En los últimos días han estado circulando por las redes sociales informaciones referentes a la magnitud de la población penal en Cuba. Medios como El Nuevo Herald, ABC, 14ymedio y Diario de Cuba, entre otros, han estado reportando la noticia que ha surgido a partir de declaraciones de las organizaciones Cuban Prisoners Defenders y Civil Right Defenders en una rueda de prensa en Madrid. Más de 90 000 personas en prisión y otros 37 000 en condiciones de control judicial y policial, lo que sitúa al país caribeño de apenas 11 millones de habitantes en el primer puesto mundial en cuanto a población penal por habitante.
Los datos anteriores llaman mucho la atención, pues ponen de manifiesto al menos dos realidades existentes en Cuba. Por un lado la efectividad, tamaño y alcance del sistema represivo y de control cubano, y por otro lado los altos niveles de criminalidad, ilegalidad y corrupción existentes en la realidad cotidiana de los cubanos. Aspectos estos que no son sorpresa para los cubanos y con los cuales convivimos a diario en nuestros barrios, pero que rara vez escuchamos de ellos en los medios de comunicación, redes sociales, etc.
El primero de los factores (sistema represivo y de control) sin duda tiene un aspecto o una cara negativa y otra positiva. La efectividad de este pudiera señalarse como una de las causas que garantiza ciertos niveles de seguridad ciudadana ante realidades como el crimen organizado, mafias, narcotráfico, asesinatos, crimen con armas de fuego, etc., lo que definitivamente es positivo. No quiere decir que estas realidades no existan en Cuba, sino que los niveles en los que se encuentra, en comparación con otros países de la región, son bastante aceptables. Al mismo tiempo, el sistema represivo, su efectividad y alcance justifican a menudo violaciones de derechos humanos, excesos de las autoridades, coacción y violación de libertades básicas, lo que sin lugar a dudas es un fenómeno negativo asociado a los mecanismos de control y la manera como el derecho penal imparte “justicia en Cuba”.
Por otro lado, la segunda realidad de la que hablan los datos de la gran población penal existente en Cuba (corrupción, ilegalidades y criminalidad), tampoco son sorpresa para los cubanos, y representan temas con los cuales los cubanos nos encontramos más familiarizados por la experiencia e incluso porque se abordan en los medios. No son secreto en cuba los malabares que hacen los cubanos para comer, vestir, dedicar tiempo al ocio, con unos salarios de alrededor de 40 dólares al mes. No son secreto en Cuba los mecanismos que usamos los cubanos para abastecernos de algo cuando no lo encontramos en los mercados por la escasez existente, o los trucos y áreas grises mediante las que desarrollamos actividades en el sector privado o en la sociedad civil. Los cubanos sobreviven gracias a la corrupción y las ilegalidades, no por opción o porque lo consideren algo positivo, sino porque el sistema obliga a la gente a ello, y esta es otra realidad que explica nuestra amplia población penal.
Por último, algunas ideas que deberían desarrollarse en Cuba -y que dependen más de la voluntad del gobierno para implementarlas que de los ciudadanos- serían las siguientes: 1. Reformar los métodos de control-regulación de los procesos económicos y políticos. No es con reglas administrativas, no es con la fuerza, no es con el derecho penal que se cambian las conductas sociales, sino con incentivos reales para que la gente siga las reglas. La fuerza a menudo genera resultados adversos a los que se persiguen, su utilización genera nuevos y más problemas. Sí son necesarias las reglas de juego, pero estas han de ser justas, respetuosas de la naturaleza humana, los derechos y libertades fundamentales, y la persona humana, garantizando esto, no sería necesario una maquinaria tan desarrollada y potente de represión, pues el enfoque no sería el de controlar-manejar a los ciudadanos por la fuerza, sino el de protegerlos y guiarlos de acuerdo con las reglas de la democracia y la convivencia pacífica hacia la búsqueda del bien común. 2. Otra acción concreta que disminuiría el índice de presos por habitantes en Cuba sería la ampliación y legalización del sector privado para que la gente pueda buscarse la vida por sí mismos y de manera legal, ordenada, y eficiente. Al mismo tiempo la empresa estatal debe ser reformada para que sea más productiva y eficiente de modo que pueda garantizar un nivel digno de vida a sus empleados y la gente no tenga necesidad de subsistir-sobrevivir en la ilegalidad. Estas serían verdaderas reformas estructurales que definitivamente reducirían nuestra población penal, darían más credibilidad al gobierno, aportarían al progreso y desarrollo material y espiritual de la nación, y que -sobre todas las cosas- no plantean una gran dificultad para su implementación.
Jorge Ignacio Guillén Martínez (Candelaria, 1993).
Laico católico.
Licenciado en Economía.