Jueves de Yoandy
La relación entre las reformas económicas y las reformas políticas continúa siendo uno de los debates más persistentes de la economía política moderna. Este ha sido un tema recurrente en el análisis de una posible transición en Cuba. ¿Por dónde podría comenzar? ¿Hacia dónde debería conducir? ¿La libertad de mercado engendra inevitablemente la libertad política, o pueden coexistir de forma indefinida el capitalismo de Estado y al autoritarismo? Son algunas preguntas que quizá muchos cubanos, embebidos en el néctar de los supuestos beneficios de las “176 medidas”, no nos hacemos, y deberíamos.
Durante varias décadas el mundo occidental funcionaba bajo una premisa al parecer reconfortante: la tesis de la modernización. El argumento resultaba sencillo, lineal, casi directamente proporcional: si un régimen autoritario abría sus mercados, permitía la propiedad privada y fomentaba el nacimiento de una clase media, la liberalización política seguiría el mismo rumbo de forma natural. Se creía que la incipiente prosperidad económica generaría ciudadanos con adelantos tecnológicos, acceso a capitales, internet y redes sociales libres y, tarde o temprano, eso conllevaría a la exigencia irrenunciable de derechos y libertades como el voto, libre expresión, asociación, religión, entre otras.
En algunos países de la cultura occidental, en el siglo XXI esa vieja certeza ha quedado caduca, se ha desdibujado en el horizonte. Lo que alguna vez pareció una ley de la sociología ha demostrado ser, en muchos casos, un profundo espejismo. La realidad nos ha enseñado que las reformas económicas no son un tránsito automático hacia la democracia; por el contrario, a menudo son el combustible que financia, articula, refina y sofistica al autoritarismo.
El auge del “capitalismo de Estado” demuestra que es perfectamente posible adoptar la eficiencia del mercado global mientras se mantiene un control implacable sobre la esfera pública, la prensa, la ciudadanía y la disidencia.
En estos regímenes, máxime en los que provienen de totalitarismo o postotalitarismo, el crecimiento económico no es el preludio de la apertura política, sino la herramienta perfecta para legitimarse. Las reformas vienen a ser una especie de contrato social implícito, donde el ciudadano cede libertades a cambio de orden, empleo y consumo. Una vez más se hace tangible el hecho de que la economía y la política viajan por canales indisolublemente unidos. Las reformas económicas sí son capaces de provocar cambios sociales; pero sus efectos son impredecibles y dependen de un factor crucial: la autonomía de las instituciones. Y en el caso cubano sabemos el blindaje de todas ellas y las dependencias y subordinaciones al Partido Comunista de Cuba, entidad superior de la sociedad y del Estado.
Cuando en un país tiene lugar el fenómeno de liberalización de la economía se generan al menos dos fuerzas contrapuestas. En primer lugar, la fuerza de la emancipación. Una clase media incipiente comienza a generarse de forma independiente al Estado y comienza a exigir demandas que el sistema autoritario no puede garantizar. Algunas de ellas: seguridad jurídica, claridad en cuanto a derechos de propiedad, disminución de la incompetencia, erradicación de la corrupción. Más tarde, o más temprano, la supuesta libertad económica choca contra el muro de la arbitrariedad política.
En segundo lugar está la fuerza de la cooptación. Es decir, el propio gobierno selecciona de entre los suyos, sin pluralismo ni importar criterios externos a la cúpula del poder, los líderes de las reformas y los nuevos salvadores. Al Estado seguir reteniendo el control de los sectores estratégicos, aunque se disfracen de privados o del esfuerzo de cada cubano, que ahora cuenta, las reformas económicas no crean empresarios libres, sino una oligarquía dependiente del favor político. En este segundo escenario la riqueza no descentraliza el poder sino que lo concentra. Y este podría ser un riesgo mayor que el que hemos vivido en los últimos años. El momento es decisivo, por tanto, así mismo deben ser las estrategias, no estratagemas para parchear la ripiada economía nacional.
Estas dos posibles fuerzas actuantes dan idea de que las reformas económicas no conducen de forma inevitable a las reformas políticas; más bien, actúan como un catalizador que acelera las contradicciones internas de un sistema que, por sí solo ya es contradictorio.
El mercado puede crear las condiciones materiales, pero no necesariamente los ciudadanos educados ética y cívicamente que protagonicen una transición ágil, ordenada y pacífica. La democracia nunca es un subproducto pasivo de la economía. La libertad política no se importa en contenedores de mercancías, no viene con la inversión extranjera, ni con las compañías de telecomunicaciones para superar el monopolio. Aunque todos son elementos necesarios, la libertad política se conquista mediante una fuerte actividad de la sociedad civil, un diseño institucional sólido, una Constitución sin ambigüedades y un marco jurídico sin vaivenes, con leyes complementarias que no coloquen al Estado por encima de las instituciones ni del ciudadano.
Si pensamos que la apertura al libre mercado hará el trabajo de democratizar el mundo por sí solo, no estamos siendo optimistas ingenuos, sino que estamos apartándonos de la responsabilidad política que nos corresponde a cada ciudadano.
El reciente anuncio de un paquete de 176 medidas económicas en Cuba es un claro ejemplo de este debate sobre la relación entre reforma económica y reforma política. Para ser anunciadas primero tuvieron que ser aprobadas por el Comité Central del Partido Comunista y la Asamblea Nacional. Es el factor clave para entenderlas no como un giro ideológico para poner fin a 67 años de un sistema que no funciona, sino como un mecanismo de ajuste para la supervivencia antes varios frentes abiertos y profundizados por la mala gestión.
El régimen cubano pretende “abrir” la economía para que el sistema respire, pero sin ceder un milímetro del control político. En una maniobra que los dirigentes llaman “actualización del socialismo”, las 176 medidas no contemplan una sola reforma que descentralice el poder político, que permita el pluripartidismo o que garantice libertades civiles básicas. Ello confirma que: los cambios económicos drásticos, si en verdad se logran implementar, no nacen del legítimo deseo de democratizar, sino de la urgencia de no naufragar en un mar de tempestades continuas. Hace falta vislumbrar un futuro luminoso para Cuba, y estas reformas anunciadas llegan con la oscuridad del apagón y la incertidumbre de cualquier experimento social en Cuba.
Foto: Tomada de El País.
Yoandy Izquierdo Toledo (Pinar del Río, 1987).
Licenciado en Microbiología.
Máster en Bioética por la Universidad Católica de Valencia y el Centro de Bioética Juan Pablo II.
Máster en Ciencias Sociales por la Universidad Francisco de Vitoria, Madrid, España.
Doctor en Humanidades por la Universidad Francisco de Vitoria, Madrid, España.
Miembro del Consejo de Redacción de la revista Convivencia.
Responsable de Ediciones Convivencia.
Reside en Pinar del Río.