La crisis energética cubana no puede leerse como un accidente ni como “un giro inesperado del destino” por la interrupción de los suministros petroleros desde Venezuela, aunque desde el poder se intente vender así. Tampoco me sorprende. La he visto venir y la he dicho, con insistencia casi incómoda, durante años —durante décadas— mientras se repetían los mismos diagnósticos vacíos y se reciclaban las mismas promesas.
Lo que hoy se traduce en apagones prolongados, transporte colapsado y un desgaste social que ya roza la extenuación no es una coyuntura adversa: es el resultado previsible de haber sostenido obstinadamente no solo un sistema antidemocrático, sino un modelo energético fósil, centralizado y políticamente tutelado, como si el mundo no hubiese cambiado, como si la crisis climática fuese una consigna ajena y no una realidad palpable.
Cuba no se quedó sin petróleo de un día para otro; se quedó, hace mucho, sin imaginación energética, sin voluntad de transición y sin oído para quienes advertimos que persistir en el pasado no era una forma de resistencia, sino de suicidio estructural. Venezuela no creó la crisis energética cubana; apenas retiró el último sostén que mantenía en pie un modelo ya agotado, sostenido aun así como si la advertencia fuese traición y no responsabilidad.
Durante más de dos décadas, el petróleo venezolano funcionó como una prótesis geopolítica. No resolvió las graves deformaciones del sistema eléctrico cubano, pero permitió postergar su colapso. Aquella relación, presentada como “solidaridad”, consolidó una dependencia que sustituyó a la soviética sin cuestionar el núcleo del problema: una matriz energética frágil, envejecida y diseñada para operar bajo esquemas de suministro externo preferencial. La interrupción actual de esos flujos no inaugura la crisis; la desnuda. Lo que colapsa no es solo una red eléctrica, sino un relato.
Desde el poder, la narrativa insiste en atribuir el deterioro energético a factores externos: sanciones, presiones diplomáticas, decisiones de Washington. Sin desconocer el impacto real de estos elementos, resulta intelectualmente deshonesto ignorar la responsabilidad interna en la reproducción de un modelo que ha excluido sistemáticamente las energías renovables de los espacios donde se decide el futuro económico del país. Esa exclusión no es retórica: está documentada. La más reciente Cartera de Oportunidades de Inversión Extranjera vuelve a privilegiar, con cifras concretas y proyectos detallados, la exploración y explotación petrolera, mientras relega las fuentes renovables al terreno de las declaraciones programáticas, sin respaldo financiero ni institucional real.
La contradicción es profunda. En los foros internacionales, Cuba se presenta como un país comprometido con la sostenibilidad y alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En sus documentos estratégicos internos, sin embargo, las energías limpias no aparecen como oportunidades prioritarias de inversión, sino como aspiraciones futuras, aplazadas una y otra vez. El petróleo, en cambio, ocupa el centro del diseño económico inmediato. No es una incoherencia técnica: es una decisión política.
La crisis actual ha puesto en evidencia hasta qué punto esa apuesta resulta insostenible. La reducción drástica del crudo venezolano, agravada por la nueva estrategia estadounidense hacia Caracas y La Habana, ha dejado al sistema eléctrico cubano al borde de la parálisis. La isla necesita volúmenes mínimos de combustible que hoy no puede garantizar, ni por producción interna ni por importaciones alternativas.
Ante ese escenario, la respuesta gubernamental ha sido reveladora. Lejos de comprender que la crisis es un punto de inflexión para la impostergable transición energética real, el Estado ha anunciado sus viejos planes de exploración petrolera en el occidente del país, presentados como nuevos bajo el concepto de “soberanía energética”. La paradoja es evidente: no solo son planes casi irrealizables, sino que buscan independencia profundizando la dependencia de un recurso finito, contaminante y técnicamente cada vez más costoso de extraer. Se perfora la tierra (y el lecho marino) con la esperanza de que el pasado vuelva a sostener un presente que ya no puede.
El lenguaje utilizado para justificar esta estrategia merece atención. La “soberanía energética” se invoca como consigna, pero se vacía de contenido cuando se asocia exclusivamente a la explotación de hidrocarburos nacionales. La verdadera soberanía no reside solo en poseer petróleo, sino en reducir la vulnerabilidad estructural del sistema. Un país con abundante sol, potencial eólico, biomasa agrícola, rodeada de mar, y con cierta capacidad técnica acumulada podría haber avanzado hacia una matriz descentralizada, resiliente y socialmente más justa. No lo hizo. No por imposibilidad, sino por elección de su cúpula inepta.
Y esa elección tiene implicaciones ambientales profundas. La expansión de la frontera petrolera en zonas costeras y terrestres incrementa los riesgos ecológicos en un país particularmente vulnerable al cambio climático. Cuba ya enfrenta elevación del nivel del mar, salinización de sus acuíferos, eventos meteorológicos extremos y pérdida de biodiversidad. Insistir en un modelo fósil no solo agrava estos procesos, sino que compromete la capacidad de adaptación futura. La crisis energética no es ajena a la crisis climática: son dos dimensiones de un mismo problema.
Hay, además, una dimensión social que no puede obviarse. Los apagones prolongados no afectan a todos por igual. Golpean con mayor dureza a quienes dependen del transporte público, a quienes cocinan con electricidad, a los ancianos, a los enfermos, a las familias sin acceso a soluciones alternativas. La energía, en este contexto, no es un bien abstracto: es una condición de dignidad. Cada hora sin electricidad erosiona la vida cotidiana y profundiza la desigualdad. Es por ello que persistir en un modelo que reproduce esa vulnerabilidad es una forma de violencia estructural.
La historia reciente ofrece una lección que parece no haber sido aprendida. Tras el colapso soviético, Cuba vivió el llamado “Período Especial”, una crisis energética devastadora que obligó a improvisar soluciones de supervivencia. Aquella experiencia terrible demostró los límites de la dependencia externa y, paradójicamente, abrió espacios para prácticas más austeras y descentralizadas. Sin embargo, en lugar de consolidar esas lecciones en una estrategia de largo plazo, y en circunstancias ya no de crisis, el país volvió a atarse a un nuevo proveedor fósil. Hoy, el ciclo se repite, con consecuencias aún más graves.
Desde una perspectiva ambientalista crítica, resulta imposible no leer esta crisis como un fracaso ético. No se trata solo de una mala gestión de recursos, sino de una negación sistemática del futuro. Las energías renovables no son una utopía tecnocrática; son una necesidad histórica. Excluirlas de los espacios donde se define la inversión extranjera, como acaba de pasar, equivale a excluir a las próximas generaciones de la posibilidad de un país habitable.
Por cierto, la transición energética no es únicamente un asunto de kilowatts y megavatios. Es una cuestión de modelo social, de distribución del poder, de democratización de la infraestructura. Un sistema basado en fuentes renovables descentralizadas reduce la concentración de control y abre espacios para la participación comunitaria. Tal vez por eso ha sido postergado. No encaja fácilmente en una lógica de centralización política ni en una economía gestionada desde conglomerados militares y estatales casi siempre corruptos.
En última instancia, la crisis energética cubana interpela algo más profundo que la escasez de combustible. Interpela la capacidad de imaginar un país distinto al heredado. Mientras se siga invirtiendo en extraer lo que se agota, en lugar de construir lo que renueva, nuestra isla permanecerá atrapada en un presente que se apaga cada noche. La energía que falta no es solo eléctrica; es ética, política y moral.
Cuba necesita luz, sí. Pero sobre todo necesita una visión que no confunda soberanía con excavación, ni desarrollo con combustión. Persistir exclusivamente en el petróleo es insistir en una promesa rota. Apostar por las energías renovables sería, en cambio, un acto de diversificación y responsabilidad histórica. La crisis actual no debería ser administrada; debería ser comprendida como una advertencia. Ignorarla sería, una vez más, elegir la oscuridad.
Isbel Díaz Torres (Pinar del Río, 1976).
Escritor y Biólogo (Universidad de La Habana 2000).
En Cuba se desempeñó como investigador en el Instituto de Sanidad Vegetal y fue fundador y director de la organización ambientalista independiente El Guardabosques.
Actualmente dirige Canal Guardabosques desde Florida, una plataforma dedicada a la divulgación ecológica y la promoción de una conciencia ambiental crítica.