Martes de Dimas
El 26 de julio de 1953, día del asalto a los cuarteles de Santiago de Cuba y de Bayamo, fue resultado del empleo de la violencia para dirimir los conflictos políticos. La Guerrita de Agosto de 1906, la matanza de los Independientes de Color en 1912, el alzamiento de los liberales en 1917 y la Revolución del 30, entre otros muchos hechos de nuestra historia política, así lo demuestran.
Un resultado diferente, pero de corta duración, tuvo lugar durante la presidencia de Federico Laredo Bru (1936-1940), quien dictó una amnistía política, permitió el regreso de los exiliado, convocó a la Convención Constituyente que redactó la Constitución de 1940, la cual reafirmó los derechos y libertades refrendados en la Constitución de 1901, legalizó la formación y existencia de organizaciones políticas contrarias al régimen de gobierno representativo; legitimó la resistencia para la protección de los derechos individuales; y reconoció la legitimidad de la propiedad privada en su más amplio concepto de función social.
Gracias a esos preceptos constitucionales la clase media creció, la intervención del Estado complementó la iniciativa empresarial, dos terceras partes de los centrales azucareros –nuestra principal riqueza– pasaron a manos nacionales y Cuba se ubicó entre los países de América Latina con mayor estándar de vida.
En las elecciones presidenciales de 1940, 1944 y 1948 los mandatarios fueron electos democráticamente por el voto libre del pueblo. Sin embargo la corrupción político-administrativa y el pandillerismo durante los gobiernos auténticos generaron un ambiente de ingobernabilidad.
En ese contexto el capitán Jorge García Tuñón, quien comenzó a conspirar para derribar al gobierno de Carlos Prío, le propuso a Fulgencio Batista –quien tenía la concepción de que: cuando el poder civil es débil para contener una situación la autoridad militar tiene que intervenir– que encabezara la Junta Militar. Así, el breve período de tiempo en que predominó la democracia fue alterado por el Golpe de Estado de 1952, que al interrumpir el orden constitucional generó la salida violenta que condujo a la revolución de 1959.
Depuesto Carlos Prío el 10 de marzo de 1952, ante la negativa de los sustitutos del Presidente, según estaba establecido por la Constitución para ocupar esa responsabilidad (el vicepresidente de la República, el Presidente y el Vicepresidente del Tribunal Supremo), la Junta Militar designó a Batista como Primer Ministro.
Batista sustituyó la Constitución por unos Estatutos, suspendió las funciones del Congreso, creó un Consejo Consultivo y un Consejo de Ministros en los que concentró los poderes Ejecutivo y Legislativo, y anunció elecciones para 1953, las cuales fueron pospuestas para 1954.
La ruptura del orden constitucional tuvo dos respuestas, contrarias por el método: la negociación y la violencia. La primera comenzó en enero de 1954 con el Movimiento de Resistencia Cívica, encabezado por el presidente del Colegio Nacional de Abogados José Miró Cardona. La segunda –que en correspondencia con nuestra tradición se impuso–, debutó en julio de 1953 con el asalto al cuartel Moncada, encabezado por Fidel Castro.
Después de las elecciones de noviembre de 1954, el gobierno de Batista restituyó la Constitución y amnistió a los presos políticos, incluyendo a los asaltantes del Moncada. Entonces la Sociedad de Amigos de la República (SAR), que desde su primer manifiesto público en noviembre de 1952 había llamado a las partes a colaborar en una solución pacífica, en el manifiesto del 20 de junio de 1955 estableció las premisas para el diálogo.
Cosme de la Torriente, presidente de la SAR, solicitó en octubre de 1955 una entrevista a Batista. La respuesta recibida a través de su secretario, Andrés Morales del Castillo, fue que Cosme no contaba con el respaldo de todos los grupos políticos. Entonces, Cosme convocó a todos los grupos para que reiteraran públicamente el poder que le habían otorgado. Con ese fin se celebró el acto del Muelle de Luz del 19 de noviembre de 1955 al que asistieron los dirigentes máximos de los partidos de oposición, de la SAR, de la FEU y del Partido Socialista Popular, donde se pusieron de manifiesto las contradicciones entre la tendencia cívica y la violenta. El diálogo, que comenzó en 1956, después de cuatro sesiones celebradas en marzo de ese año fracasó, dejando el camino despejado para la violencia.
Entre 1956 y 1957 el Directorio Revolucionario se proclamó por la lucha violenta; en la Carta de México, suscrita por Fidel Castro y José Antonio Echeverría, decía: “es hora de que los partidos políticos y la SAR cesen ya en el inútil esfuerzo de implorar soluciones amigables en una actitud que en otros momentos pudo ser patriótica pero que, después de cuatro años de rechazo, desprecio y negativas, puede ser infame”; se produjo la llamada Conspiración de los Puros; el asalto al cuartel Goicuria en Matanzas: el ajusticiamiento del jefe del SIM, coronel Antonio Blanco Rico por miembros del Directorio Revolucionario; el alzamiento del 30 de noviembre en Santiago de Cuba; el desembarco del Granma el 2 de diciembre; el asalto el Palacio Presidencial en marzo de 1957 y el ataque a la Estación Naval de Cienfuegos. El 31 de diciembre de 1958, después de dos años de guerra de guerrillas y sabotajes Batista abandonó el poder y salió al exilio.
De las cinco leyes revolucionarias que se habían anunciado durante el juicio por el asalto al cuartel Moncada, la primera era la restitución de la Constitución de 1940, pues según el propio Fidel Castro consideraba que una Constitución legítima era aquella que emana directamente del pueblo soberano. Una vez en el poder, en lugar de restituirse, fue sustituida por la “Ley Fundamental del Estado Cubano”, con la cual el Primer Ministro asumió las funciones del Presidente y Consejo de Ministros las del Congreso, algo similar a lo que hizo Batista en 1952, con la diferencia que esta vez nunca se restituyó. En cuanto a las elecciones que se realizarían en el término de un año, se fueron postergando hasta que el 1 de mayo de 1960 se lanzó la consigna de “¿elecciones para qué?”.
El poder revolucionario erradicó la propiedad privada sobre los medios de producción y subordinó la economía a la ideología, originando un declive que no se pudo detener. Ya en el año 2016, cuando el periodista de The Atlantic Montly, Jeffrey Goldberg, le preguntó Fidel Castro sobre la vigencia del modelo, éste respondió: el modelo cubano ni siquiera funciona para nosotros.
El resultado del 26 de julio confirmó: la imposibilidad de construir un mundo mejor en ausencia de las libertades ciudadanas, la incapacidad del modelo totalitario que ha conducido a la crisis más profunda que Cuba haya conocido y evidenció el error de los pueblos al buscar la solución de sus problemas en promesas mesíanicas; pero la primera, y más importante enseñanza, consiste en haber demostrado que la revolución de 1959 no resultó de una crisis económica, sino de la combinación entre una añeja crisis política, la corrupcion politico-administrativa y la tradición negativa de zanjar los conflictos sociales mediante la fuerza.
Milán, 25 de julio de 2022
- Dimas Cecilio Castellanos Martí (Jiguaní, 1943).
- Reside en La Habana desde 1967.
- Licenciado en Ciencias Políticas en la Universidad de La Habana (1975), Diplomado en Ciencias de la Información (1983-1985), Licenciado en Estudios Bíblicos y Teológicos en el (2006).
- Trabajó como profesor de cursos regulares y de postgrados de filosofía marxista en la Facultad de Agronomía de la Universidad de La Habana (1976-1977) y como especialista en Información Científica en el Instituto Superior de Ciencias Agropecuarias de La Habana (1977-1992).
- Primer premio del concurso convocado por Solidaridad de Trabajadores Cubanos, en el año 2003.
- Es Miembro de la Junta Directiva del Instituto de Estudios Cubanos con sede en la Florida.
- Miembro del Consejo Académico del Centro de Estudios Convivencia (CEC).