Ante los inevitables cambios, la propiedad es lo primero

Martes de Dimas

El fin de cualquier modelo social es el bienestar del ser humano. Las relaciones de propiedad –componente de las relaciones económicas– constituyen un medio subordinado a ese fin.

Tanto para el griego Aristóteles[1], como para el italiano Tomás de Aquino[2], la propiedad privada es una institución necesaria al hombre por razones puramente prácticas y se justifica en la medida que resulte útil para el bien de los hombres. Es decir para estos pensadores, separados en el tiempo por más de 1 500 años, el bien de las personas era lo primario y por tanto las formas de propiedad constituían un medio de coadyuvar al verdadero fin, que es el hombre como ser humano.

Sin desconocer los efectos negativos que haya tenido en cuanto a la redistribución de la riqueza, la propiedad privada ha demostrado ser un medio vital para el desarrollo social. El derecho a ella, emanado de la tendencia humana a la posesión sobre los bienes está vinculado a la disposición de la persona sobre sí misma. Ese derecho de origen natural se rige por leyes económicas. Cuando esas leyes se alteran por razones de ideología o de cualquier otra índole, la propiedad sufre lo que las aves silvestres, que no pueden vivir en cautiverio.

El derecho a la propiedad, emanado de la tendencia humana a la disposición de la persona sobre sí misma se extendió en el tiempo a los bienes apropiables para satisfacer sus necesidades. La misma se rige por leyes económicas y cuando esas leyes se alteran por razones de ideología o de cualquier otra índole, la propiedad sufre lo que las aves silvestres que no pueden vivir en cautiverio: la muerte.

El proceso de estatización desarrollado entre 1959 y 1968 generó una crisis que hizo metástasis en el cuerpo social,  devino crisis estructural profunda y ha colocado a Cuba y a los cubanos en la situación actual: al borde del abismo. Los múltiples intentos por reanimar la economía –obviando las causas que la engendraron– han demostrado su inutilidad. El único valor de tal “esfuerzo” radica en haber confirmado la insoluble contradicción entre la estatización de la propiedad y el progreso.

En Cuba, desde la colonia hasta hoy, la concentración de la propiedad agraria ha constituido un problema raigal. En el siglo XVI comenzó un proceso de diversificación que alcanzó su punto máximo en la segunda mitad del siglo XIX, momento a partir del cual, la competencia entre los ingenios azucareros y la penetración de capital norteamericano, concentraron la propiedad de más de la mitad de la tierra cultivable del país. Después de 1959 la Revolución que había declarado revertir esa deformación, en lugar de resolverla la acentuó con el estatismo, que convirtió a los latifundios republicanos en los improductivos latifundios estatales.

Lo ocurrido con la propiedad agraria se repitió con las demás formas de propiedad, desde las grandes empresas industriales hasta la infinidad de pequeñas industrias, talleres artesanales, comercios, servicios y pequeñas y medianas empresas.

La Constitución de 1901 estableció que nadie podrá ser privado de su propiedad sino por autoridad competente y por causa justificada de utilidad pública; mientras la de 1940 refrendó la existencia y legitimidad de la propiedad privada en su más amplio concepto de función social. Ambas constituciones permitieron, en la primera mitad del siglo XX, la gestación de una clase de pequeños, medianos y grandes empresarios nacionales.

Después de 1959 las deformaciones en la agricultura, en lugar de resolverse se acentuaron con la ola expropiatoria que convirtió a los latifundios republicanos en latifundios estatales; proceso que recibió el tiro de gracia con la Ofensiva Revolucionaria de marzo de 1968, que liquidó los últimos vestigios de propiedad privada; mientras la eliminación de los dueños desmovilizó el interés personal por los resultados de la producción y de los servicios.

Los múltiples intentos por devolverle el dinamismo a la economía han fracasado y fracasarán porque se ha obviado la causa principal y primera: la propiedad.

En 1993 el derrumbe de la Unión Soviética obligó al gobierno a introducir medidas coyunturales, las cuales, al amenazar con el resurgimiento de una clase media, fueron paralizadas y con ello frenadas las fuerzas productivas; decisión que fue favorecida por la aparición de los subsidios de Venezuela.

En 2008 el Estado comenzó a entregar, las tierras que nunca logró hacerlas producir, en usufructo –derecho a disfrutar de un bien ajeno– una decisión insuficiente y absurda, pues nada justifica que quien hace producir la tierra no pueda poseerlas en propiedad. El fracaso obligó en 2012 a dictar el Decreto-Ley 300, con la misma carencia: el control monopólico del Estado sobre la propiedad, lo que condujo a un nuevo fracaso. En 2014 se dictó otro decreto modificando al 311 con resultados similares. Y así sucesivamente hasta las más recientes medidas.

El resultado de la estatización no admite dudas. El daño sufrido por la economía es harto evidente. Lo podemos ver en el retroceso de la capacidad exportadora del país, que como plantea Roberto Álvarez Quiñones, en su artículo “Cuba sin castrismo, podría exportar 42 veces más”, en el cual brinda cifras elocuentes: en 1958 Cuba exportó bienes por valor de 7 488 millones de dólares y en 2021 sólo 1 548 millones, 4,8 veces menos. O, como explica Emilio Morales, en “Raúl Castro y la revolución cubana, ante la hora final”, que los nueve sectores que más ingresos aportan a la economía tuvieron pérdidas acumuladas en los últimos cuatro años de más de 29 millones de dólares, A lo que este Morales añade en “Cuba y el nuevo sistema cambiario: comienza la lucha por el poder”, que el nuevo mercado cambiario, que pretende combatir el mercado informal y captar divisas para invertirlas en el desarrollo del país, pone en evidencia la incapacidad productiva y el intento de amortiguar la falta de liquidez y de créditos internacionales; lo cual ni bajará los niveles de inflación ni estabilizará la moneda nacional.

Tan desastroso resultado se mantendrá mientras los productores permanezcan vedados de ser propietarios y/o de recibir un salario capaz de satisfacer sus necesidades más elementales, lo que confirma una sentencia: sin restaurar los derechos y libertades suprimidos, comenzando por el derecho ciudadano a la propiedad, no habrá recuperación económica; así de sencillo. Algo que José Martí, había resumido así: “Es rica una nación que cuenta muchos pequeños propietarios […] En economía política y en buen gobierno, distribuir es hacer venturosos”[3].

En fin, que el actual Gobierno -ya fuera de tiempo-, o el que lo sustituya, tendrá que comenzar por desatar las fuerzas productivas, comenzando por restituir el derecho a la propiedad sobre los medios de producción, para poner en contacto directo a la ciudadanía con la posibilidad y el derecho a ser propietaria y despertar el interés que la estatización erradicó.

La Habana, 22 de agosto de 2022

[1] Aristóteles (384 a.C.-322 a.C.), filósofo y científico, considerado, junto a Platón, padre de la filosofía occidental.

[2] Tomás de Aquino (1225-1274), teólogo cristiano de la Orden de los Predicadores, canonizado en 1323. Declarado Doctor de la Iglesia y santo patrón de las universidades y centros de estudios católicos.

[3] Martí, José. O. C. tomo 7 Nuestra América. Edit. Ciencias Sociales, La Habana, 1991, p.134.

 

 


  • Dimas Cecilio Castellanos Martí (Jiguaní, 1943).
  • Reside en La Habana desde 1967.
  • Licenciado en Ciencias Políticas en la Universidad de La Habana (1975), Diplomado en Ciencias de la Información (1983-1985), Licenciado en Estudios Bíblicos y Teológicos en el (2006).
  • Trabajó como profesor de cursos regulares y de postgrados de filosofía marxista en la Facultad de Agronomía de la Universidad de La Habana (1976-1977) y como especialista en Información Científica en el Instituto Superior de Ciencias Agropecuarias de La Habana (1977-1992).
  • Primer premio del concurso convocado por Solidaridad de Trabajadores Cubanos, en el año 2003.
  • Es Miembro de la Junta Directiva del Instituto de Estudios Cubanos con sede en la Florida.
  • Miembro del Consejo Académico del Centro de Estudios Convivencia (CEC).

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