En los últimos días el tema de la necesidad de aumentar los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) en Cuba ha estado presente en los medios nuevamente, específicamente luego de los cambios normativos anunciados la pasada semana respecto a los procesos de negociación para la aprobación de proyectos de IED. El objetivo de estos es lograr potenciar la inversión, necesidad vital para la economía cubana como requisito para su despegue y progreso, al menos 2500 millones de dólares anuales según fuentes oficiales.
En nuestro país las legislaciones para la IED han atravesado por dos momentos importantes en los últimos años, una primera apertura en los años 90s y la más reciente hace cuatro años, en 2014, cuando muchos cubanos alimentaron en su interior las expectativas de que finalmente se daría una verdadera apertura que haría despegar la economía. Sin embargo, ambas aperturas fueron una respuesta a la situación de crisis, para intentar al menos en teoría, aumentar los niveles de inversión, pero que en la práctica no fueron más que reformas cosméticas y superficiales, incapaces de generar el salto que se necesita en términos de IED. Con las flexibilizaciones de la semana pasada, que eliminan los estudios de factibilidad como requisito obligatorio previo para la presentación de proyectos de inversión, sucede lo mismo que con las anteriores reformas, sigue siendo un incentivo demasiado débil para potenciar las inversiones a los niveles que se necesitan.
En este sentido, algunos de los principales retos a los que se debe hacer frente, para lograr los objetivos de inversión que garanticen romper el círculo vicioso baja productividad-bajos salarios y otras distorsiones de la economía cubana son:
- En primer lugar, lograr que las propuestas de todos los cubanos para enriquecer las normativas para la IED sean tenidas en cuenta. A pesar de que en 2014 se realizó un proceso de discusión del proyecto de ley con los diputados de la Asamblea Nacional, la actual ley es parcializada y no recoge el sentir y las aspiraciones de muchos cubanos, pues los diputados del PCC no representan los intereses de la mayoría de los cubanos, sino, los de una parte de ellos.
- Garantizar la libre contratación de la mano de obra por parte de los inversionistas extranjeros. Primero que todo, la libre contratación de la mano de obra debería ser un derecho respetado. El hecho de que aún sea a través de las agencias empleadoras, la “selección, capacitación y contratación” de la mano de obra, genera algunos fenómenos negativos como: explotación de la mano de obra, corrupción y discriminación; lo que ha estado funcionando como un fuerte desincentivo para los inversionistas extranjeros.
- Más que una ley para la IED, necesitamos una ley de inversiones que incluya a los cubanos. La inversión extranjera directamente con cubanos, y la libre inversión de cubanos de dentro y fuera de la Isla siguen siendo retos ineludibles al respecto, además de requisitos para el desarrollo económico y social del país. Abundan los trabajos académicos que justifican esta tesis, y existen también experiencias internacionales que muestran lo beneficioso que puede llegar a ser una ley más inclusiva.
- Eliminar el predominio de criterios políticos e ideológicos sobre leyes básicas y naturales de la economía. Sigue establecida la intervención del Estado en todas las negociaciones a realizar para la inversión foránea. El Estado no tiene por qué intervenir en las negociaciones y menos tener potestad para tomar decisiones, a no ser que sea una de las partes (dígase inversionista o receptor de la inversión), o que la inversión en cuestión sea estratégica para el interés social.
- En resumen, se necesita un marco regulatorio para la inversión que respete la libertad de los cubanos y su papel como centro y fin de la actividad económica. Eliminar las restricciones a libertades básicas, se traduce casi automáticamente en una potenciación de las capacidades y del poder de decisión de los ciudadanos sobre nuestro futuro y el de nuestro país. Y esto, indudablemente, es beneficioso para que se avance hacia el desarrollo de las personas y del país.
Jorge Ignacio Guillén Martínez (Candelaria, 1993).
Laico católico.
Licenciado en Economía.