El Poder en Cuba: apuntes sobre su naturaleza

Foto tomada de Internet.

La ausencia de Cuba en parte de los análisis sobre el estado de la política en Latinoamérica es impresionante. En las academias de la región no se comprende bien el esquema de poder vigente en la isla. Algunos colegas esgrimen para su desinterés justificaciones banales cómo “es una pequeña isla aislada de la globalización”. No pocos, desde el relativismo izquierdista, extienden al gobierno cubano la certificación de ser “una democracia diferente, popular”. Otros, desde cierto reduccionismo liberal, se limitan a rechazarlo tan solo porque “no permite elecciones multipartidistas”. Desde la burocracia de la Unión Europea, se utilizó incluso el eufemismo de llamar al sistema político cubano una “democracia de partido único”.[i] Estas posturas se suman a la ausencia de un debate serio en torno al mismo tema dentro de la academia cubana. [ii]

Precisemos nociones. La democracia reúne un ideal normativo –modo de vida que cuestiona las asimetrías de jerarquía y poder dentro del orden social-, un movimiento social -conjunto de actores, luchas y reclamos democratizadores expansivos de la ciudadanía-, un proceso socio-histórico -las fases y horizontes de democratización– y un orden político -régimen democrático– que institucionaliza los valores, prácticas y reglas que hacen efectivos los derechos a participar, deliberar y representarnos políticamente así como la renovación periódica de los titulares del poder estatal. Toda democracia supone consensos dinámicos, precariamente construidos a través de conquistas ganadas desde la movilización social. Y el pluralismo expresa, en el plano institucional, el procesamiento -y no la anulación de la demanda o el demandante- de las diversidades y contradicciones sociales constitutivas del mundo real. No se forja la democracia tan solo con el consenso aparente y apacible de cierto liberalismo. Tampoco nace la república desde las casamatas de la dictadura del -en realidad sobre el– proletariado.

El ideal normativo de la “democracia socialista” cubana -allende su retórica- es el compañero revolucionario: personas y colectividades disciplinadas, acríticas y no reclamantes, que deja a sus gobernantes “velar por los intereses del pueblo”. El movimiento social democratizador no existe desde el diseño oficial, puesto que la movilización desde arriba y desde afuera de la sociedad -desde la cúpula del Partido Estado- ha sustituido toda forma de participación y reivindicación social autónomos; incluidos aquellos legítimamente realizados en nombre del socialismo. Como proceso sociohistórico, no hay avances en derechos y conquistas democratizadores -civiles, sociales y políticos- desde la crisis instaurada por el Período Especial. Y como orden político, un pequeño grupo de varios cientos de generales, gerentes y burócratas -capitaneado por un cerrado e inamovible núcleo familiar militar- gobierna desde hace seis décadas la isla. Proscribiendo toda forma de pluralismo y alternancia a los once millones de habitantes.

En el mundo, la democracia realmente existente adquiere hoy la forma de una república liberal de masas, erigida sobre el tejido de una sociedad compleja y dentro de los marcos territoriales e institucionales de un Estado nación. Es dentro de esta -y no desde el liberalismo oligárquico, los populismos autoritarios de cualquier signo ideológico ni el socialismo de Estado– donde los sectores populares, a través de una dialéctica ciudadanizante -que abarca la lucha social, el reconocimiento legal y la incorporación de sus demandas en la política pública- han conseguido beneficios permanentes y derechos universales. No hablemos de las clases altas y medias: incluso los trabajadores de EE.UU. y Costa Rica disfrutan hoy de muchos más derechos, peleados a través de sus sindicatos y representantes políticos, que sus pares de China y Cuba. Lo cual es reconocido incluso por académicos comprometidos con un enfoque riguroso y horizontes progresistas.[iii]

Si bien buena parte de las democracias latinoamericanas están limitadas por la violencia criminal, la desigualdad social y la corrupción política de sus élites, la gente cambia periódicamente a sus gobernantes, se expresa y protesta ante su mal desempeño y se organiza para influir en la política gubernamental. En Latinoamérica, después del fin de las dictaduras militares de derecha de la Guerra Fría, los ciudadanos han cambiado la composición de sus gobiernos y la orientación de sus políticas. La alternancia de gobiernos neoliberales y progresistas lo demuestra. Pero a sus homólogos en la Cuba revolucionaria no les han permitido, siquiera, cuestionar las prioridades dentro del mismo y prolongado gobierno. En Latinoamérica las élites están ideológicamente divididas entre sectores conservadores, reformistas y radicales; también entre segmentos empresariales y políticos. En Cuba, están fundamentalmente fusionadas dentro de un grupo social y un aparato del Estado que es, por su omnipresencia en toda la vida nacional, el principal responsable de la violencia, la desigualdad y la corrupción. Las diferencias que existen en su seno, no pueden expresarse dejando al ciudadano sin la posibilidad siquiera de elegir entre modalidades distintas de una gobernanza autoritaria.

No obstante, como ejercicio de imaginación política, es posible pensar en una democracia diferente. Pensadores de prosapia socialista[iv] al criticar los fundamentos del liberalismo, propusieron pensar de forma distinta la organización y participación políticas de la población, en las sociedades divididas en clase. Otros, desde el liberalismo democrático[v] reconocieron la pertinencia de explorar, en sintonía con el mejor legado marxista, una modalidad diferente de encauzar la acción de los ciudadanos. Democracia socialista entendida no como sinónimo de predominio de una casta política -“marxista”, sustituta de la “liberal”- sino como empoderamiento desde abajo; donde la gente deja de ser “masas” atrapadas por la apatía, resignación e indiferencia y se convierten, a través de sus propios esfuerzos, en sujetos políticos.

Sin embargo, el socialismo de Estado vigente en Cuba no introduce las identidades y demandas excluidas dentro de la política: más bien las expropia y administra en nombre de los humildes. Estudios sobre el caso cubano, realizados desde una perspectiva de izquierda y atendiendo a elementos centrales del enfoque marxista -como la estructura y conflictos socioclasistas- así lo demuestran[vi]. El problema, entonces, no radica en la inutilidad explicativa de cualquier marxismo, sino en la naturaleza apologética del tipo –marxismo leninismo– vigente en la isla. Son los análisis emanados de la academia oficial -incluso de sus sectores lealmente reformistas- los que no permiten develar y explicar los factores y procesos reales del entramado de poder en Cuba. Estos enfoques -presentes en la literatura producida por el gobierno y en los currículos de las carreras universitarias- excluyen referencias centrales del orden vigente, como la burocracia, la policía política y el autoritarismo. En ellos persiste, de modo relevante, el uso de una noción ahistórica y asociológica como la de Revolución[vii]. La cual refiere, de forma indistinta e intencionalmente confusa, al proceso político, la institucionalidad y sus dirigentes.

El Partido Comunista de Cuba (único legal) mantiene su monopolio oficial en la vida política nacional, en tanto vanguardia autoconferida e irrevocable de la nación. Ni en los textos clásicos de Marx ni en el pensamiento martiano aparece esta idea de organización monopolizadora de la representación política. Ella no es funcional para la clase obrera del paradigma marxista ni para la alianza multiclasista sustentadora del proyecto martiano. La retórica del centralismo democrático, que supone solo formalmente la amplia discusión de/con las bases y la posterior aprobación y acatamiento de la decisión convenida, ha sido la pauta formal del funcionamiento del Partido único. No resulta democrático un centralismo en realidad burocrático, donde el Buró Político -y, durante medio siglo, su líder máximo Fidel Castro, luego sustituido por Raúl Castro y Miguel Díaz Canel- toma las principales decisiones en materia política, socioeconómica y cultural en nombre de casi setecientos mil militantes y once millones de cubanos.

En realidad, la subordinación jerárquica del órgano inferior al superior ha primado, convertida en la anulación permanente -por efecto de la burocratización, el escaso diálogo y la lógica de ordeno y mando– de las capacidades y motivaciones de los niveles de base para desarrollar la iniciativa política de sus militantes, aún dentro de los límites establecidos por el modelo. No hay espacio siquiera para el pluralismo y autogestión limitados de otras experiencias socialistas, donde sus élites reconocieron las contradicciones de clase y desempeño inherentes al diseño soviético.[viii] No da tampoco cabida el “modelo cubano” al debate del mejor marxismo europeo[ix] y latinoamericano[x] acerca del lugar de la democracia dentro del socialismo.

El Partido, expresión limitada de una parte de la nación, prima sobre un Estado que, formalmente, representa a la ciudadanía en pleno. Y aunque no preside el Consejo de Estado -prerrogativa del presidente de la Asamblea Nacional- ni el Consejo de Ministros -función del recién creado puesto de primer ministro-, el primer secretario del Partido está jerárquicamente por encima de cualquier dirigente del país.

Por su parte, la Asamblea Nacional -sucedáneo falaz de un parlamento auténtico- sigue abdicando de sus funciones deliberante, legislativa, contralora y de custodia/reformas constitucionales, a favor de los Consejos de Estado y Ministros. La Asamblea Nacional se reúne poco, carece de profesionalización y sus integrantes no muestran iniciativa más allá de puntuales temas -casi siempre derivados de la administración y ejecución puntual de ciertas políticas- y encomiendas desde arriba. No hay forma alguna de democracia -mucho menos popular– dentro del sistema cubano. Incluso en el muy elemental nivel barrial, los delegados electos por sus vecinos carecen de autoridad y recursos para hacer política y gestión propias.

En cuanto a los contenidos socialistas del modelo, relativos a la estructura de clase de la sociedad y sus órganos de poder, así como del régimen de propiedad, estos son cuestionables para cualquier narrativa cabalmente emancipatoria. Todo el orden está regido por una burocracia de Estado, en alianza con los capitales extranjeros y con su segmento gerencial, nativo, dentro del país. Burocracia que cuenta, de forma mucho menor y selectiva, con familiares insertos dentro de la emergente clase capitalista local, emergida de las reformas. Una casta gobernante que no puede invocar -como es su costumbre- algún legado histórico, toda vez que el propio José Martí anticipó sus rasgos predadores, al señalar: “Todo el poder que iría adquiriendo la casta de funcionarios, ligados por la necesidad de mantenerse en una ocupación privilegiada y pingüe, lo iría perdiendo el pueblo, que no tiene las mismas razones de complicidad en esperanzas y provechos, para hacer frente a los funcionarios enlazados por intereses comunes. Como todas las necesidades públicas vendrían a ser satisfechas por el Estado, adquirirían los funcionarios entonces la influencia enorme que naturalmente viene a los que distribuyen algún derecho o beneficio. El hombre que quiere ahora que el Estado cuide de él para no tener que cuidar él de sí, tendría que trabajar entonces en la medida, por el tiempo y en la labor que pluguiese al Estado asignarle, puesto que a este, sobre quien caerían todos los deberes, se darían naturalmente todas las facultades necesarias para recabar los medios de cumplir aquellos. De ser siervo de sí mismo, pasaría el hombre a ser siervo del Estado. De ser esclavo de los capitalistas, como se llama ahora, iría a ser esclavo de los funcionarios.”[xi]

La burocracia detenta una posición dominante en la economía, la política y la cultura insulares, lo que le garantiza una ventaja decisiva en el desarrollo individual y colectivo de sus miembros, dada la asimetría de poder, información y recursos materiales de que disponen en relación con las clases trabajadoras. Estas últimas formalmente reconocidas como las “clases dirigentes” del socialismo cubano. En Cuba se sigue llamando “popular” a un orden burocratizado y vertical, y “socialistas” a unas relaciones de producción donde la empresa estatal -administrada por esa burocracia- y, de lejos y paulatinamente, empresas capitalistas extranjeras y nativas, explotan sin contrapesos (sindicales) ni contraprestaciones (salariales) la empobrecida fuerza de trabajo.

Pese a su retórica republicana, el régimen cubano lo es apenas de modo formal. La hipercentralización y personalización en la toma de decisiones en todas las instituciones, con escasa o nula deliberación política, vulnera estructuralmente cualquier idea de participación activa y reivindicación de derechos inherentes a la matriz republicana. Imposibilitada la ciudadanía de incidir de forma efectiva, a través de mecanismos específicos de participación, deliberación y representación, para promover sus diversos intereses, todo queda en las manos de la burocracia. Haciendo realidad aquella frase de Rosa Luxemburgo, que anticipaba: cuanto más democráticas son las instituciones, cuánto más vivo y fuerte es el pulso de la vida política de las masas, más directa y completa es su influencia, a pesar de los rígidos programas partidarios, de las boletas superadas (listas electorales), etcétera. Con toda seguridad, toda institución democrática tiene sus límites e inconvenientes, lo que indudablemente sucede con todas las instituciones humanas. Pero el remedio que encontraron Lenin y Trotsky, la eliminación de la democracia como tal, es peor que la enfermedad que se supone va a curar; pues detiene la única fuente viva de la cual puede surgir el correctivo a todos los males innatos de las instituciones sociales”.[xii]

¿Cómo definir el orden vigente -que cracia, cual ismo– en la Mayor de las Antillas? El régimen cubano, como quiera que se le mire no pasa el más mínimo test de democraticidad formal de estirpe liberal. También posee claras falencias democráticas sustantivas, en sus horizontes republicanos y socialistas. Un socialismo de Estado -con mucho de lo segundo y poco de lo primero- y una autocracia de núcleo familiar militar -monopolizadora del poder, el saber y la riqueza- son las formas reales del Poder en la isla.

El modelo vigente en Cuba continúa siendo la principal barrera para cualquier forma de democracia, cualquier tipo de socialismo y cualquier expresión, viva y sincera, de la diversidad natural de personas e intereses que conforman la nación cubana. Dicho orden -si quiere ser algo más que el modelo de control y acumulación precaria de un grupo de poder, que sobrevive con rendimientos decrecientes- necesita una reforma sustantiva y urgente. Tanto o más necesaria que en otros segmentos de la sociedad.

Dicha reforma puede incluso ser no ser democratizadora, sincerando los fundamentos epistemológicos, programáticos y operativos conservadores del modelo actual. La modernización autoritaria -y no la revolución social o la transición democrática- exhibiría sus credenciales securitizadoras, gerenciales y tecnocráticas, afín al diseño globalizado del Nuevo Despotismo.[xiii] La acumulación neocapitalista podría prescindir de las rémoras justicieras de lo que alguna vez fue una Revolución nacional y popular.

Si el poder en Cuba asumiera, por ejemplo, la doctrina del putinismo[xiv], habría dado un salto notable respecto a su disfuncional e hipócrita marxismo-leninismo actual. De hacerlo, los burócratas abrazarían el conservadurismo como ideología rectora de su cosmovisión, en lugar de insistir en calificarse como impulsores de un orden revolucionario. Al incorporar nociones cómo autocracia y Poder Vertical, la élite política e intelectual isleña podría despojarse de esa palabrería hueca sobre la democracia socialista y el Poder Popular, ajena a la realidad. Al sustituir a Carlos Marx por Carl Schmitt, los intelectuales orgánicos del régimen harían al orden político cubano más coherente -en su nexo entre discurso y praxis- que en su estado actual.

 

 

 

  • Armando Chaguaceda Noriega.
  • Politólogo e historiador.
    Especializado en procesos de democratización en Latinoamérica y Rusia.
    Reside en México.

 

 

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