Ante la propuesta de nueva Constitución que se debate en Cuba, una de las mayores preocupaciones que vienen a mi mente es el tema del combate a la corrupción y la necesidad de mayor transparencia en todas las esferas de la vida económica, política y social. En el Proyecto de Constitución el tema de la corrupción se obvia completamente, apenas se menciona la palabra corrupción en una ocasión en el Preámbulo y como una referencia al pasado, tampoco existe un artículo que abra las puertas para una ley anticorrupción o algo parecido. En cuanto a la transparencia, sucede lo mismo, se menciona como una meta a garantizar por el Consejo Electoral Nacional en los procesos electorales, y luego de ello no vuelve a hablarse de transparencia en el texto propuesto.
No son secretos en Cuba la fuerza y alcance de la corrupción, día a día lo vemos, lo vivimos y lo sufrimos. Sin duda uno de los mayores males que sufre nuestro país, y uno de los mayores retos que hemos de enfrentar en el corto, mediano y largo plazo. Cambiar mentalidades y estilos de vida de generaciones de cubanos que han crecido en ambientes de corrupción e ilegalidades no será tarea fácil, comenzar por darle un rango constitucional a este tema creo que sería un interesante primer paso para dejar claro que el Estado y la sociedad cubana quieren caminar hacia una Cuba libre de esta plaga social y humana.
Al mismo tiempo la promoción del principio de transparencia, entendiendo el mismo -entre otras cosas- como acceso de los ciudadanos a información sobre la gestión de las instituciones de forma tal que la ciudadanía y la sociedad civil puedan evaluar y guiar dicha gestión, representa un principio fundamental para el fortalecimiento democrático en las sociedades actuales. La nueva Constitución cubana debería establecer este principio como una prioridad fundamental para combatir la corrupción existente y promover el desarrollo político, económico y social de nuestro país.
La buena noticia al respecto es que ya hay cubanos que se preocupan por estos asuntos y los reconocen como temas centrales (el Centro de Estudios Convivencia ha hecho su propuesta de ley de transparencia y ley anticorrupción que pueden ser consultadas en su informe sobre Marco Jurídico y Tránsito Constitucional en Cuba, disponible en www.centroconvivencia.org), y que existen también disímiles experiencias internacionales que muestran la importancia de la transparencia no solo para combatir la corrupción sino también para: 1. promover el desarrollo económico y social al crear condiciones favorables para impulsar las inversiones mediante la generación de un clima de confianza hacia la instituciones y gobiernos; 2. también en cuanto a la promoción del debate público y la participación al ofrecer a los ciudadanos informaciones sensibles con las que pueden formarse opiniones y argumentos para criticar constructivamente y proponer soluciones a los problemas existentes; 3. llevar un mayor control y evaluar sistemáticamente el tema de las desigualdades y la brecha entre ricos y pobres; 4. garantizar una gestión más responsable y comprometida de los servidores públicos; entre otras muchas ventajas.
Para Cuba la corrupción es un viejo asunto que luego de sesenta años de socialismo no ha podido ser erradicado, a pesar de haber sido una de las promesas de la Revolución; mientras que el principio de transparencia es relativamente nuevo para Cuba y el mundo en general. Ambos, sin lugar a dudas, dos temas íntimamente interrelacionados; el primero uno de los mayores enemigos de las democracias modernas como se puede apreciar al analizar la situación actual de países como México, Brasil, Venezuela; el segundo una gran oportunidad para la consolidación de sociedades democrática y la promoción del progreso económico, político, social y humano como se puede constatar al estudiar las experiencias de países no tan cercanos a Cuba como Noruega, Alemania, u otros países nórdicos.
Jorge Ignacio Guillén Martínez (Candelaria, 1993).
Laico católico.
Licenciado en Economía.