La pandemia del Coronavirus ha despertado en el mundo un interés por el conocimiento de tipo científico. Los contenidos que antes podían ser consultados solo por representantes del gremio de la biomedicina, ahora son vistos también por un tipo de público deseoso de conocer los elementos más notables del virus, las técnicas de biología molecular empleadas para el diagnóstico y detección, y los posibles tratamientos en base a vacunas. Los grandes medios generadores de contenido deben “traducir” la información científica para ofrecer, con lenguaje sencillo, un mensaje que llegue a la mayoría de las personas.
Por otro lado, este largo periodo que hemos vivido bajo la incidencia de un agente viral, también ha estado marcado por la mezcla de ciencia y política en el desarrollo de candidatos vacunales y en la aplicación de estrategias de contención de la pandemia. Entonces, ante esta situación, debemos hacer valer los principios éticos relacionados con la investigación y el proceder con seres humanos. La sentencia maquiavélica de que “el fin justifica los medios” no puede validar éticamente ninguna variante. Tenemos que saber determinar, a través de un juicio ético, si es lícita o no la investigación de candidatos terapéuticos contra la COVID-19 utilizando líneas embrionarias procedentes de abortos, por ejemplo. O si la disminución del tiempo de los ensayos clínicos se realiza con la intención de acelerar la salida de un producto al mercado, y viola los periodos establecidos normalmente en los protocolos.
Entre la pregunta ética y la pregunta científica, que se plantean con frecuencia, debemos buscar una relación estrecha. Relacionar los fines últimos de la ciencia y de los proyectos de cada país, de cada institución, de cada laboratorio, con los fines propios de la persona humana es una salida viable. Elaborar diseños de investigación respetuosos de los principios fundamentales de la bioética, y aplicar herramientas transparentes, seguras y eficaces, da tranquilidad a la ciudadanía. La difusión de los resultados debe ser certera, sistemática y cien porciento verídica.
Cuando en el mundo se aplican ya varias vacunas contra la COVID-19, los cubanos vivimos con la incertidumbre sobre los candidatos vacunales autóctonos. Algunos, incluso sin saber aún la eficacia de la vacuna, dudan en ponérsela cuando esté accesible. Sobre todo preocupan las reacciones adversas que pueda tener (como preocupan de cualquier producto), y si de veras es capaz de inmunizar contra el virus. Toca esperar por los resultados que arrojen los ensayos clínicos, que deben ser transmitidos con total veracidad, sean como sean. Quizá en este punto esté el motivo de las dudas: desgraciadamente en Cuba casi todo pasa por el filtro de la política. De lo contrario no sería necesario ponerle nombre a las vacunas con una marcada carga semántica, políticamente hablando, ni elaborar mensajes publicitarios relacionados con argumentos políticos cuando se trata de logros científicos. La ciencia es una contingencia del Estado-Partido-Gobierno, y los resultados negativos pocas veces se reconocen y/o se publican. Producir una o varias vacunas, obviamente, es una ventaja para cualquier país: primero porque logra inmunizar a su población más rápidamente, ya que podría disponer del número de dosis necesarias a un costo menor por tratarse de un producto local; y segundo, porque una vez garantizada la vacunación masiva de su población, podría ofrecer el producto al mercado. Ahí podría radicar también la duda de muchos cubanos: ¿cuál sería la prioridad, el mercado o el uso interno?
Estas ideas surgen de la propia experiencia. El país ha tenido déficit de médicos en sus hospitales, pero no ha dejado de exportar médicos a otros países. El país atraviesa una crisis alimentaria irresistible, pero aparecen productos cubanos para la exportación en mercados extranjeros. El país no puede producir todas las medicinas necesarias, pero algunas de ellas pueden ser adquiridas en farmacias internacionales dentro de Cuba a precios exorbitantes.
En el caso de la pandemia del Coronavirus, al igual que muchas otras enfermedades, comercializar las vacunas o los tratamientos en general, no debería regirse por quién paga más. Eso es lucrar con la necesidad, pero desgraciadamente toda práctica tiene una justificación perfecta, y el mundo es regido, incluso en los países que se autoproclaman paradigmas de igualdad y justicia social, por las leyes del mercado.
- Yoandy Izquierdo Toledo (Pinar del Río, 1987).
- Licenciado en Microbiología.
- Máster en Bioética por la Universidad Católica de Valencia y el Centro de Bioética Juan Pablo II.
- Máster en Ciencias Sociales por la Universidad Francisco de Vitoria, Madrid, España.
- Miembro del Consejo de Redacción de la revista Convivencia.
- Responsable de Ediciones Convivencia.
- Reside en Pinar del Río.