El concepto de gobernanza tiene muchas interpretaciones en tanto aristas puede presentar. En todas ellas el objetivo final es articular las fronteras entre el Estado, el mercado y la sociedad civil. La diversidad de “aproximaciones existentes, ya sean teóricas o prácticas, aparecen determinadas fundamentalmente por dos elementos: la disciplina desde la que se utiliza el concepto, y el rol que se le adjudica al Estado” (Whittingham, 2010)[1]. Es por ello que se encontrarán unas definiciones centradas en la forma de gobernar y otras desde una perspectiva más abarcadora que incluye no solo al poder, sino a otros múltiples actores sociales. En cualquier caso podemos hacer un desglose del concepto analizando su carácter descriptivo, normativo y procesual.
Cuando nos referimos a la gobernanza en un sentido descriptivo, hacemos referencia a la buena calidad de la interacción entre las organizaciones de toda índole, ya sean económicas, sociales o de la sociedad civil en general, y el gobierno.
Es un proceso diverso, donde intervienen diferentes actores sociopolíticos para “ajustar sus intereses, conciliar sus diferencias y llegar a los acuerdos básicos que servirán de marco de referencia para elaborar las políticas y los procesos de servicio” (Aguilar, 2008)[2]. Las herramientas esenciales son el diálogo y la negociación.
Es un proceso complejo, porque articula las relaciones, no solo entre las partes y el sistema, sino entre las propias partes (y aquí es cuando se desliga el concepto de gobernanza de la concepción exclusivista que lo asocia solamente al poder para la jerarquía y el control) y entre el sistema y el ambiente, bien puede ser el contexto político-social nacional o el ámbito de las relaciones internacionales.
Es un proceso dinámico, porque su objetivo último será gestionar, resolver, mejorar las tensiones que se puedan generar producto de las interacciones enunciadas.
Cuando nos referimos a la gobernanza en un sentido normativo, se trata de ver el fenómeno como el modo gobernar basado en las mejores prácticas de gobierno posibles, es decir, seguir ciertos principios entendidos como norma. Entre ellos: la búsqueda constante de consensos, la accountability, la responsabilidad, la transparencia, la igualdad e inclusión, la eficiencia y eficacia en los procesos de gestión, ejecución y control de las políticas públicas, la participación consciente y efectiva, y el seguimiento de las reglas establecidas por el legislativo (Estado de Derecho).
Cuando nos referimos a la gobernanza en un sentido procesual, le vemos como un proceso que responde al par dialéctico causa-efecto. Es decir, ante la nueva gestión pública, el protagonismo de la sociedad civil, las acciones a favor de la democratización, la globalización, el surgimiento y desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, los gobiernos y la ciudadanía se involucran en un proceso gradual y ascendente. La solución de problemas que va unida a la generación de oportunidades y el fortalecimiento de las instituciones democráticas contribuye a llegar a la meta que es el buen gobierno.
[1] Aguilar, L. F. (2008). Gobernanza: normalización conceptual y nuevas cuestiones. Cuadernos de Liderazgo , 16-21.
[2] Munévar, M. V. (2010). ¿Qué es la gobernanza y para qué sirve? Revista Análisis Internacional (2), 221.
Fuente: Elaboración propia.
- Yoandy Izquierdo Toledo (Pinar del Río, 1987).
- Licenciado en Microbiología.
Máster en Bioética por la Universidad Católica de Valencia y el Centro de Bioética Juan Pablo II.
Miembro del Consejo de Redacción de la revista Convivencia.
Responsable de Ediciones Convivencia.
Reside en Pinar del Río.