Una y otra vez se repiten en Cuba los mismos errores, más allá de lo que diga la teoría económica o la evidencia empírica internacional y nacional, antigua y reciente, se siguen tomando decisiones administrativas que desconocen leyes naturales, principios básicos de funcionamiento de los mercados, y derechos fundamentales de las personas, para imponer una forma de hacer las cosas que una y otra vez ha demostrado no ser efectiva. Este es el caso de los topes de precios y controles “por la fuerza” que se impondrán a los productores privados para que no suban precios a niveles oficialmente definidos como “de precios especulativos” o “precios abusivos”, a raíz de la anunciada “tarea ordenamiento” recientemente anunciada.
Si se analiza la gravedad de lo que se propone y el peligroso eco desproporcionado que de ello se hace en los medios oficiales, no quedan dudas de que se avecinan problemas para el eslabón más débil de la cadena: los consumidores. A fin de cuentas, si los precios son extremadamente altos, o si los mercados están desabastecidos, esta es una realidad que afecta a los cubanos de a pie, y no a quienes experimentan -desde el gobierno- una y otra vez con la vida de seres humanos, aplicando fórmulas ineficientes, obsoletas, contraproducentes, y que han demostrado no funcionar para los fines que se proponen.
Topar precios y castigar a quien los suba no es la solución
Esta es la propuesta de las autoridades cubanas para supuestamente apoyar a los consumidores, protegerlos de los “mal intencionados” productores que solo buscan su beneficio y en consecuencia podrían aumentar sus precios. Esta forma de mirar el asunto es simplista, injusta e irreal. Ni todos los productores son mal intencionados, ni está mal que busquen su beneficio, ni se apoya a los consumidores de esta forma. Existen análisis suficientes y evidencia de que este tipo de controles de precios desestimula la oferta, si los productores no pueden vender a un precio que les resulte atractivo preferirán no vender, y una medida que quizás buscaba beneficiar a los consumidores terminará afectándolos gravemente pues aumentará el desabastecimiento. Esto ya lo hemos visto en Cuba, lo hemos sufrido recientemente.
Para nadie es un secreto la importancia de los productores y comercializadores (carretilleros y otros) privados en el sector agropecuario, por solo citar un ejemplo. Basta salir a la calle en busca de alimentos, para percibir que la mayor y mejor oferta en términos de calidad, a menudo viene de manos privadas. Hacerle la guerra a estos importantes actores económicos, en lugar de intentar “regularlos” mediante incentivos y estímulos, conducirá a más escasez, más mercado negro, y por supuesto mayores precios en el mercado negro a la hora de conseguir las cosas, para quienes sea posible acceder a dicho mercado.
Por otro lado, sería incoherente cuestionar la injusticia que se comete al plantear “castigos” a los precios desproporcionados en el sector privado, pero callar y justificar la desfachatez de algunos precios de empresas estatales, los precios de algunos servicios básicos como la electricidad, los precios de internet, los precios de los alimentos en tiendas en MLC, los precios de solicitudes de documentos y trámites de suma importancia, entre otros. ¿Pueden las empresas estatales cobrar tarifas especulativas y abusivas? ¿Se justifica en esos casos, pero para los privados no?
No deberíamos caer en el juego de los medios de comunicación oficiales, ni creer las mentiras y planteamientos contra-intuitivos e irracionales que a menudo escuchamos de nuestras autoridades como supuestas “fórmulas mágicas” para solucionar los problemas que nos afectan. Tarde o temprano nos decepcionaremos, cuando percibamos que los productores y comercializadores privados nos hacen un favor y no son nuestros enemigos, incluso cuando estén obligados a subir precios como una respuesta racional a las condiciones que impone un sistema económico ineficiente y con instituciones altamente extractivas. También percibiremos en algún momento que hay empresas estatales que sí nos están robando con sus precios y tarifas “abusivas y especulativas”, que sí afectan a la economía y al nivel de vida de los cubanos, y que sí debieran ser transformadas desde la raíz.
- Jorge Ignacio Guillén Martínez (Candelaria, 1993).
- Laico católico.
- Licenciado en Economía. Máster en Ciencias Sociales por la Universidad Francisco de Vitoria, Madrid, España.
- Miembro del Consejo de Redacción de la revista Convivencia.