Entre las novedades del proyecto de constitución para Cuba, en cuanto a los fundamentos económicos, se encuentra el reconocimiento de la propiedad privada, de la obtención legítima de riqueza, y del derecho de asociación entre privados o de estos con formas estatales.
Después del primer impacto que provoca la aparición en el texto constitucional de un concepto que, según estudiamos en las escuelas cubanas, “era el causante de todos los males de la sociedad”, surgen algunas inquietudes, que no fueron expuestas por los diputados:
¿Cuál será el alcance que definirá la ley para la propiedad privada? Si es reconocida como un derecho humano fundamental, la ley no debe limitar su alcance, más que a la práctica de otras personas de ese derecho. De manera que si, la propiedad ha sido adquirida legalmente, y con el fruto del trabajo, debe poder ampliarse hasta que el capital permita, sin afectar las normas de convivencia.
Otra buena noticia es que no se prohíbe constitucionalmente, ni se limita la obtención legítima de riqueza. ¿Podemos entonces dejar atrás la mentalidad de que los que tienen más deben “hacerse perdonar”? La riqueza obtenida como fruto del trabajo honrado o de la inversión oportuna e inteligente y de la disposición al riesgo, debe ser respetada en la ley. No debemos escuchar nuevamente el cuestionamiento de la riqueza obtenida, sin que se hayan realizado acciones que atenten contra el bien común o el bien ajeno.
Si se acepta la imposibilidad de controlar la obtención de riqueza, ¿por qué en las nuevas disposiciones para el trabajo por cuenta propia se limita a uno el número de patentes a autorizar por persona y la cantidad de negocios por domicilio? ¿Cómo puede crearse y hacer crecer la riqueza si solo puedes tener un negocio? Lo que aceptamos para deportistas o artistas debe ser una oportunidad para todo el que trabaje bien en cualquier oficio o profesión.
También es una apertura la posibilidad de asociación legal entre empresas de las distintas formas de propiedad. Las asociaciones permiten unir capital, ampliar los negocios y por tanto, los servicios a la población así como su calidad. Pero además enriquece el tejido de la sociedad civil, lo que redundará en menos nivel de indefensión del empresario ante la estructura del Estado.
Ahora, es de esperar que al someter el texto a una consulta popular, se escuchen las opiniones expresadas por los ciudadanos directamente o a través de diferentes medios. No solo para aclarar dudas (como fue en su presentación ante los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular), sino para tenerlas en cuenta y someter el texto a modificaciones que satisfagan las necesidades de los nuevos tiempos, pero a la luz de la opinión de los que los vivimos.
Karina Gálvez Chiú (Pinar del Río, 1968).
Licenciada en Economía.
Fue responsable del Grupo de Economistas del Centro Cívico.
Es miembro fundador del Consejo de Redacción de Convivencia.
Reside en Pinar del Río.