El término justicia social ha sido adoptado por la izquierda, casi todos los países socialistas o que se dicen socialistas pregonan en los medios de comunicación con gran énfasis sus aspiraciones de justicia social, ejemplo de ello son Venezuela y Cuba donde se declaran las intenciones del gobierno de conducir estas sociedades hacia un escenario de justicia social. En el caso de Cuba aparece en varios artículos de la constitución como un valor de la sociedad socialista que se construye.
Por supuesto, me alegra que en mi país se hable de justicia social y que se declare como uno de los valores de la sociedad que se construye. Sin embargo, me preocupa mucho que se manipulen los conceptos y bajo una idea interesante y agradable para todos los oídos se vaya en contra de los principios que dicha idea o conceptos implican.
Sin dudas es un tema al que se debe prestar mucha atención, pues puede ser utilizado de manera tramposa en países socialistas, mientras que resulta agradable para muchos en la sociedad la búsqueda de la justicia social, justifica una excesiva intervención y control estatal como medio para garantizarla. Lograr la justicia social no es tarea exclusiva del mercado como pudieran plantear los liberales, ni es responsabilidad que únicamente puede ser asumida por el Estado como plantean los socialistas. Lograr la justicia social implica un adecuado balance entre las fuerzas del mercado, la regulación estatal y un marcado protagonismo de la sociedad civil como fuerza soberana, que evalúa y guía tanto la función del mercado como la del Estado. Este balance que genera justicia social implica:
1. Un mercado que hace su función: generar riqueza y crecimiento económico. Existen las condiciones para que las fuerzas del mercado hagan prosperar la economía, se liberan las fuerzas productivas, se eliminan las trabas y la satanización de la riqueza. Los cubanos pueden invertir libremente, comerciar nacional e internacionalmente, generar riqueza y prosperidad personal, familiar y nacional.
2. Un Estado que cumple con su función reguladora sin pretender controlar todo, sin querer ser al mismo tiempo quien crea la riqueza, la distribuye y regula. Con su acción subsidiaria permite a la sociedad desarrollarse en todo su potencial sin caer en paternalismos que “lejos de enseñar a pescar, reparten peces”, y al mismo tiempo preocupándose y ocupándose de quien por razones inevitables no sea capaz de avanzar por sí mismo.
3. Una sociedad civil fuerte y madura capaz de asumir su papel protagónico, de representar los intereses de la gente, de generar debate público, de evaluar el accionar del mercado y del Estado, de proponer caminos y soluciones para los problemas existentes, de facilitar a sus ciudadanos el ejercicio de su soberanía.
Sin este balance fundamental entre estos tres actores determinantes, las aspiraciones de democracia, de desarrollo y de justicia social se alejan. La historia lo ha comprobado, ni el mercado ni el Estado por sí solos son capaces de garantizar estas tres aspiraciones sociales.
Para los cubanos una vez más surge el reto de repensarnos bien la propuesta de constitución que se discute, pues si bien el discurso de nuestras autoridades en repetidas ocasiones alude al concepto de justicia social y lo defiende como un concepto socialista, por otro lado, la realidad indica que no se toman las medidas necesarias para que esa aspiración llegue a consumarse. La nueva propuesta de constitución otorga excesivas facultades al Estado para hacer y deshacer según convenga al gobierno socialista, ata las fuerzas del mercado hasta el punto de ser impedimento para el tan clamado y necesario crecimiento económico, y obvia por completo la importancia, protagonismo, autonomía e independencia de la sociedad civil de manera que esta no tenga poder real de influencia sobre el Estado. De modo que, declarar la aspiración de justicia social y la importancia de la misma para la sociedad socialista -al menos en el caso de Cuba- no es más que una fachada que atrae a la gente por un lado y por el otro se encarga de que no haya verdadera justicia social sino poder del Estado socialista para hacer lo que quiera y cuando quiera.
Jorge Ignacio Guillén Martínez (Candelaria, 1993).
Laico católico.
Licenciado en Economía.