El 28 de octubre de 2025, el huracán Melissa, de categoría 3, atravesó el oriente cubano de sur a norte dejando techos arrancados, barrios sumergidos y un paisaje saturado de agua, miedo y fragilidad. Una vez más, la isla quedó expuesta a una emergencia ambiental que ya parece permanente. Pero tras el estruendo de los vientos emergió, puntual, un enemigo más silencioso: los mosquitos.
En los charcos dispersos por todas partes, en los depósitos improvisados por la escasez de agua, en las ciudades sin recogida de basura, volvió a multiplicarse el Aedes aegypti, convertido hace años en metáfora de la disfunción estatal y del deterioro de derechos esenciales. Las arbovirosis (dengue, chikungunya, oropouche) se propagaron en 2025 como si el aire mismo estuviera enfermo.
Desde julio, hospitales colapsados, laboratorios sin reactivos y familias desprovistas de medicinas enfrentan solas fiebre, convulsiones y dolores articulares que doblegan el cuerpo. En portales y salas improvisadas se apilan enfermos que nunca aparecerán en cifras oficiales, esas que llegan deformadas por el secretismo y la manipulación. La salud, proclamada como derecho en la Constitución, se ha vuelto una suerte de lotería: depender de no ser picado, de hallar un paracetamol, o de que un médico agotado y sin recursos logre diagnosticar a tiempo.
Pero hablar de salud en Cuba hoy es hablar inseparablemente de medio ambiente y de Derechos Humanos. La crisis epidemiológica no es un episodio aislado: es la consecuencia directa de décadas de abandono institucional en la gestión sanitaria, ambiental y en la transparencia pública.
El derecho a la salud, reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, no se limita a recibir atención médica. Ese supuesto bastión de la diplomacia cubana con el que excusaban su sistemática violación de otros derechos fundamentales, debe incluir el acceso al agua potable, al saneamiento, a un ambiente saludable, a información verificable y a condiciones de vida dignas. Cada uno de estos elementos ha sido vulnerado en Cuba de manera persistente, y el paso de Melissa solo intensificó y visibilizó aún más esas fallas estructurales.
Las lluvias torrenciales y la humedad abrieron el camino para este repunte predecible de las arbovirosis que hoy sufrimos. Pero el huracán no es el origen del desastre: es el desencadenante de un sistema donde la falta de planificación urbana, los drenajes deteriorados y la gestión deficiente de residuos convierten cada tormenta en un riesgo sanitario extraordinario. Allí donde el Estado no llega, los charcos se transforman en criaderos, los hospitales en focos de contagio y las comunidades en escenarios de supervivencia. Y como siempre, el golpe recae con más fuerza sobre quienes viven en barrios bajos, sin alcantarillado ni suministro estable de agua potable.
La negación del sufrimiento, del anciano que muere sin diagnóstico, del médico sin insumos, de la madre que debe elegir entre comida o repelente, constituye una violencia estructural normalizada. El silencio oficial o la subdeclaración ante los muertos y la manipulación de datos dañan no solo el derecho a la salud, sino también la dignidad humana.
La crisis revela otra dimensión: la violación del derecho a un entorno sano y del deber estatal de garantizarlo. Cuba es signataria de compromisos multilaterales como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que exige acceso a información ambiental, participación ciudadana y una gestión responsable de los ecosistemas. También ha evitado deliberadamente mecanismos como el Acuerdo de Escazú, que refuerza derechos de acceso y protección de defensores ambientales.
El secretismo informativo, la censura a periodistas y la exclusión de la ciudadanía de las decisiones ambientales vulneran estos compromisos. La falta de gestión de residuos, la contaminación del agua, el deterioro de redes hidráulicas y la pérdida de áreas verdes urbanas forman parte del mismo entramado que permite la expansión de vectores. Cada jaba de basura sin recoger es un caldo de cultivo no solo para mosquitos, sino para la descomposición social.
El Aedes aegypti no es solo un vector biológico; es un indicador político. Su presencia señala zonas donde el Estado falló: donde no hay saneamiento, donde la basura se acumula, donde el calor y la pobreza se superponen, donde el agua escasea y la precariedad se vuelve paisaje. Cada larva flotando en un tanque oxidado es una evidencia de desatención pública; cada enfermo sin análisis es una denuncia viva.
Las arbovirosis miden la temperatura del abandono. Funcionan como un termómetro social que refleja la erosión simultánea de servicios, instituciones y derechos.
Los huracanes Matthew, Irma y ahora Melissa recuerdan que las catástrofes no son “naturales” en su impacto: se convierten en humanitarias cuando las instituciones no funcionan. Un país sin mecanismos de rendición de cuentas, con centralización extrema y opacidad informativa, carece de verdadera capacidad de adaptación.
El marco jurídico climático internacional —incluidos los compromisos asumidos bajo el Acuerdo de París— establece obligaciones de mitigación y adaptación frente al cambio climático. Buena parte del financiamiento internacional que llega de Europa a la isla, tiene ese propósito. Pero no es público el manejo de esos millones. El incumplimiento no es un simple error técnico: implica vulnerar derechos presentes y futuros, desde la vida y la integridad física hasta el desarrollo sostenible.
Cuba proclama resiliencia, pero la resiliencia no existe sin participación ciudadana, información libre e instituciones públicas transparentes. Un sistema sanitario que depende de donaciones que se diluyen en la opacidad, o de operativos improvisados frente a cada brote, no puede considerarse protector. La salud pública no se construye sobre consignas ni discursos, sino sobre infraestructura, planificación y responsabilidad.
El paso de Melissa deja una enseñanza amarga: la crisis no se mide solo en la fuerza del viento, sino en la fragilidad de las estructuras humanas que deberían protegernos. Cuando el agua retrocede, quedan expuestos los huecos en el contrato social: un sistema sanitario que no escucha, un gobierno que no informa, un ambiente que enferma.
Reconocer la interdependencia entre salud, transparencia y medio ambiente no es un ejercicio teórico, sino la única vía para reconstruir un país donde vivir no sea un acto de resistencia cotidiana. Cuba necesita más que vacunas y fumigaciones: necesita instituciones abiertas, información verificable, participación ciudadana real y un compromiso efectivo con la gestión ambiental.
Porque al final, el mosquito, la fiebre y la tormenta no son eventos aislados. Son síntomas de un mismo mal: la negación del derecho a vivir con dignidad.
Isbel Díaz Torres (Pinar del Río, 1976).
Escritor y Biólogo (Universidad de La Habana 2000).
En Cuba se desempeñó como investigador en el Instituto de Sanidad Vegetal y fue fundador y director de la organización ambientalista independiente El Guardabosques.
Actualmente dirige Canal Guardabosques desde Florida, una plataforma dedicada a la divulgación ecológica y la promoción de una conciencia ambiental crítica.