Varias personas se me han acercado en los últimos días para comentarme sobre las intervenciones de las autoridades cubanas con motivo de las sesiones de la Asamblea Nacional que por estos días se desarrollan. Muchos se sorprenden ante las aseveraciones hechas por algunos representantes del gobierno y del parlamento de que el ordenamiento no es responsable por los problemas que se sufren hoy en la economía cubana, entre ellos la inflación. O ante aquellas otras, de quienes lejos de denunciar los fracasos del gobierno en su gestión económica, los encubren con pretextos –en alguna medida ciertos– como pueden ser la pandemia o las sanciones de los Estados Unidos.
Ciertamente no todos los problemas económicos de Cuba se explican por una causa. Ni las sanciones, ni la pandemia, ni el ordenamiento monetario son los responsables por sí mismos de los problemas existentes. Eso sí, detrás de todas estas posibles causas hay una variable común, y es la respuesta –o falta de ella– que las autoridades cubanas dan, y las políticas que diseñan e implementan –o no– para el desarrollo de la economía. De este modo, no hay forma de analizar la situación existente sin que el resultado apunte al hecho de que los grandes problemas –los nuevos y los que venimos arrastrando desde hace décadas– se deben principalmente a la mala gestión de las autoridades y no a un problema externo o coyuntural.
Incomoda a muchos que se culpe al pueblo, a los productores, a los comerciantes y otros grupos ajenos al gobierno de los problemas asociados a los precios y el desabastecimiento de los mercados minoristas. Incomoda que no se reconozca el fracaso rotundo que ha sido el ordenamiento monetario y las graves consecuencias que esto ha traído para la población, especialmente para los sectores más vulnerables. Incomoda que se exhorte a productores y comerciantes a cobrar sus productos más baratos para contrarrestar la inflación y al mismo tiempo no se bajen los escandalosos precios que cobran mercados e instituciones estatales, o que no se creen las condiciones para destrabar las fuerzas productivas lo que sería una verdadera y efectiva respuesta a la inflación.
Una vez más, el curso de los acontecimientos demuestra que las autoridades económicas cubanas desoyen a la academia, ignoran las lecciones de la historia, no escuchan las demandas del pueblo, gestionan la economía por decretos y con medidas que se alejan de la ciencia económica. El proceso de ordenamiento monetario fue demandado por la población y propuesto y analizado por la academia, desde mucho antes de que se acometiera. Los resultados de la mala secuencia y diseño, que hoy a duras penas reconocen las autoridades, fueron advertidos por muchísimos economistas antes de que este proceso iniciara, así como las posibles opciones para aminorar los potenciales efectos negativos de un proceso complejo como este. Sin embargo, todos esos consejos y propuestas académicas fueron desechadas por las autoridades.
De esta forma, es realmente contradictorio e inconcebible que se evada la responsabilidad, que se busquen justificaciones, que no se hable claro y se reconozcan los errores. La mala gestión de la crisis económica es responsabilidad principalmente de quienes deciden desde los ministerios qué hacer y cómo hacerlo, y son ellos quienes deben pagar las consecuencias negativas de su gestión. En muchos países solo hay una forma de pagar por la mala gestión: la renuncia, el dar paso a otros y a otras posibles soluciones.
Por otro lado, las soluciones no vendrán con exigencias y exhortaciones a la población, sino reformando de una vez un modelo de funcionamiento económico que en sesenta años ha demostrado su incapacidad para generar unas mínimas condiciones para crear bienestar y desarrollo económico. Una respuesta coherente y responsable, ante el fracaso que ha significado el ordenamiento, sería responder no con exhortaciones sino con más derechos y libertades económicas, con más incentivos, facilidades para comerciar, invertir, acceder a financiamiento, y otras actividades claves para los negocios.
No saldremos de la crisis buscando falsos culpables, ni evadiendo responsabilidades, mucho menos poniendo justificaciones ante la mala gestión de la economía. El crecimiento y el desarrollo económico hay que generarlos con reformas y cambios reales al modelo económico. Una vez más, vale la pena llamar la atención sobre lo crítica que es la situación y la importancia que tiene el tiempo como variable clave para las personas, para la economía y para la sociedad cubana en sentido general.
Jorge Ignacio Guillén Martínez (Candelaria, 1993).
Laico católico.
Licenciado en Economía. Máster en Ciencias Sociales por la Universidad Francisco de Vitoria, Madrid, España.
Miembro del Consejo de Redacción de la revista Convivencia.
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