Una de las cuestiones novedosas en las nuevas regulaciones al trabajo por cuenta propia a ponerse en práctica en diciembre de este año, es la tímida descentralización, poniendo en manos de los consejos municipales de administración algunas decisiones.
La descentralización, por poca que sea, es positiva. Acerca a los trabajadores a los que toman las decisiones, que supuestamente serán más objetivas. No obstante, para los trabajadores por cuenta propia, es un motivo de preocupación que esta gestión se convierta en una traba más en la legalización de sus actividades.
Ya casi es normal el agobio que provoca la necesidad de solicitar los servicios de instituciones públicas. Las largas colas, la demora, los errores, su consecuente subsanación, el tráfico de influencias, la corrupción, forman parte de la cotidianidad entre los solicitantes de sus servicios.
La tendencia popular y, a veces oficial, es culpar solo a los trabajadores de las dificultades que se denuncian. Es frecuente encontrar en los medios de prensa, opiniones críticas y quejas de la población sobre el servicio de estas instituciones, solo que, generalmente, la queja se limita a las actitudes de los trabajadores. Pero la realidad es que existen varios factores que provocan esta situación, que ya muchos consideran crónica.
Culpar solo a los trabajadores es ignorar una importante parte de la realidad de estas instituciones. Las condiciones físicas en que desarrollan su labor son, en muchos casos, deplorables, o por lo menos, nada adecuadas. La gran maraña de leyes y regulaciones, a veces contradictorias, y que cambian en muy poco tiempo, impiden una mayor rapidez en los servicios, ya que los mismos funcionarios no logran estar bien informados sobre un procedimiento y ya tienen que aplicar otro.
El uso no oportuno de tecnologías, lejos de facilitar, entorpece muchas veces las gestiones a realizar. Cuando la tecnología no está acorde con las condiciones de conexión a Internet, de dispositivos necesarios, de conocimientos de los operarios, hace mucho más engorrosa la gestión. Es experiencia de muchos, haber conseguido realizar una gestión pública en menos tiempo cuando no estaba digitalizada, que al estarlo.
A partir de diciembre, los trabajadores por cuenta propia deben enfrentar nuevas gestiones, para obtener licencias o adecuarlas a las nuevas regulaciones, que ya constituyen suficiente freno a sus actividades. Para ello tienen que emprender un itinerario, en el que deben participar diversas instituciones públicas: Planificación física, Salud pública, Órgano del trabajo, Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) y se agregan, en algunos casos, el consejo de administración y nuevas gestiones en el banco.
La eficiencia y la efectividad en el trabajo de estas instituciones, facilitará o dificultará el acceso a legalización de los pequeños negocios. La facilitación de las gestiones es un criterio importante para evaluar la voluntad gubernamental de continuar o frenar el acceso a la legalidad del trabajo privado.
Karina Gálvez Chiú (Pinar del Río, 1968).
Licenciada en Economía.
Fue responsable del Grupo de Economistas del Centro Cívico.
Es miembro fundador del Consejo de Redacción de Convivencia.
Reside en Pinar del Río.