Si se analizan los discursos oficiales, los planes para la economía, las proyecciones de los medios gubernamentales, los documentos con estrategias y medidas para mejorar la economía, no podemos decir que el tema de la agricultura no sea de los más mencionados. Por el contrario, se menciona una y otra vez y se presenta en cada documento, en cada nuevo plan, como un sector estratégico al que se le dedicarán recursos y esfuerzos para lograr de una vez responder a la crisis de seguridad alimentaria existente, así como sustituir excesivas importaciones de alimentos y contribuir al desarrollo de la economía cubana.
En efecto, el desarrollo de la agricultura parece una prioridad para las autoridades cubanas, al menos en el discurso, en la teoría. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Por qué seguimos siendo dependientes del mercado externo para importar grandes cantidades de alimentos? ¿Por qué sigue existiendo gran restricción de oferta y como consecuencia, elevados precios de los alimentos? ¿Por qué la agricultura sigue siendo uno de los sectores que menos aporta al crecimiento de la economía (menos del 4%), cuando cuenta con una importante participación en el empleo, además de estar entre las prioridades declaradas por las autoridades?
Sucede que del dicho al hecho va un buen trecho
Sigue siendo prioridad controlar lo que se produce y cómo se produce, a quién se vende y a qué precio, en qué condiciones, etc. Sigue siendo un monopolio controlado la distribución y comercialización de los productos agropecuarios, siguen existiendo limitaciones inexplicables para la inversión, la contratación, el acceso a créditos, etc. Al mismo tiempo que se mantiene un monopolio en muchos procesos del sector, existen grandes niveles de ineficiencia de estos monopolios estatales, ya sea en la producción, el acceso a insumos, la distribución, y otros procesos vitales para la agricultura.
El gobierno mantiene un control férreo sobre espacios de decisión que deberían ser de libertad para los productores. Como resultado, además de la ineficiencia por no contar el gobierno -desde el nivel central- con la información necesaria para la correcta toma de decisiones, es también la falta de incentivos económicos para los campesinos. Una simple visita a los campos cubanos, demuestra que salvo pocas excepciones, la gran mayoría del campesinado no tiene incentivos adecuados, que les motiven a trabajar y a producir más.
Así mismo, existe desde hace muchos años un abandono continuo y creciente de los campos cubanos, en lugar de gente interesada en trabajar en la agricultura. Esa es la prueba fehaciente de la falta de incentivos del sector, que no atrae gente nueva y muchas veces es incapaz de mantener a los que están. Las condiciones de vida de muchos campesinos hablan también por sí solas.
Sigue existiendo una priorización a favor de criterios políticos sobre lo que debería ser el normal funcionamiento del mercado, que en lugar de ser regulado indirectamente para su mejor funcionamiento, es sometido a excesivos controles como si de un enemigo se tratara.Las prioridades, claramente apreciables en cada una de las intervenciones de los altos dirigentes, siguen siendo mantener un sistema económico que se ha probado erróneo a lo largo de seis décadas, insistir en la planificación centralizada, insistir en el predominio de la empresa estatal socialista tal y como la conocemos en Cuba, insistir en la intervención estatal excesiva en todos los espacios de la actividad económica.
Al menos se necesitan dos cosas para que las estrategias y prioridades declaradas por las autoridades cubanas sean creíbles. 1. Un cambio de enfoque en el que lo que importe sea el desarrollo real del sector agropecuario, esto implica eliminar los límites a las relaciones de mercado, reduciendo considerablemente los grados de centralización y de control sobre la actividad. 2. Una agenda con objetivos y acciones concretas, que permitan la materialización de esas estrategias. Esto es fundamental, de acuerdo con las mejores experiencias en cuanto a desarrollo del sector en otros países, especialmente en escenarios similares al cubano por su sistema político, como puede ser el caso de Vietnam.
Ir del dicho al hecho en el desarrollo del sector agropecuario cubano, es una cuestión de seguridad alimentaria, una cuestión de vital importancia para el bienestar de la gente y para el desarrollo del país. No hay espacios para la improvisación, para el empecinamiento en métodos ineficientes y contraproducentes, para la experimentación interminable con medidas y tímidas reformas con probada incapacidad. No hay espacios para perder tiempo, para dilatar procesos intentando hacer funcionar un sistema limitado desde su concepción, pues lo que está en juego es la vida de los cubanos. Es hora de actuar, hora de dejar de anunciar para pasar a la acción, dejar de declarar y prometer para hacer las cosas, de poner lo verdaderamente importante (el bienestar de los cubanos) en el centro de las decisiones.
La experiencia de otras reformas en el sector agrícola demuestran que no es complicado el camino a seguir, que es poco lo que hay que reformar para lograr impresionantes resultados positivos en poco tiempo. Se trata de dar libertad a la gente del campo para producir, para vender, para comerciar libremente, para fijar precios, para acceder a recursos e inversiones nacionales e internacionales. Con esos sencillos pasos, seguramente se puede lograr más que con todos los lineamientos, decretos, resoluciones, medidas, y tímidas reformas que en los últimos 10 o 15 años el gobierno ha estado impulsando sin que hayan tenido significativos efectos positivos para la agricultura, para la economía y más importante para la gente de a pie.
- Jorge Ignacio Guillén Martínez (Candelaria, 1993).
Laico católico.
Licenciado en Economía. Máster en Ciencias Sociales por la Universidad Francisco de Vitoria, Madrid, España.
Miembro del Consejo de Redacción de la revista Convivencia.
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