La política, entendida como la actuación a favor del bien común, es una de las más apasionantes creaciones humanas.
En el entramado social pueden encontrarse diferentes tipos de “políticas”, las cuales siempre serán justificadas por quienes las crean y sustentan, o denostadas por los que se oponen a ellas.
La democracia es, hasta ahora, lo que más se acerca a los ideales de justicia, igualdad y prosperidad, a pesar de sus imperfecciones. Como bien dijo Winston Churchill, “la democracia es el peor sistema de gobierno a excepción de todos los demás que se han inventado”.
Cuando menciono el término “democracia” me refiero al sistema de gobierno elegido por los ciudadanos mediante el voto directo y secreto, verificable de forma transparente no solo por la entidad que organiza, controla y chequea el resultado de los comicios, sino por todo aquel que manifieste interés en hacerlo. Y al hablar de democracia lo hago teniendo en mente la idea de que en ella todas las personas naturales y jurídicas están sujetas al imperio de la ley e interactúan entre sí y con toda la sociedad en un plano de igualdad. En tales condiciones el reclamo de justicia goza de una efectiva tutela jurídica, la cual se ejerce independientemente de la voluntad del Estado.
Dentro de esa sociedad democrática, dos pilares fundamentales son el Estado de derecho y la sociedad civil.
El artículo 1 de la Constitución cubana expresa: “Cuba es un Estado socialista de derecho y justicia social, democrático, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos como república unitaria e indivisible, fundada en el trabajo, la dignidad, el humanismo y la ética de sus ciudadanos para el disfrute de la libertad, la equidad, la igualdad, la solidaridad, el bienestar y la prosperidad individual y colectiva”.
Lo primero que llama mi atención en este artículo es que a la frase “Estado de derecho” se le antepone el vocablo “socialista”, pero sin definir qué se entiende por “Estado socialista de derecho”, ambigüedad que ha sido una característica histórica de la legislación revolucionaria cubana, como también lo ha sido declarar un derecho en una legislación principal u originaria -como sin dudas es la Constitución- y luego limitarlo de forma tal en la legislación complementaria o en la interpretación que de él hace el poder ejecutivo, que su ejercicio se convierte en puro eufemismo.
Más allá de detenerme a analizar qué se entiende por Estado de derecho -algo que rebasaría los límites de este artículo- creo más oportuno hacer hincapié en el incumplimiento de este hermoso artículo de la Constitución cubana actual.
Según la filosofía marxista, la sociedad socialista constituye un peldaño superior en la historia de la sociedad humana, por tanto, en ella debe haber más justicia, derechos, libertades y prosperidad que en las sociedades capitalistas. Me ahorraré espacio y tiempo recordando esta verdad rotunda: la historia del socialismo, desde el golpe de Estado bolchevique de 1917 en Rusia hasta hoy ha demostrado todo lo contrario. Las causas de las distorsiones son muchas, en mi humilde opinión una de ellas ha sido desentenderse del propio legado filosófico marxista y hasta distorsionarlo. Marx concibió el alcance de esa sociedad como fruto de la conjunción de factores objetivos y subjetivos, y la historia de la implantación del socialismo en todos los países que lo han experimentado ha sido abrupta y desentendida de esa filosofía.
No puede hablarse de “Estado de derecho” en un país como Cuba, donde la Constitución no es el ente regulador superior de la sociedad, pues este papel corresponde al Partido Comunista. Toda la práctica social y política en Cuba, incluido el ejercicio de todos los derechos, no procede de esa Constitución, sino de la voluntad de la alta nomenclatura de ese partido.
No hay democracia donde solo se reconoce como legítima a una sola fuerza política, que en el caso de Cuba es el PCC, afianzado en el poder ilegítimamente pues jamás ha sido elegido por el pueblo para ocupar ese lugar. No puede haberla cuando los cubanos son hostigados y hasta encarcelados por el simple hecho de expresar opiniones políticas contrarias a las de los comunistas o por grabar videos sobre hechos reales y compartirlos en las redes sociales.
No puede hablarse de soberanía cuando en el máximo órgano de gobierno cubano, la Asamblea Nacional del Poder Popular, no se les puede pedir cuentas de sus ingresos y gastos a quienes nos dirigen y a sus familiares, ni se puede auditar o controlar a GAESA, el emporio económico más importante del país, ni se conoce cuánto dinero destina la dictadura a la represión interna de la oposición y a la defensa del país para evitar un presunto ataque externo que jamás ha ocurrido en más de 65 años.
No puede hablarse de libertad, equidad, igualdad, solidaridad, bienestar y prosperidad individual y colectiva cuando todo se evalúa según la posición y opiniones políticas de los ciudadanos, un mandato causante del desastre económico, político y social que hoy se evidencia en Cuba.
Cuba no está organizada “con todos y para el bien de todos” como deseó José Martí, fiel defensor de la democracia, quien, además, nos advirtió sobre el peligro de que un partido o una fuerza política se enseñorearan sobre todo el país, como ocurrió después del 1 de enero de 1959. Los cubanos que no apoyan al PCC no pueden organizarse en otra fuerza política ni contender civil y pacíficamente con este en comicios para optar por el poder. Quienes defienden este derecho humano son reprimidos de diversas formas, entre las que se reiteran el exilio o la cárcel.
Creo que en tales circunstancias hablar de “Estado de derecho” es una fantasía.
En cuanto a la sociedad civil, está claro que esta se entiende como “una parte de la sociedad -o de la ciudadanía- organizada con objetivos comunes cuya finalidad es elevar demandas a la esfera pública y, eventualmente, al Estado”, según puede leerse en el sitio web https://www.bcn.cl
La Constitución cubana solo reconoce como representantes de la sociedad civil, según se regula en su artículo 14, a “las organizaciones de masas y sociales que agrupan en su seno a distintos sectores de la población, representan sus intereses específicos y los incorporan a las tareas de la edificación, consolidación y defensa de la sociedad socialista”.
Tales organizaciones de trabajadores, estudiantes, campesinos, artistas y profesionales han sido creadas bajo la tutela del PCC. Realmente constituyen estructuras oficialistas cuyo verdadero fin es cumplir los mandamientos del partido dentro del sector que supuestamente representan.
Si un grupo de ciudadanos decide agruparse y crear una organización civil independiente en Cuba, debe pedir permiso al Registro de Asociaciones del Ministerio de Justicia con el objetivo de legalizarse y ser reconocido institucionalmente. Es decir, paradójicamente, corresponde al MINJUS decidir si valida algo que es un derecho humano establecido por la legislación internacional refrendada por Cuba.
La historia de Cuba desde 1959 hasta hoy es harto elocuente al respecto y se resume en una frase lapidaria: “Con la revolución todo, contra la revolución nada”. Donde quiera que ha surgido un intento de organización dentro de la sociedad civil realmente independiente del PCC, los gestores del proyecto han sido citados por la Seguridad del Estado, amenazados, hostigados y hasta encarcelados. Ninguno de esos proyectos ha recibido la aprobación del Ministerio de Justicia.
En un país donde el artículo 5 de la Constitución declara que el PCC es la fuerza política superior de la sociedad y del Estado, ente totalitario al que se subordina todo, hablar de Estado de derecho y de sociedad civil es una entelequia.
Conclusiones
Por lo que he expuesto muy sucintamente, no puede afirmarse que en Cuba haya un Estado de derecho, porque todo, incluida la administración de justicia, se rige por los ucases del partido comunista, un hecho que es el causante de las desigualdades, la falta de equidad en las oportunidades y muchas injusticias, sucesos que han provocado el aumento del descrédito del proyecto establecido por Fidel Castro Ruz cuando decidió traicionar el espíritu de los documentos programáticos de la revolución.
A pesar de las circunstancias adversas y aunque sea considerada ilegal, la verdadera sociedad civil cubana -considerada ilegal por el gobierno- continúa creciendo, fortaleciéndose y haciendo más visible su presencia, un fenómeno que reafirma que ninguna sociedad es homogénea y que no puede justificarse el desconocimiento del ejercicio de los derechos de todos sus miembros, incluidos los ciudadanos que forman parte de la oposición al partido o la fuerza política que ocupe el poder.
- Roberto de Jesús Quiñones Haces (Cienfuegos, 1957).
- Licenciado en Derecho por la Universidad de La Habana en 1981.
- Poeta, periodista independiente y ex preso político.
- Reside en Harrisonburg, EE.UU. desde noviembre de 2021.