Al poner la mirada en el discurso oficial en las últimas semanas y luego contrastar lo que se dice con la realidad que se vive y la propia actuación del gobierno, fácilmente nos podemos percatar de algunas contradicciones entre objetivos que se declaran y las estrategias que se trazan para alcanzar los mismos. Tal es el caso en la propuesta de constitución, donde se declara en varios artículos una intención del Estado de garantizar igualdad y progreso económico, mientras que por otro se plantea el predominio de la propiedad estatal sobre los medios de producción y de la empresa estatal socialista frente al sector privado y cooperativo.
La coyuntura actual de la economía cubana es propicia para que pongamos nuestra mirada sobre temas fundamentales como la pobreza, la creación de riquezas y la equidad; también me parece apropiado que en la nueva constitución sean tenidos en cuenta como aspectos fundamentales, aunque hasta ahora el anteproyecto no hace referencia alguna al tema de la pobreza. Al mirar la realidad, por un lado vemos una economía estancada, que no es un secreto para nadie, y por otro las reformas iniciadas por Raúl Castro una década atrás, que a pesar de ir en la dirección correcta (aunque lenta y superficialmente) imprimen retos ineludibles a la situación actual: unificación monetaria, reforma salarial, sistema de pensiones y asistencia social, el problema de la productividad, problemas poblacionales con un marcado envejecimiento, etc.
Afrontar estos y otros desafíos que existen o irán surgiendo en el camino, implica en primer lugar algunos principios básicos que apuntalen el éxito de las reformas, específicamente en términos de alcance y profundidad. En este momento que vive nuestro país necesitamos de políticas públicas coherentes con la realidad en que se vive, y no promesas que intenten sostener una ideología a toda costa, ni una constitución en la que se limitan los medios y opciones de los cubanos para hacer frente a la pobreza, propiciar un despegue económico, y garantizar la equidad.
Teniendo en cuenta lo anterior, algunas acciones que se deben implementar y además deberían quedar muy claras en nuestra constitución pueden ser: 1. Respeto y promoción -con mayores grados de protagonismo- de la propiedad privada, pues históricamente y en distintas realidades alrededor del mundo se ha probado su efectividad como uno de los medios más efectivos para generar progreso económico y combatir la pobreza; 2. Verdadera legalización de la riqueza, y no una legislación que por un lado dice reconocerla y aceptarla, y por otro restringe la empresa privada con una lista ridícula de actividades que pueden ser desarrolladas, habiéndose demostrado, además, que el pequeño sector privado es la forma de gestión más efectiva para la generación de riqueza en la Cuba de hoy; 3. Combatir la pobreza y avanzar en la equidad, implica también preocuparse por aquellos que por sí solos no son capaces de generar o acceder a los medios que necesitan para llevar una vida digna, es cuando la acción subsidiaria del Estado y sus instituciones debe hacerse valer.
Jorge Ignacio Guillén Martínez (Candelaria, 1993).
Laico católico.
Licenciado en Economía.