales en las torres”, abordó el robo de los angulares que sostienen las redes de transmisión eléctrica de alta tensión y reconoció que las “medidas técnicas, administrativas y legales aplicadas hasta el momento no han frenado el bandidaje”.
En 2019 según el sitio oficial Cubadebate, cada hora se robaban en Cuba 626 litros de combustible y se condenaron a varios campesinos, entre ellos a uno de los mayores productores de porcinos de Holguín. Y en octubre, el diario Granma dedicó tres días consecutivos al tema de los revendedores ilícitos, algo que se hace desde la prensa para preparar las mentes de los cubanos antes de comenzar una nueva operación represiva contra ese sector.
Es decir, durante más de tres décadas, desde altos funcionarios hasta simples trabajadores, han estado implicados en actos delictivos.
La respuesta del gobierno ha sido y sigue siendo policías, inspectores, restricciones, decomisos, vigilancia, condenas y llamados al pueblo a enfrentar al pueblo. Acciones sobre los efectos y por tanto inútiles para su erradicación o disminución hasta tanto se admitan sus causas y exista la voluntad política para enfrentarlas.
El diario Granma del 29 de abril de 2020 publicó las palabras del presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel: “aquí nadie puede estar haciendo actividad ilícita, aquí nadie está autorizado para vender ni revender nada, y no se puede permitir”. “Lo poquito que tenemos lo estamos tratando de dar en las bodegas y en las cadenas de tiendas, en nuestros mercados. Ya ahí no hay que explicar nada, es actuar con severidad; porque esas son las personas que nos están complejizando la situación”. Es decir, la solución que ofrece el Presidente, nada nueva, es la misma: reprimir.
Entre los factores que propician el actual crecimiento de la corrupción, tres son los siguientes: Primero, el acaparamiento de productos resultado del desabastecimiento y este de la incapacidad del modelo totalitario para producir. Segundo, la inexistencia de mercados mayoristas que obliga a los privados a buscar los insumos donde los encuentren. Tercero, la indefinición legal de cuál es la cantidad de productos de cada tipo que se pueden tener en existencia.
La conversión de la corrupción en cultura popular tiene por causa el deslizamiento hacia el totalitarismo que debilitó la responsabilidad ciudadana; lo que unido a la implantación de un sistema económico incapaz de establecer una relación adecuada entre salario y costo de la vida, generaron la frustración y la desesperanza.
La solución no está en llamados ideológicos ni en que el pueblo le salga al paso al pueblo, sino en reconocer al Estado como el causante principal de esa anomalía y en consecuencia descentralizar la economía, permitir la formación de una clase media, destrabar todo lo que frene el aumento de la producción. Todo lo cual implica profundizar las reformas y restablecer las libertades ciudadanas, algo que hasta ahora el gobierno se ha negado.
Referencia
[1] Espinosa Chepe, Oscar. Cuba: ¿Revolución o involución?, España, Aduana Vieja Editorial, 2007, pp. 136-137.
- Dimas Cecilio Castellanos Martí (Jiguaní, 1943).
Reside en La Habana desde 1967.
Licenciado en Ciencias Políticas en la Universidad de La Habana (1975), Diplomado en Ciencias de la Información (1983-1985), Licenciado en Estudios Bíblicos y Teológicos (2006). - Trabajó como profesor de cursos regulares y de postgrados de filosofía marxista en la Facultad de Agronomía de la Universidad de La Habana (1976-1977) y como especialista en Información Científica en el Instituto Superior de Ciencias Agropecuarias de La Habana (1977-1992).
- Primer premio del concurso convocado por Solidaridad de Trabajadores Cubanos, en el año 2003.
Es Miembro de la Junta Directiva del Instituto de Estudios Cubanos con sede en la Florida.
Miembro del Consejo Académico del Centro de Estudios Convivencia (CEC).