“Cuando por otras razones de interés público, lo determinen las autoridades facultadas”. Esto es lo que plantea el inciso h del artículo 25 de la actual Ley de Migración Cubana. Somos muchos los cubanos que sabemos de memoria lo que dicho inciso plantea, porque algunos han sido y muchos otros somos víctimas de estar y permanecer regulados, hecho que prohíbe la salida del territorio nacional.
En los últimos 3 años se ha agudizado esta medida por parte del Estado a activistas de la sociedad civil, periodistas independientes, disidentes y opositores. Es frecuente escuchar y leer en redes sociales o medios independientes digitales sobre ciudadanos regulados, los cuales no tienen ningún impedimento legal que justifique tal arbitrariedad.
El artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce el derecho a la libre circulación al expresar que, toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado, y toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país. Cuba es firmante de esta declaración, no obstante, son numerosos los atropellos documentados en la Isla.
Personalmente, desde diciembre de 2016 me notificaron en el Aeropuerto José Martí que estaba regulada. Desde entonces se me ha impedido salir del país. Ante esta violación he reclamado a diferentes organismos en busca de una respuesta que justifique esta violación a mi libre movilidad, y aun hoy sigo a la espera. Reclamé en las oficinas de inmigración y extranjería a nivel provincial y nacional y al Consejo de Estado. Luego de mi reclamación a esta última entidad, fui víctima de una acusación por posible falsificación de documento público, donde no pudieron probar nada en mi contra porque soy inocente y todo fue un montaje para torturarme psicológicamente y para justificar la regulación.
Antes de pretender viajar en cada ocasión me presentaba en la oficina de Inmigración para ver como aparecía mi estado en el SUIN (Sistema Único de Identificación Nacional) y todo estaba bien. Cuando iba a pasar la frontera en el aeropuerto me notificaban que no podía viajar debido a una prohibición de salida y cuando volvía a ir a la oficina de Inmigración estaba regulada de nuevo. Al exigir una explicación escuchaba respuestas como: “así aparece en el sistema”, o “revísese”. Una peor que la otra, totalmente indignantes, como si el Sistema funcionara solo, o yo fuera una persona con una severa discapacidad mental.
Según la lista que actualiza el Instituto Patmos, ya son más de 200 personas las afectadas por esta medida y la cifra aumenta con frecuencia. La comunidad internacional está siendo testigo de estos y otros atropellos.
Las instituciones tienen el deber de darle respuesta a las reclamaciones de los ciudadanos en los plazos de tiempo establecidos. La Ley debe ser imparcial para cada persona por igual, sin exclusión, menos por motivos ideológicos.
- Rosalia Viñas Lazo (Pinar del Río, 1989).
- Miembro del Consejo de Dirección del CEC.