Por Leonel de la Cuesta
El día que en Cuba se decida modificar o cambiar la Constitución de la República actualmente en vigor, uno de los aspectos más importantes sin duda sería la reestructuración integral de la Administración Pública. Es más que evidente que existe una plétora de ministerios y otros organismos del Estado. Por ejemplo, ¿por qué tener dos ministerios de comercio y dos de educación, por no citar sino dos de los más conspicuos casos?
Las actividades administrativas encomendadas a cada uno de ellos podrían llevarlas a cabo un solo organismo con lo cual la coordinación entre ambos sería mucho más fácil, efectiva y se necesitarían menos empleados. Tantas dependencias de la Administración Pública han producido una gigantesca burocracia que lejos de ser un auxilio para el ciudadano de a pie constituye una fuente de ineficiencia y corruptelas de efectos francamente negativos. Es un mal muy viejo, cuyos orígenes habría que buscarlos en el desgobierno colonial, reflejo a su vez de la mala administración pública de España, pintada con mano maestra por el insigne Mariano José de Larra en su inmortal “Vuelva usted mañana”.
El mal ha crecido en los últimos años. Ya el 9 de diciembre de 1979, así casi treinta años, Raúl Castro Ruz hizo un fuerte ataque contra el burocratismo según reflejan los periódicos de la época.
El crecido número de funcionarios y empleados públicos habría que reciclarlos en otras actividades, capacitándolos para que desempeñaran funciones distintas por los economistas como rentarles social e individualmente.
Por otra parte, hay que profesionalizar la Administración Pública creando la carrera administrativa y basarla en la formación profesional especializada y no exclusivamente en la lealtad ideológica. La formación de cuadros administrativos no políticos se impone ante la situación actual del país. Sobre la base ética de origen ideológico tiene que levantarse el conocimiento técnico de la rama de la actividad pública de que se trate. El Dr. Héctor Garcini Guerra en su obra Derecho Administrativo, publicada en La Habana en la Editorial Pueblo y Educación en 1982 (pp.152-53), mantiene que los empleados públicos no deben disfrutar de “condiciones de trabajo más ventajosas” sino que deben “considerarse parte de las masas de trabajadores e incorporarse junto con la clase obrera, a las tareas de la revolución.” Creo que son poco felices las afirmaciones de mi viejo maestro en la Facultad de Ciencias Sociales y Derecho Público de la Universidad de La Habana. Fundamentalmente porque van en contra de la realidad cotidiana. No tienen las mismas condiciones de trabajo los funcionarios y empleados de los ministerios de Relaciones Exteriores, del Interior y de Defensa que los de Obras Públicas o Comercio Interior. Resulta absurdo poner en un mismo nivel a un cirujano oftalmólogo y a un picapedrero.
En 1908 se dictó la Ley del Servicio Civil la cual nunca se aplicó integralmente en la Cuba anterior a 1959, pues las resoluciones de la Comisión del Servicio Civil eran muy frecuentemente declaradas de imposible cumplimiento por el gobierno de turno. Sería muy conveniente revisar este centenario instrumento cuya utilidad actual no puede juzgarse por su fecha de promulgación, aunque claro está, tampoco podría aplicarse al pie de la letra.
No abogo por el establecimiento de un régimen de privilegios irritantes a favor de los servidores públicos, sino de un sistema que evite en lo posible la corrupción y les asegure una forma de vida digna, pero que a la vez no los exima de la condigna responsabilidad administrativa, civil y hasta penal si incumplen sus deberes.
Ahora bien, junto a la reducción de los órganos administrativos y la especialización de los servidores públicos, habrá que crear otros cargos en este sector. Por ejemplo, el de Defensor del Pueblo u Ombudsman, encargado de proteger a los ciudadanos agraviados por el Estado, especialmente en lo relativo a los derechos cívicos y las libertades públicas consagrados en la Constitución y las leyes de la República.
El Ombudsman es un funcionario creado por el derecho escandinavo, específicamente en Suecia, que ha entrado en los ordenamientos jurídicos de España, Francia, el Reino Unido, Portugal y otros. Al Ombudsman se le llama Defensor del Pueblo en España. Según el país puede ser designado por el gobierno o el parlamento. Curiosamente en Israel se le llama Comisionado para las quejas del pueblo. En resumen este funcionario es como un fiscal especializado en la defensa de los derechos garantizados por la Constitución con independencia del gobierno y constituye un complemento del sistema de garantías judiciales de dichos derechos. En la historia cubana reciente tuvimos una mujer que desmpeñó extraoficialmente esa función: Celia Sánchez Manduley.
El Ombudsman maneja básicamente (depende del país) dos procedimientos, o recursos, o acciones, a saber: el habeas corpus y el Amparo.
El habeas corpus, como es sabido consiste fundamentalmente en forzar la revisión judicial de cualquier privación de libertad. El mismo aparece en el Código Penal vigente aunque no se emplea con frecuencia.
Mucho menos conocido en Cuba es el Amparo. Los tratadistas encuentran sus orígenes en el “Fuero de Manifestación del Derecho”, institución medieval aragonesa, aunque ha sido en Hispanoamérica donde se ha desarrollado extensamente, especialmente en Méjico, país en el que se emplea inclusive en lugar del habeas corpus. El Amparo -según unos, proceso, según otros, recursos- se puede utilizar para defender al ciudadano contra las disposiciones legales o actos de la autoridad pública que violen los derechos ciudadanos. En Méjico el procedimiento es sumarísimo y muy fácil. De hecho lo puede interponer sin asesoramiento de parte letrada cualquier persona que se considere agraviada. Curiosamente sus efectos están limitados al caso planteado sin que pueda contener declaración general alguna que se considere como precedente para futuros casos similares.
El tema de la reestructuración de la Administración Pública es muy extenso. Lo anterior es solo una visión un tanto impresionista y por ende incompleta, pero espero que arroje alguna luz sobre la problemática de un sector importantísimo de la vida pública de nuestro país.