Sociedad civil en contextos de transición. Cuba y las nuevas dinámicas de la sociedad civil

Foto de Archivo Convivencia.

1. Sociedad Civil y transición. De la acción colectiva a la acción conectiva

La sociedad civil es una de las variables determinantes del cambio político. En los estudios clásicos sobre las transiciones democráticas en Europa Mediterránea durante los años 80’, y posteriormente, durante las transiciones post soviéticas a principios de los 90’, la sociedad civil adquiere una relevancia particular, porque funciona como un espacio de articulación entre el estado, la ciudadanía y los procesos de cambio institucional. Entendida como el conjunto de organizaciones sociales autónomas autogestionarias que desde el punto de vista identitario, organizativa y movilizativamente, canalizan demandas sociales, promueven la participación política, vigilan y confrontan el desempeño gubernamental y fortalecen la cultura democrática. Sin embargo, en el contexto contemporáneo, caracterizado por la expansión de los medios digitales y la transformación de la esfera pública, el concepto de sociedad civil debe ampliarse para incorporar nuevas dinámicas de comunicación política, movilización en red y deliberación pública.

En este sentido, la sociedad civil en países en transición democrática no puede definirse únicamente por sus organizaciones formales, sino también por los procesos comunicativos y las redes de acción colectiva que estructuran la participación política. La sociedad civil contemporánea en países en procesos de transición democrática es un espacio plural de interacción social y comunicación pública, compuesto por ciudadanos, organizaciones y redes sociales que articulan demandas colectivas, participan en procesos deliberativos y movilizan recursos políticos para influir en la transformación y legitimación del orden democrático.

Como se puede apreciar, esta definición incorpora tres dimensiones fundamentales: a) la dimensión deliberativa; b) la dimensión organizativa; y la c) dimensión comunicativa. Desde la perspectiva de la democracia deliberativa, la sociedad civil cumple una función esencial en la generación de espacios de discusión pública sobre asuntos políticos y sociales. Estos intercambios deliberativos permiten cuestionar estructuras autoritarias previas, generar consensos sobre nuevas reglas institucionales, y promover valores democráticos. La sociedad civil actúa así como un laboratorio de legitimidad democrática, donde las decisiones políticas pueden ser discutidas, criticadas y reformuladas. No obstante, en las transiciones democráticas este proceso suele enfrentar desafíos como las desigualdades sociales profundas, la debilidad institucional, y las herencias autoritarias en la cultura política. Por ello, la deliberación en la sociedad civil suele ser conflictiva, fragmentada y desigual.

Desde el punto de vista comunicativo hay que reconocer las transformaciones actuales en la estructura de la esfera pública, provocados por los efectos de fenómenos como la creciente digitalización, plataformización y algorimización de la esfera virtual y la segmentación y targetización de las audiencias. El efecto de los algoritmos se refleja en la configuración de redes cerradas de consumo circular a partir de preferencias compartidas que refuerzan valores y predisposiciones cognitivas y culturales. El llamado ‘sesgo de confirmación’, reforzado por la disonancia cognitiva -evitamos información que contradiga nuestros valores- , segmenta y potencia la polarización ideológica y afectiva, la circulación de desinformación -fake news- y la infodemia -información de baja calidad-, y tiende a fragmentar el debate público. La expansión de internet y las redes sociales ha ampliado las posibilidades de participación política, pero también ha introducido nuevas formas de conflicto discursivo y de competencia narrativa. En este sentido, la sociedad civil se ha convertido en un campo de disputa simbólica donde diferentes actores compiten por la atención y la configuración de estados de opinión pública.

La dimensión organizativa está relacionada con las nuevas dinámicas de la acción colectiva, llamada acción conectiva. Los estudios sobre el modelo clásico de acción colectiva definen a los movimientos sociales como organizaciones jerárquicas con un liderazgo institucional que moviliza recursos basados en una identidad colectiva fuerte a partir de marcos interpretativos comunes. Sin embargo, las formas emergentes de acción conectiva moviliza políticamente la participación individualizada en redes descentralizadas, horizontales, de difusión viral de narrativas personalizadas en redes sociales. En lugar de identidad colectiva, estas movilizaciones se articulan mediante marcos de acción personal (personal action frames). Estos marcos suelen ser particularmente eficaces porque permiten que los individuos interpreten el problema político desde sus propias experiencias personales.

Uno de los aportes más importantes del concepto de acción conectiva es que redefine el papel de la comunicación en la política. Si en el modelo clásico de acción colectiva la comunicación es un instrumento de movilización, en la acción conectiva la comunicación se convierte en la propia estructura organizativa de la movilización. Las redes sociales permiten que los individuos coordinen las acciones políticas sin necesidad de estructuras organizativas formales. En este sentido, las plataformas digitales funcionan como infraestructuras organizativas, espacios de coordinación y mecanismos de difusión que favorecen formas más fluídas y complejas de identidad política.

En los países en procesos de transición democrática, la sociedad civil contemporánea se configura como un espacio dinámico de interacción entre la comunicación pública, la deliberación política y la movilización colectiva. A diferencia de las concepciones tradicionales, que la definían principalmente como un conjunto de organizaciones intermedias, la sociedad civil actual debe entenderse como una red compleja de actores y procesos comunicativos que participan en la construcción y legitimación del orden democrático. En este sentido, la sociedad civil contemporánea no solo articula demandas sociales, sino que también contribuye a configurar la esfera pública, generar deliberación política y promover nuevas formas de participación democrática en contextos de cambio institucional.

2. La sociedad civil en transición: Cuba 2026, transición “bloqueada” y apertura cívica restringida

Cuba no encaja en un modelo de transición pactada con pluralismo institucional creciente. Sus características se asemejan más a un escenario de cambio social y contestación con cierre político significativo, donde el estado conserva fuertes capacidades de control sobre la asociación, los medios y la protesta. Desde mi punto de vista, el modelo cubano está condicionado por dos rasgos estructurales:

a) El control asociativo basado en la Ley de Asociaciones de 1985, donde el estado registra selectivamente solo a organizaciones que sean supervisadas o afines, lo que restringe drásticamente el espacio para ONG e iniciativas cívicas independientes.  
b) La represión cívica en escalada: reportes de diversos organismos (OEA, HRW, etc.) documentan patrones sistemáticos de hostigamiento, detención y represión dirigidos a la prensa independiente y a sectores de la sociedad civil, con una nueva escalada en 2025-2026.

Ambos elementos tienen importantes implicaciones para ‘el modelo cubano’: la sociedad civil no opera como una “intermediación normalizada” entre estado y ciudadanía, sino como una arena de disputa con costos muy altos para la participación cívica independiente. Las tres dimensiones anteriores de la sociedad civil en transiciones democráticas adquieren características propias en el escenario cubano.

La dimensión Deliberativa se define por su Asimetrías de Voz en tres segmentos con distintos niveles de tolerancia estatal y costos para sus participantes: i) los espacios institucionales y paraestaatales con funciones de socialización política donde los márgenes de crítica efectiva son estrechos, pues lo deliberable está condicionado por lo “políticamente permitido”; ii) los espacios de “deliberación tolerada” como espacios religiosos, comunitarios y culturales que producen cierta discusión pública y prácticas solidarias, pero bajo condiciones de vigilancia variable y con restricciones regulatorias documentadas; y, iii) los espacios de “deliberación penalizable” por su énfasis crítico sobre temas polémicos de interés público como derechos humanos, marginalidad, violencia social, derechos cívicos, etc. Estos espacios enfrentan detenciones, hostigamiento y vigilancia sistemática por el estado. Organismos internacionales (OEA) reportan una escalada en 2026.  

La dimensión Comunicativa se caracteriza por ser un ecosistema comunicativo triple: una esfera pública simultáneamente habilitante que permite coordinación y denuncia, pero distorsionada por miedo, vigilancia y sanción, así como emocionalmente “caliente” y polarizada. El control estatal tiene su instrumento legal en el Decreto-Ley 35 que sanciona contenidos digitales considerados problemáticos, pero en la última década se ha desarrollado un espacio virtual diaspórico con un vigoroso potencial contencioso de deliberación y denuncia de violaciones del estado.

La dimensión Organizativa se caracteriza por su hibridación y la acción conectiva. De un lado las organizaciones paraestatales que operan con recursos y reconocimiento oficial, pero integradas al sistema estatal. Estas organizaciones son parte de la gobernanza social más que un contrapeso autónomo. Del otro lado, las organizaciones independientes informales que por las restricciones de registro y los riesgos de represalias operan sus iniciativas cívicas en “baja visibilidad” o reubicadas parcialmente en la diáspora. Es importante subrrayar que en regímenes transicionales donde el registro de una asociación cívica es costoso, la acción colectiva se vuelve conectiva a partir de un instrumentalización de la esfera virtual para el desarrollo de campañas de denuncia de violaciones de derechos humanos, actos de corrupción gubernamental, campañas de solidaridad con presos políticos, injusticias sociales, circulación de evidencias, micro-redes de ayuda y apoyo transnacional. En este sentido, el desplazamiento del capital cívico hacia el exterior, fundamentalmente periodistas y activistas que rearticulan redes transnacionales es un rasgo estructural del caso cubano.

3. A modo de conclusión

Los apuntes anteriores son parte de un ejercicio analítico en desarrollo para construir un modelo teórico sobre la sociedad civil en el periodo de transición en Cuba. Los rasgos identificados me permiten plantear a la sociedad civil cubana como un campo híbrido de intermediación social y disputa pública, donde coexisten organizaciones autorizadas integradas a la gobernanza estatal y redes cívicas independientes, mayormente conectivas -frecuentemente informalizadas o transnacionalizadas- que operan en una esfera pública digital ampliada, pero intensamente regulada y polarizada, con alta asimetría de voz y costos elevados para la deliberación crítica. La alta hibridación estructural y el crecimiento relativo de la acción conectiva e incidencia transnacional del modelo cubano es una respuesta adaptativa a las restricciones asociativas formales del régimen.

En un modelo general, cuando las tres dimensiones (deliberativa, comunicativa, organizativa) se refuerzan, la sociedad civil empuja hacia la democratización. En Cuba, la interacción típica entre las tres dimensiones parece seguir un patrón diferente y recurrente: estamos en presencia de una dinámica de contienda y control, con ciclos repetibles de protesta, represión y reconfiguración de redes.


  • Carlos Manuel Rodríguez Arechavaleta
  • Profesor-Investigador Universidad Iberoamericana Ciudad de México.
  • Doctor Ciencia Política.
  • Reside en Ciudad de México.
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