Es común que las autoridades cubanas se refieran a las personas que cometen delitos como “lacras sociales”, “seres despreciables”, “gente marginal”, “inescrupulosos, delincuentes” y cuanto epíteto peyorativo exista. Especialmente cuando se trata de una persona desafecta al sistema. Pareciera que estas personas no merecen perdón, valen solamente por sus acciones, cometen delitos por alguna razón extraña, ajena al sistema y a la realidad que se vende en la propaganda, donde todos tenemos educación, cultura y atención social. Una realidad paralela en la que supuestamente no hay motivos para que haya delitos en Cuba.
Curiosamente, mientras se ve esto por un lado, por otro los datos muestran que Cuba tiene una amplia población penal, destacando incluso frente a muchos otros países, cuando se compara la población penal en relación con la cantidad de habitantes del país. Y específicamente en momentos de crisis como el actual, las condiciones para un aumento de la delincuencia y los delitos en términos generales, dado lo dura que se torna la realidad y las pocas oportunidades de sobrevivir legalmente.
Desde niños se enseña en las escuelas eso de que somos el pueblo –o uno de los pueblos– más cultos del mundo, y se vende la idea de que el delito ocurre por motivos que nada tienen que ver con los serios problemas económicos, políticos y sociales que tenemos. Sin duda, una total falacia. Todas las personas somos parte de una comunidad y de una forma de vida en sociedad, y como tal, nos beneficiamos o en su lugar somos víctimas de los altos y bajos de la misma. Nuestros comportamientos no son responsabilidad exclusiva de uno mismo, como tampoco lo es la forma como se lidia con ellos.
En presencia de un orden político –que como forma principal de respuesta– castiga, reprime y somete a los ciudadanos, como es el caso cubano, lo que se considera delito y el trato a la persona que lo comete debe evaluarse con mucho cuidado, pues las consecuencias pueden ser profundamente inhumanas. ¿Qué pasa cuando es delito intentar abandonar el país, o emigrar de una provincia a otra? ¿Qué pasa cuando es delito protestar pacíficamente, o disentir, organizar una iniciativa ciudadana para cambiar algo, solicitar una reforma del sistema, crear un medio de comunicación independiente, etc.? ¿Qué pasa cuando el propio ejercicio de los derechos humanos es considerado delito, y aunque en las leyes se reconozca en la práctica no se respeten?
Si nos vamos al campo de la economía podríamos preguntarnos cómo vive una persona con un salario sumamente insuficiente, y cómo es posible que esa forma de vida que muchos encuentran (la corrupción) sea penada, mientras que quien paga un salario inhumano no es sujeto de sanción alguna. Cómo es posible que una revendedora –a menudo personas vulnerables– sea encarcelada, y quién no le ofrece un trabajo justo, ni un salario digno, ni oportunidades reales de reinserción laboral y social, permanezca en un cargo de dirección por años sin sufrir la más mínima amonestación.
Podríamos poner muchísimos más ejemplos de estos absurdos que vivimos cotidianamente los cubanos. El sistema propicia –o cuando menos, facilita– que las personas estén en una posición “delictiva”, a veces por cosas que no son de ninguna manera delitos, como es el caso del ejercicio de derechos y libertades. Lejos de crear condiciones para que se eviten los delitos, se facilita que la gente viole la ley, pues esta a su vez viola derechos y libertades fundamentales de la persona. De este modo, es común que el propio sistema, por su carácter opresivo incentive indirectamente a las personas a cometer delitos.
Pero este no es el único problema, sino que también aparece la cuestión de cómo se actúa, cómo se relacionan las autoridades con el delito y la persona que lo comete. Es frecuente que predomine el castigo y el encierro, en lugar de otras formas más proactivas y beneficiosas de lidiar con quienes se equivocan. El perdón, saber ceder, el reconocer al otro como alguien valioso a pesar de sus actos, alguien que merece la oportunidad de cambiar el rumbo de sus actos y que por tanto nos necesita como apoyo fundamental en ese camino, son cuestiones importantísimas que debemos aprender e incorporar a los sistemas legales y penales.
No hay dudas de que perdemos todos con estos sistemas que castigan en lugar de educar y atender con una mirada más humana a quienes cometen delito. Formar personas libres y responsables, instituciones fuertes e inclusivas, una sociedad civil viva y fuerte, una ciudadanía participativa, entre otras, son necesidades urgentes en Cuba.
En este mismo sentido, el no ir a la raíz de los problemas, el no actuar sobre lo que verdaderamente es determinante para el problema de los delitos, es la causa principal de que sigan sucediendo. El sistema educativo, el trabajo de las organizaciones intermedias, la atención social a los más vulnerables y desfavorecidos, el papel de los medios de comunicación, la generación de una cultura más humana, son las verdaderas prioridades a las que se debe atender. Solo con castigo no se eliminan los delitos. La realidad cubana es un buen ejemplo, y especialmente con las circunstancias actuales donde se opta por castigar, reprimir, encerrar a todo el que protesta contra el sistema, en lugar de ofrecer otras respuestas.
Jorge Ignacio Guillén Martínez (Candelaria, 1993).
Laico católico.
Licenciado en Economía. Máster en Ciencias Sociales por la Universidad Francisco de Vitoria, Madrid, España.
Miembro del Consejo de Redacción de la revista Convivencia.
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