Acabar con las ilegalidades es una frase de moda en los medios oficiales. A pesar de que las leyes económicas en Cuba dejan poco espacio para generar los recursos necesarios para vivir por encima del nivel de supervivencia, los ciudadanos buscando y buscando la forma de hacerlo, no discriminan entre robo y reclamo de derecho al acceso. Por eso, es común en todas las empresas estatales, la corrupción, el tráfico de influencias, o el engaño a los consumidores. Una vez más parece que se intenta acabar con esos males solo mediante el control y el castigo a los culpables en un proceso ejemplarizante.
Uno de los principales males que conlleva este proceso es la confusión, entre actitudes ilegales y actitudes deshonestas.
¿Cómo distinguir entre los que se apropian de recursos en manos del Estado a los que injustamente no tenemos acceso y los ladrones que roban esos recursos por puro hábito de robar?
¿Cómo distinguir entre los que se dedican a acercar el producto a los clientes y cobran por eso, como simples comerciantes, y los que aumentan inescrupulosamente los precios abusando de los ciudadanos?
¿Cómo distinguir entre los que aceptan un regalo como agradecimiento por sus servicios y los que se corrompen privilegiando a los que le pagan un servicio que supuestamente es gratis?
¿Cómo criticar la corrupción de directores de empresas o de funcionarios de cierto nivel gubernamental y justificar la corrupción en las más altas esferas del Estado como si fuera un merecimiento por sacrificios hechos?
Entre la máxima justicia y la injusticia no hay brecha. En el afán por hacer cumplir la ley es posible adoptar una actitud muy injusta, si falta la moderación y el criterio de humanidad.
Por otra parte es conveniente que en la misma medida en que se emprende contra las ilegalidades, se organicen la sociedad y sus leyes para disminuir el marco delincuencial, de manera que se castiguen las actitudes deshonestas y que representen un peligro social y se legalicen aquellas que solo son delitos en una sociedad que sufre una gran falta de libertades.
Es necesario que el contrato social que representa el marco jurídico, facilite la vida a los que quieren trabajar por el bien individual y por el bien común. El marco jurídico no debe representar un agobio para los ciudadanos de bien.
Ya existen cubanos de dentro y de fuera de la isla que están pensando como ciudadanos qué características debe tener un nuevo marco jurídico en Cuba.
Estamos en el preámbulo de un cambio constitucional. Buen momento para que las actitudes en pos del trabajo honesto, independientemente de la riqueza que genere o de la libertad que acreciente, sean contempladas dentro del marco legal, eliminando prejuicios del pasado.
Solo controlando y castigando no se logrará “acabar con las ilegalidades”. Debe procurarse que las circunstancias y las leyes den la posibilidad de vivir en la legalidad. Porque ¿quién en Cuba puede vivir sin incumplir la ley?
Karina Gálvez Chiú (Pinar del Río, 1968).
Licenciada en Economía.
Fue responsable del Grupo de Economistas del Centro Cívico.
Es miembro fundador del Consejo de Redacción de Convivencia.
Reside en Pinar del Río.