Desde el inicio de la pandemia en Cuba, distintos grupos de la sociedad civil e instituciones estatales han desplegado procesos de pensamiento, investigación y análisis de la realidad. Se han propuesto reformas para la economía, para el sistema político, para el mundo del emprendimiento, para la cultura, para las relaciones internacionales, para el comercio, y se ha debatido sobre temas de derechos humanos y libertades fundamentales, temas sociales, educación, salud, y muchos otros.
No es posible afirmar que no se han tomado determinadas medidas por falta de propuestas o porque a nadie se les ocurrió hacer las cosas de otra manera, pues basta una pequeña búsqueda en redes sociales para darnos cuenta de que sobran las ideas, innovadoras y científicamente justificadas, sobre cómo enfrentar la pandemia de manera específica y la crisis general que afecta a la nación desde hace años. ¿Cómo entender entonces la inacción respecto a temas que parecen cruciales en las circunstancias actuales, como es el tema de la expansión del sector privado y la legalización definitiva de micro, pequeñas y medianas empresas? ¿Cómo entender que se prioricen temas que no son las prioridades de la ciudadanía?
Pero, no preocupa solamente que no se hayan asumido algunas reformas que parecen cruciales, que una y otra vez han sido señaladas por los cubanos como cambios necesarios, sino también -y sobre todo- que los pequeños pasos que se dan carecen de la posibilidad de realizarse eficientemente, que no llegan a ser ni siquiera los pequeños pasos que aparentan, sino menores. Pudiéramos señalar algunos ejemplos de esas políticas que prometen mucho, pero que a la larga generan problemas mayores o igualmente complicados que los que buscaban solucionar y, en el mejor de los casos, representan un punto de avance, pero sumamente limitado por un sistema burocrático que le cuesta mucho ser efectivo en cuanto a mejorar las condiciones de vida de la gente se refiere.
La dolarización fue una medida anunciada como temporal, como necesaria a pesar del descontento que provocó en la población la apertura de tiendas en moneda libremente convertible, que con el paso de los meses ha demostrado ser ineficiente incluso en el objetivo de mantenerse abastecidas, cosa que se aseguró desde un principio se garantizaría pues estos mercados contarían con la divisa para reaprovisionarse. El paso del tiempo ha demostrado que los mercados en MLC y la creciente dolarización de la economía son fuentes potentísimas de desigualdad, generan exclusión, limitan el consumo de un sector de la población, ofrecen posibilidades a unos cubanos sobre otros, generan gran descontento social. El valor del dólar se ha duplicado, y más, en apenas un año, y el número de cubanos que recibe dólares, así como las cantidades recibidas, se han desplomado como consecuencias directas de la pandemia. De esta forma, estamos frente a un caso de una reforma que, a pesar de los choques que implica, fue implementada para mejorar la vida de la gente, sin embargo, chocamos con la realidad de que la ha hecho más complicada.
Otra de las reformas que se anunció por todo lo alto fue la posibilidad de importar y exportar para el sector privado y cooperativo, un tema que obviamente generó esperanzas entre la gente, pues había sido una demanda de larga data, pero que a la larga no ha sido efectiva, no ha logrado lo propuesto, no ha sido relevante para el desarrollo del país ni para mejorar las condiciones de vida de la gente. Algo que prometía ser significativo para la economía, y sobre todo para el sector privado, con los consecuentes beneficios en el bienestar de las personas que se desenvuelven en ese sector y sus familiares o allegados, quedó tronchado -una vez más- por la burocracia y el exceso de regulaciones.
Probablemente la reforma más esperada de la última década ha sido el ordenamiento monetario, sin duda, positiva en cuanto a temas macroeconómicos y a largo plazo, pero minada también por la ausencia de una visión amplia, estructural, sincera de los verdaderos problemas de la economía. El ordenamiento por sí solo no generará la prosperidad necesaria, sino que ha de venir acompañado de un paquete de reformas estructurales. Era una reforma fundamental, pero no puede implementarse exitosamente dejando de lado la verdadera apertura al sector privado, la transformación de las instituciones económicas, la mayor apertura del mercado en la economía, entre otros aspectos.
En sintonía con lo anterior, es precisamente la apertura al sector privado, otra reforma sumamente relevante. Ha sido asumida pero solo parcialmente, con la eliminación de la lista de actividades que podían ejercerse en el llamado trabajo por cuenta propia, y su consecuente sustitución por otra donde solo se regularon las actividades prohibidas. Era una aspiración y reclamo de los cubanos, y era también propuesta de los expertos como una reforma importante para el desarrollo del país. Si bien no ha significado un paso hacia atrás, sino que por el contrario abre nuevas posibilidades de empleo en el sector privado, sigue estando lastrada por esa visión primitiva del trabajo privado, donde se pretende controlar en lugar de generar una verdadera apertura. Lo más absurdo de esta reforma es dejar fuera a un número importante de profesionales que seguirán abandonando el país, que seguirán en la ilegalidad, o trabajando en actividades ajenas por la imposibilidad de ejercer el trabajo privado en sus profesiones. Se botan recursos, se malgastan las potencialidades con que contamos, se desprecia el talento de los abogados, arquitectos, economistas, contadores, entre otros. Se olvida ese sector privado que necesitamos y que podría ser tan relevante generando crecimiento económico.
La continua caída del bienestar social en Cuba
Mientras por un lado se insiste en reformas limitadas, parciales, superficiales, que amagan con una verdadera apertura, pero en la práctica resultan sumamente limitadas por la burocracia y la ideología, por otro lado, estamos presenciando un galopante deterioro de las condiciones de vida de la gente. Resulta absurda y evidente la contradicción, pues las condiciones de vida de la gente van en constante caída sin que los amagos de reformas logren mejorar significativamente su vida ni la realidad social en general.
Podríamos ir sector por sector, es totalmente visible el deterioro creciente que sufren los cubanos en los servicios de salud y en el sistema educativo, además ampliamente golpeado por la pandemia. Dos banderas del gobierno cubano que, ante la mala gestión estatal, y las pocas posibilidades que se ofrecen a los profesionales de estos sectores, experimentan un continuo y preocupante deterioro en los últimos años.
Lo mismo ocurre si hablamos de servicios sociales, de alimentación, de vivienda y transporte, de agua, de condiciones de trabajo, entre muchos otros temas que afectan diariamente la calidad de vida de la gente. Cada uno de estos sectores está sufriendo deterioro, en algunos casos gravísimo, y las autoridades alegan no tener los recursos para enfrentar la crisis. Lo paradójico es que no tienen los recursos porque no abordan las reformas necesarias ni de la forma eficiente en que deberían, por miedo a perder el poder político, ni abandonan -por otro lado- el trato a los cubanos de un modo extremadamente paternalista que no permite que la gente resuelva sus problemas -en la medida de lo posible y con determinados límites éticos- por ellos mismos.
Es una realidad que la solución a los problemas que sufrimos en Cuba no puede venir solamente de manos de las autoridades, así como no es cierto que lo único que tiene el pueblo para aportar es su acompañamiento dócil y que asiente ante cada decisión estatal. El gobierno ha de dar paso a mayor participación, promoviendo una gestión combinada de los problemas de la economía, de la política, de la sociedad en general, donde los ciudadanos puedan ser parte activa del proceso, y donde se ponga en el centro de atención el bienestar de la gente, la mejora en sus condiciones de vida, y no la pervivencia de un poder político determinado, ni las aspiraciones ideológicas de la clase dominante.
Los ciudadanos tienen mucho que decir ante la crisis que se vive, conocen mejor que nadie los problemas, los sufren en carne propia, lidian con ellos a diario, y tienen el alcance y poder de transformación que no tiene ninguna fuerza política. Sin embargo, es necesario generar un ambiente institucional propicio, que permita explotar estas potencialidades. Es necesario abandonar el absurdo de seguir gobernando de espaldas a la gente, y reprimiendo a quien intente hacer valer su opinión. Por ese camino el cambio verdadero que todos esperamos se aleja cada vez más.
- Jorge Ignacio Guillén Martínez (Candelaria, 1993).
- Laico católico.
- Licenciado en Economía.
- Máster en Ciencias Sociales por la Universidad Francisco de Vitoria, Madrid, España.