La llamada “lucha contra las ilegalidades”, es algo que, en Cuba, se exacerba cada cierto tiempo. Se trata de un empeño extra para disminuir en algo, la comisión de delitos, especialmente de corte económico. Pero la misma frase encierra un problema de fondo: las ilegalidades son algo muy común.
Ilegalidades es un término aplicado a acciones que no llegan a ser delitos graves y que tampoco clasifican como actividades ilícitas, pero que representan un incumplimiento de la ley. Se trata de acaparamiento de productos racionados, venta de productos vencidos, o por encima del precio oficial, o de una calidad por debajo de lo aceptado, … Y, es curioso que el castigo a estas ilegalidades, no ha hecho que las mismas disminuyan. La verdad es que las podemos encontrar a cada paso, en cada empresa estatal, en cada negocio por cuenta propia, en cada casa…
La mayoría vivimos en la incertidumbre de ser atrapados con una compra de un producto adquirido de forma irregular, que puede ser desde carne de res hasta un producto de belleza o una pintura para la casa. Lógicamente, en Cuba funciona un mercado negro mucho más eficiente que el autorizado legalmente. Y, lamentablemente, ese mercado negro se nutre en su mayor parte, de los productos del mercado autorizado, que es, casi en su totalidad, estatal. O sea, que los productos vendidos en el mercado negro, con excepción de algunas importaciones que le son permitidas a los privados y algunos productos del campo, son sustraídos de las empresas estatales.
El fenómeno más sensible relacionado con “el enfrentamiento a estas ilegalidades”, es que muchos de los que son acusados y juzgados por ellas, son personas trabajadoras, educadas, cumplidoras de sus deberes sociales, familiares, laborales. Personas que son aceptadas y bien consideradas por la sociedad, se ven envueltas en procesos judiciales y sancionados, más frecuentemente de lo que una sociedad puede considerar normal. Lo que supuestamente se hace para defender al pueblo, es rechazado y lamentado por las personas a medida que lo saben.
Cuando en una sociedad, muchas personas decentes se comportan al margen de la ley, algo está fallando. Una de las cuestiones más evidentes es que los ciudadanos se ven en la imperiosa necesidad de incumplir la ley para sobrevivir con cierto nivel dignidad, debido a lo mal abastecido del mercado legal y de los racionamientos.
La ley es el acuerdo que nos damos para la convivencia social los ciudadanos. Cumplir la ley es deber de todos y velar por su cumplimiento es función de las autoridades. Supuestamente, cuando un ciudadano incumple la ley afecta la convivencia, a otro ciudadano o al bien común. Pero, cuando el incumplimiento de la ley, no afecta a otros ni al bien común, lo más probable es que se trate de normas que no tienen respaldo popular. Las leyes no se pueden convertir en un freno para que los ciudadanos decentes trabajen, vivan y progresen.
Por estos días de discusión de un nuevo proyecto de Constitución, se mencionan continuamente las leyes que deben respaldar los principios que están plasmados en la Carta Magna. Es el paso posterior a la aprobación de la nueva Constitución: plasmar en las leyes lo acordado.
Si las leyes expresan la voluntad de convivir respetando los derechos, con la libertad que nos corresponde limitada únicamente por el respeto a los derechos de los demás, la lucha contra las ilegalidades será cuestión de todos los ciudadanos. Si, por el contrario, las leyes siguen estando ajenas al bien y al progreso personal, los ciudadanos, que entendemos que es muy difícil cumplirlas, lamentaremos, en vez de celebrar que se castiguen las ilegalidades.
Karina Gálvez Chiú (Pinar del Río, 1968).
Licenciada en Economía.
Fue responsable del Grupo de Economistas del Centro Cívico.
Es miembro fundador del Consejo de Redacción de Convivencia.
Reside en Pinar del Río.
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