Los aumentos a las pensiones de la seguridad social (la pensión mínima pasa de 200 pesos cubanos a 242 pesos cubanos) y de la asistencia social (se incrementa en 70 pesos cubanos) anunciados la pasada semana, invitan a reflexionar sobre un tema tan delicado como la vulnerabilidad a la que se encuentran sometidas en Cuba las personas de mayor edad y aquellos que sufren algún tipo de discapacidad.
Cada día que pasa esta situación se torna más compleja específicamente cuando el país se enfrenta a fenómenos negativos como la migración masiva de miles de cubanos cada año, el envejecimiento poblacional y una tasa de natalidad por debajo de la tasa de reemplazo; lo que hace que la tasa de dependencia (expresa cantidad de personas inactivas por cada mil en edad laboral) cada vez sea mayor, generando una carga insostenible para la población económicamente activa. Muchos son los estudios e investigaciones que desde dentro y fuera de Cuba han venido denunciando cada uno de estos problemas en los últimos años, muchos también han sido los afectados que ante estos flagelos y la incapacidad de sistema de seguridad y asistencia social cubano sufren penurias innumerables.
Las propuestas para combatir estos males y mejorar las condiciones de la seguridad social existen también: promover una nueva ley de seguridad y asistencia social, expandir el sector privado para generar mayores empleos y oportunidades que permitan a los cubanos quedarse y contribuir al desarrollo del país, legalizar y promover el papel de la sociedad civil y sus instituciones como agentes indispensables para ayudar y promover a quienes tienen limitadas sus capacidades o ya no están en edad de mantenerse por ellos mismos, ampliar el papel subsidiario del Estado, promover un sistema mixto (público y privado) de seguridad social, entre muchas otras propuestas que los propios cubanos hemos venido generando.
Sin embargo, entre la realidad y las propuestas existentes, está la poca voluntad del gobierno de ocuparse de quienes necesitan asistencia y de retribuir justamente a aquellos que por años han desgastado sus vidas trabajando honesta y sacrificadamente. Sin dudas este es uno de los mayores retos que enfrenta la economía cubana en estos momentos, y avanzar en la dirección correcta implica saltar innumerables obstáculos; lo primero y más importante es situar el asunto en el lugar que corresponde, otorgarle la debida importancia y priorizarlo con políticas públicas audaces y estructurales.
Resulta difícil para los cubanos alegrarse plenamente con una medida -positiva- como el mencionado aumento de las pensiones y asistencia social, un aumento que no garantiza la compra de una comida más al mes para una familia de dos personas o que no es suficiente para comprar una bolsa de leche en las tiendas recaudadoras de divisa. Aún más difícil alegrarse cuando unos pocos días después otra noticia anuncia que el gobierno cubano accederá a 50 millones de dólares como parte de un crédito otorgado por Rusia para que Cuba compre armas, cuando con esta suma el aumento en las pensiones y la asistencia social podría haber sido casi cuatro veces superior a lo que fue.
Si se suman además los otros tantos millones de dólares que anualmente se destinan a actividades totalmente improductivas relacionadas con el ejército y la seguridad del Estado cubano, o los sistemas de vigilancia existentes en todo el país, quizás el aumento podría haber sido 15 o 20 veces mayor y entonces sí comenzaría a tener un efecto no tan superficial en la vida de los pensionados y discapacitados. Las preguntas en este sentido serían: ¿Qué es más importante para nuestro gobierno, armas para una guerra inexistente o invertir los pocos recursos existentes para un mayor bienestar de los cubanos? ¿Hasta cuándo se seguirá evadiendo la responsabilidad por las insuficiencias de nuestra economía y se seguirá culpando a otros por nuestros problemas? ¿Cuánto más se puede esperar antes de profundizar las reformas estructurales que permitirán un sistema eficiente, justo y responsable de seguridad y asistencia social? ¿Qué tan caro puede ser el precio que paguemos los cubanos si ante la ausencia de cambios oportunos la crisis existente se sigue agudizando? ¿Qué estamos dispuestos a hacer desde nuestros espacios para avanzar en la reforma necesaria?
Jorge Ignacio Guillén Martínez (Candelaria, 1993).
Laico católico.
Licenciado en Economía.