Martes de Dimas
Entre los diversos factores causantes del retroceso económico de cualquier país la ausencia de libertades de sus habitantes constituye la causa fundamental. Cuba es un ejemplo vivo.
El jueves 22 de octubre de 2020, por vigésimo noveno año consecutivo, el gobierno cubano presentó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el informe titulado: “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”.
Una mirada al origen del diferendo entre ambos gobiernos indica que la decisión cubana de eliminar la propiedad privada, desde el mismo año 1959, comenzó por las empresas extranjeras, continuó por las grandes, medianas y pequeñas empresas nacionales, y no se detuvo hasta 1968, cuando barrió los más de 50 mil establecimientos que habían sobrevivido a la ola de expropiaciones.
La promesa inicial de que las propiedades confiscadas pasarían al pueblo, se incumplió. El Estado, con excepción de cien mil títulos de pequeñas propiedades que entregó a campesinos, se convirtió en propietario monopólico de la tierra, la industria y el comercio. Desmontó la institucionalidad insistente y las libertades ciudadanas desaparecieron. Desde ese momento el interés por la producción tomó el camino del retroceso sostenido que se refleja hoy en la incapacidad productiva, el desabastecimiento y la desesperanza.
Sin desconocer la incidencia del efecto de la confrontación con Estados Unidos, o el efecto de la pandemia de la Covid-19, la causa fundamental de la profunda crisis en la que Cuba está inmersa, radica en los hechos mencionados.
Los argumentos contenidos en el informe presentado este año por el canciller cubano se diferencian de los contenidos en las 28 ediciones precedentes sólo por la forma virtual en que se celebró, debido a la pandemia de la Covid-19, y a las cifras de los “daños” calculados, que esta vez, según el canciller, fueron de 5 570 millones de dólares. Lo demás es repetir, ignorando la causa fundamental, que: el bloqueo es el mayor obstáculo para el desarrollo económico y social de Cuba.
Un recorrido por las votaciones en los primeros 24 años muestra un ascenso sostenido en cuanto a la cantidad de países que votaron a favor de la resolución de Cuba. En 1992, la primera vez, fueron sólo 59 países. En 2019 fueron 187 votos, con 3 en contra y 2 abstenciones. Sin ningún efecto positivo en la crisis de Cuba.
Lo más significativo es que hace cuatro años, en 2016, en un escenario de distensión por el restablecimiento de las relaciones diplomática entre ambos países, con excepción de Estados Unidos e Israel que se abstuvieron, todos los demás votaron a favor de la resolución cubana. Teniendo en cuenta que los acuerdos de ese órgano de las Naciones Unidas no son de obligatorio cumplimiento, si lo que se perseguía era el apoyo internacional, el camino de las resoluciones quedó agotado.
Como la suspensión del embargo es prerrogativa del Congreso estadounidense y no de las Naciones Unidas, a partir de ese momento la distensión generada por el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, exigía un cambio hacia una vía más efectiva: las negociaciones bilaterales. El presidente Barack Obama, a diferencia de las administraciones que le precedieron, no exigía la democratización de Cuba como premisa para restablecer las relaciones. En consecuencia dictó seis paquetes de modificaciones que ampliaron los permisos generales de viaje, ofrecieron facilidades comerciales a empresas privadas cubanas y a pequeños agricultores, acrecentaron el monto de las remesas y donativos, expandieron las exportaciones comerciales de bienes y servicios desde Estados Unidos, incrementaron el acceso de Cuba a las comunicaciones y proporcionaron telecomunicaciones comerciales y servicios de internet con precios más bajos.
Esa fue la gran oportunidad desaprovechada, si es que realmente se quería resolver el diferendo con Estados unidos. Como la reanudación de las relaciones diplomáticas no emergió de la victoria, sino del fracaso de ambos contendientes, se imponía desandar el camino transitado desde que la nacionalización de las propiedades norteamericanas en Cuba condujo a la ruptura de las relaciones diplomáticas.
Como los conflictos externos desmovilizan los conflictos al interior, el gobierno cubano, desde la década de 1960, utilizó el diferendo para desmontar la institucionalidad existente, desarmar la sociedad civil, solapar la ineficiencia y eludir cualquier compromiso con los derechos humanos.
Si las medidas de la parte norteamericana no arrojaron resultados, fue por la ausencia de acciones similares de la parte cubana, que se limitó a: permitir a los cubanos hospedarse en hoteles reservados para turistas; comprar computadoras, DVD y líneas de telefonía móvil; vender su casa o su auto; salir del país sin tener que pedir permiso y permanecer hasta 24 meses en el exterior; establecer puntos públicos de acceso a Wifi. Medidas, que más que avances, demostraron hasta el punto en que los cubanos carecían de derechos.
Demostrado que la eficacia para conservar el poder no es extrapolable a la economía, quiera o no el gobierno tiene un solo camino racional: cambiar o marchar hacia la hecatombe. De ahí lo inútil de exigir la suspensión del embargo y al mismo tiempo conservar la ausencia de libertades que el Gobierno de Cuba mantiene sobre su pueblo. En ese sentido se impone dejar atrás el esquema bilateral del diferendo entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos para otorgarle un carácter trilateral, mediante la incorporación de los actores emergentes de la sociedad civil cubana.
La democratización de Cuba no es un acto de rendición ante el “enemigo”. Las autoridades cubanas en lugar de exigir la suspensión del embargo estadounidense, deberían proceder, primero a lo que está a su alcance inmediato: la eliminación del bloqueo interno sobre su pueblo, con lo cual desmontarían los argumentos que sostienen al embargo externo. No sería un acto de rendición ante el enemigo, sino un gesto hacia la nación y hacia el pueblo que dicen representar.
Por tanto, separados por seis décadas del inicio del embargo, lo sensato no es presentar más resoluciones a las Naciones Unida, que nada cambian al interior de Cuba, sino asumir la responsabilidad correspondiente, dialogar y negociar, con Estados Unidos y con su pueblo, que es precisamente lo que ha estado ausente hasta hoy.
La experiencia de lo ocurrido en Vietnam es un ejemplo para salir del actual estado de miseria. Estados Unidos arrojó el triple de bombas que las empleadas durante la Segunda Guerra Mundial. El 15% de la población pereció o resultó herida. El 60% de las aldeas del Sur resultaron destruidas. Y al terminar la guerra enfrentó el bloqueo económico y ataques fronterizos.
Sin embargo, los vietnamitas, en lugar de presentar resoluciones en las Naciones Unidas, emprendieron un programa sistemático de reformas basado en la introducción de mecanismos de mercado, autonomía de los productores, derecho de los nacionales a ser empresarios y entrega de tierra a los campesinos. Acciones que motivaron la iniciativa, el interés y la responsabilidad de los vietnamitas. El resultado no se hizo esperar: en 2008 dedicaron los esfuerzos a salir de la lista de países subdesarrollados, en 2010 se trazaron el objetivo de entrar en el grupo de países de ingreso medio, en 2014 se ubicaron como el 28 exportador más grande del mundo, y en 2016 aprobaron medidas destinadas a convertirse en una nación industrializada.
La Habana, 30 de octubre de 2020
- Dimas Cecilio Castellanos Martí (Jiguaní, 1943).
- Reside en La Habana desde 1967.
- Licenciado en Ciencias Políticas en la Universidad de La Habana (1975), Diplomado en Ciencias de la Información (1983-1985), Licenciado en Estudios Bíblicos y Teológicos en el (2006).
- Trabajó como profesor de cursos regulares y de postgrados de filosofía marxista en la Facultad de Agronomía de la Universidad de La Habana (1976-1977) y como especialista en Información Científica en el Instituto Superior de Ciencias Agropecuarias de La Habana (1977-1992).
- Primer premio del concurso convocado por Solidaridad de Trabajadores Cubanos, en el año 2003.
- Es Miembro de la Junta Directiva del Instituto de Estudios Cubanos con sede en la Florida.
- Miembro del Consejo Académico del Centro de Estudios Convivencia (CEC).