Cuba vive uno de los momentos más críticos de su historia en los últimos 60 años, al igual que en los años noventa, aunque con menos intensidad, la crisis económica en la que el país se encuentra, sumerge a millones de cubanos en un mal de vulnerabilidades que cada día hace más difícil la vida. Junto a los bajos salarios a lo largo de nuestra vida laboral, 767 pesos mensuales como promedio (aproximadamente 30 dólares) para alrededor de 90% de la fuerza de trabajo, se suma la preocupación por el futuro, con una pensión promedio de alrededor de 240 pesos al mes (aproximadamente 10 dólares), incertidumbre ante la realidad constatada de que nuestra población cada día envejece más, los jóvenes dejan el país y los que se quedan no quieren hijos o quieren pocos (tasa de natalidad inferior a la de reemplazo).
Por otro lado persisten limitaciones como una libreta de racionamiento de alimentos que apenas alcanza para una semana de alimentación, y que no garantiza una alimentación sana, precios altísimos para la comida, difícil acceso a medicamentos y muchos otros bienes y servicios de vital importancia, pensiones no indexadas a la inflación, entre otras dificultades que conforman un ambiente precario en el que se ven obligados a sobrevivir un gran número de cubanos que dependen del sistema de pensiones de la seguridad social. Cubanos que son personas retiradas, desempleados por motivos de salud, incapacitados, o quienes sufren otro tipo de vulnerabilidades.
En sentido general no existe la infraestructura necesaria para que esos ancianos que hoy tenemos y los que tendremos en un futuro cercano, además de quienes sufren otras vulnerabilidades, cuenten con un sistema de seguridad y asistencia social capaz de garantizar una vida en condiciones dignas. Si bien Cuba tiene fama internacional de ser un país con elevados niveles de desarrollo social, para nadie son secretos las realidades anteriormente mencionadas. Muchos son los retos existentes en cuanto a una reforma integral del sistema de seguridad y asistencia social en Cuba. En este sentido algunos principios básicos que deben ser tenidos en cuenta para avanzar a una sociedad cada vez mejor, donde todos tengamos garantizado un mínimo de bienestar son los siguientes:
- Universalidad de la seguridad y asistencia social. Cuba necesita un sistema de seguridad social y una asistencia social coherentes con el principio de universalidad, de manera tal que cada ciudadano jubilado o en condiciones de vulnerabilidad de algún tipo, tengan garantizado un mínimo de servicios que le garanticen una vida digna. En el caso específico de las pensiones la universalidad no significa que todo el mundo reciba lo mismo, sino que todos los que aporten a lo largo de su vida laboral deben ser beneficiarios del sistema de pensiones y en dependencia de cómo sea ese aporte. El aporte de todos los ciudadanos funciona como una fuente de financiamiento y al mismo tiempo como un mecanismo de participación, de responsabilidad y solidaridad para con los demás.
- Sistema subsidiario y solidario. El Estado inevitablemente debe asumir en determinados momentos criterios asistencialistas en términos de asistencia social, especialmente en casos cuando hay personas que por un motivo u otro son incapaces de conseguir y generar ellos mismos los recursos que necesitan para la vida, como pueden ser medicamentos, alimentos, u otros de vital importancia. Sin embargo, acudir a este asistencialismo debe ser una opción solo en casos donde verdaderamente las personas no puedan agenciarse por ellos mismos lo que necesitan, y no debe convertirse por el contrario en un mecanismo paternalista, populista y manipulador que detrás de una imagen de falsa solidaridad o equidad convierta al Estado en un ente todopoderoso. La subsidiariedad invita a intervenir solo cuando es necesario, y a salir al auxilio de quien no puede por sí mismo. La solidaridad hará que todos contribuyamos para que los más desfavorecidos en nuestras sociedades puedan recibir apoyo incondicional e impulsor de nuevas energías y esperanza.
- Sistema mixto con administración pública y privada. En Cuba después del año 1959 la seguridad y asistencia social ha estado administrada, supervisada y controlada totalmente por el Estado. Si bien la intervención estatal juega un papel importante en cuanto a su papel regulador, financiador y en cuanto a la atención subsidiaria a todos en la sociedad; las fuentes privadas de financiamiento, las empresas, mutuales o cajas de seguros que administren y gestionen la seguridad social, entre otras instituciones independientes del Estado, también pueden desempeñar un papel importante, especialmente si se desenvuelven en un ambiente competitivo y regulado por el Estado y la sociedad civil. Específicamente pueden contribuir a la capitalización individual en el sistema de pensiones, a mejorar la calidad de los servicios mediante la competencia, y a una mayor democratización y descentralización del sistema de seguridad social, aportando también a una mayor transparencia.
Jorge Ignacio Guillén Martínez (Candelaria, 1993).
Laico católico.
Licenciado en Economía.