Sin dudas, uno de los absurdos más incomprensibles de las nuevas regulaciones para los TCP es la insólita prohibición para que se desarrollen desde el sector privado la mayoría de las actividades profesionales. Un país que constantemente hace alarde de sus avances en educación, de lo calificado que son sus profesionales y de la importancia del conocimiento, la ciencia, la investigación, el arte, etc. Y al mismo tiempo, bloquea y condena a la ilegalidad, al exilio, o a la frustración profesional a millones de jóvenes (y no sólo jóvenes) deseosos de trabajar en Cuba y por el desarrollo y la prosperidad de Cuba, desde sus profesiones. Me refiero a periodistas, artistas, abogados, ingenieros, arquitectos, economistas y muchos otros que mucho pudieran aportar en un momento de crisis como el que se vive.
Por otro lado, aparece una segunda incongruencia imperdonable en esta política anunciada, y es que en un momento en el que dada la coyuntura económica que se vive se promueve la búsqueda de empleo, se descalifica a quien no quiere trabajar o se desempeña en la ilegalidad, y se habla de la importancia de que todos aportemos al país desde nuestros espacios y talentos, pero al mismo tiempo se bloquean las opciones a miles de profesionales que sí quieren trabajar pero en sus profesiones, que quieren quedarse en Cuba, que quieren aportar lo que saben, y que no quieren vivir de “invento” sino que quieren ganarse el sustento honestamente.
Se critica que no hay productividad, que la gente no aprovecha el tiempo ni da el máximo en sus empleos estatales, pero como resultado de estas políticas restrictivas en el mercado laboral, 1. muchas veces las personas tienen que trabajar en algo para lo que no han estudiado o que no les gusta, y 2. las condiciones laborales en centros estatales (prácticamente los únicos disponibles para los profesionales) son pésimas, van contra la naturaleza humana y por tanto desincentivan el trabajo y motivan al desempleo voluntario o la búsqueda de alternativas en la economía secundaria.
Lo anterior no son solo ideas articuladas, no son opiniones o formas de ver las cosas, es experiencia de vida. Es lo que me sucedió cuando terminé la universidad y se me asignó un puesto de trabajo, es también la queja que escuché en mis profesores ante salarios y condiciones de trabajo indignas, es lo que veo en mi familia y amigos que aún trabajan para el Estado. No son secretos para nadie las precariedades de los empleos estatales, como tampoco lo son las oportunidades que puede ofrecer el sector privado si se generara una apertura. ¿Por qué entonces no se genera la apertura necesaria? La respuesta, no es otra que el desinterés de las autoridades cubanas de promover la prosperidad y la sostenibilidad de la que tanto hablan, pues lo que verdaderamente importa es mantener el control político de la sociedad, mantener la economía y todo lo demás subordinado a la ideología y el sistema político.
En sentido general, no considero un paso negativo o hacia atrás las nuevas medidas sobre el trabajo por cuenta propia, pues, en definitiva, la actividad profesional ya estaba prohibida desde siempre, aunque con diferentes métodos. Sino que me parece un paso en buena dirección, pero muy insuficiente de cara a las necesidades de los cubanos, de cara al reto que impone la crisis económica actual, y que además prolonga y sostiene como algo plausible, un absurdo e injusticia total. Los cubanos todos, profesionales o no, deben tener derecho a escoger dónde quieren trabajar, deben tener derecho de crear sus propias empresas personales o colectivas, como medios para el desarrollo propio y social. Es una cuestión de derechos básicos.
El país paga hoy en día el costo de medidas como esta, y seguirá pagándolo, hasta tanto no se asuman las reformas estructurales que una y otra vez se han estado proponiendo desde la academia y reclamando desde la ciudadanía. Esta es vital. El potencial que tiene no debería ser menospreciado.
- Jorge Ignacio Guillén Martínez (Candelaria, 1993).
- Laico católico.
- Licenciado en Economía. Máster en Ciencias Sociales por la Universidad Francisco de Vitoria, Madrid, España.
- Miembro del Consejo de Redacción de la revista Convivencia.