Por Dimas Castellanos
Viviendas construídas por las microbrigadas.
La vivienda, como necesidad básica, debe y tiene que estar subordinada a un fin, que es el ser humano. Su milenaria importancia la condensaron los ingleses en una frase: no se puede tratar con la gente y sus viviendas por separado. Ese enfoque utilitario y a la vez humanista, constituye el fundamento de la necesaria participación ciudadana en tan vital asunto. En nuestro país, el crecimiento de la población, el envejecimiento del fondo habitacional, el deterioro por falta de mantenimiento, los continuos derrumbes, el bajo ritmo de construcciones y la desmovilización ciudadana, conforman un cuadro que se agudiza en el tiempo, se generaliza en el espacio y amenaza con devenir en tragedia.
Arrendamiento, la construcción o la compra. La renta, en dependencia de la calidad, el lugar y el tamaño, podía pagarse con el 10% del salario (en algunos lugares de la capital y otras grandes ciudades podía ser mayor). Si contaba con un salario mensual de unos 100 pesos podía solicitar un crédito a instituciones como Previsora Latinoamericana, que se amortizaba en varios años con un 20% de interés. Otras, como la FHA, construían viviendas para trabajadores y clase media en repartos residenciales como Fontanar, Alta Habana y Aldabó a precios que dependían de las medidas y comodidades del inmueble. Los que tenían mayor solvencia podían comprar directamente. En esas opciones el Estado apenas participaba, al punto de no existir una institución especializada para esos fines.
El gobierno que asumió el poder en 1959, olvidando que las viviendas la empezaron a construir los hombres y sus familias antes del surgimiento del Estado, decidió, revolucionariamente, eliminar mecanismos existentes y asumir la total responsabilidad en esa materia. Se crearon instituciones, se exoneró de impuestos durante 10 años al que construyera una casa para vivirla, se rebajaron los alquileres y se aprobó una Ley de Reforma Urbana que reconocía la posesión de la vivienda como derecho imprescindible e inalienable del ser humano. Desde esa voluntad estatal, instituciones e instrumentos, comenzó lo que en el argot revolucionario se designó como “batalla por la vivienda”. Así en la década del 60 el Estado revolucionario, que desde su inicio demostró eficiencia en distribuir pero no en producir, desconoció la experiencia acumulada y procedió a la elaboración de un plan detrás de otro. El primero de 1960 a 1970 intentó construir 32 mil apartamentos anuales, pero no pudo rebasar la cifra de 11 mil como promedio. El segundo, de 1971 a 1980 elevó la meta a unas 38 mil anuales, pero el resultado no alcanzó las 17 mil como promedio. A partir de 1981 se inició un plan de 100 000 anuales, que entre 1981 y 1990 no pudo rebasar la cifra promedio de 40 mil. En 1995 se logró sobrepasar las 40 mil, pero la cifra descendió paulatinamente hasta que en los primeros siete meses del año 2005 sólo se habían concluido 7 300 viviendas. Cuando el déficit habitacional, resultado del fracaso de los planes del Estado y la desmovilización ciudadana, condujo a ocupaciones ilegales y construcciones no autorizadas, el énfasis estatal giró de la construcción al intento de controlar el creciente desorden.
En diciembre de 1984 la ley 48 “Ley General de la Vivienda”, autorizó la “transferencia de la propiedad” a la cubana. Es decir, propiedad sin derecho de propietario. En 1988 se aprobó la ley vigente, encaminada a reordenar las regulaciones anteriores para “propiciar la solución del déficit habitacional” y fortalecer el control estatal sobre las operaciones alrededor de la vivienda. En julio del 2000 se aprobó el Decreto-ley, 211 que contempla inspecciones físicas a los inmuebles, exige autorización institucional para permutar y autoriza a funcionarios estatales para determinar sobre la propiedad de la persona menoscabando el derecho de propiedad reconocido en las leyes anteriores. En febrero del 2001 se aprobó otro Decreto ley para el control de las contravenciones que eliminó definitivamente la compraventa entre particulares y otorgó a las entidades municipales de la Vivienda el derecho de confiscación.
Ante la agudización del déficit habitacional, en septiembre de 2005, el entonces Secretario del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, Carlos Lage, presentó un informe ante la Asamblea Nacional del Poder Popular en el cual aseguraba que, con una nueva concepción y debido al mejoramiento de las posibilidades financieras del país se iban a construir y terminar no menos de 100 000 viviendas nuevas por año a partir del 2006. Veamos:
El concepto de que el constructor principal sea la propia familia que vivirá el inmueble, parte del criterio de no afectar en lo más mínimo las obras de la Batalla de Ideas. Es decir, la nueva concepción no responde a la importancia del papel ciudadano en la solución del problema, sino a que la Batalla de Ideas está por encima de la más vital, grave y generalizada necesidad material de los cubanos. Desde el punto de vista legal, al designar a la familia como constructor principal se viola la Ley General de la Vivienda que define a las Microbrigadas como la primera forma de construcción de inmuebles y descarga la responsabilidad principal en la familia cubana, desposeída de derechos, libertades y medios.
la Ley General de la Vivienda, el cual reza que: el Estado socialista trabaja por lograr que no haya familia sin una vivienda confortable”. De tal forma las personas que no califican como revolucionarios, aunque sean honestas, trabajadoras y modelos de familia, quedan excluidas del maravilloso plan. Con ello, al principio de la Universidad para los revolucionarios y de la calle es de los revolucionarios se le une ahora el de la casa para los revolucionarios.
En el informe Lage plantea que: es necesario establecer nuevos precios y tarifas para todos esos pagos, a partir de los precios de los recursos de importación y de los costos en divisas de la producción nacional, utilizando una tasa de cambio más adecuada a la situación actual. De tal forma, los elegidos que se propongan construir viviendas por sus propios medios, si dependen sólo de los salarios actuales, requerirían gozar de la propiedad de reencarnar tres o cuatro veces como mínimo para amortizar su vivienda, cosa que en los revolucionarios, muchos de ellos ateos, se torna totalmente imposible; a pesar de que el proyecto parte del “mejoramiento de las posibilidades financieras del país”.
Según el informe, el 86% de las familias son propietarios de sus viviendas. La pregunta es si ¿realmente es propietario el poseedor de un inmueble que no puede vender, arrendar, permutar, traspasar a quien desee, o alojar en él a quien considere libremente? De la respuesta deben salir las transformaciones legales para que ese 86% transite de la condición de propietarios formales a reales propietarios. Respecto a las 6 000 viviendas que edificará el Estado para asignar a profesionales de la Salud que cumplen misiones internacionalistas y que pagarán los materiales con sus ahorros en divisas: a su costo, los de producción nacional y por su precio en divisas, los importados, no se aclara si el propietario será el Estado o los técnicos de la Salud, pues en otra parte del informe se precisa que es imprescindible preservar la propiedad estatal de las viviendas construidas por el Estado, las cuales serán asignadas en arrendamiento.
Por último, el plan de las cien mil viviendas no es tan novedoso. El propio Lage en el XVIII Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba, celebrado en el 2001, recordaba: que en el país hicieron todas las inversiones necesarias para acometer la construcción de 100 000 viviendas anuales, un programa que se interrumpió con el inicio del período especial. Es decir, estamos frente al segundo plan de 100 000 viviendas, pues el primero naufragó. Lo que no aclara el informe es de dónde proviene la actual mejoría y seguridad financiera para la construcción del novísimo plan, ahora que de exportadores nos convertimos en importadores de azúcar.
Las razones anteriores se unen al efecto devastador de los fenómenos atmosféricos. De 1998 al 2004 la cifra de esos eventos tropicales fue superior al promedio de 10 por año, incluso en el año 2003 hubo 16, de los cuales siete calificaron como huracanes con vientos superiores a los 118 kilómetros por hora; mientras entre los años 2001 y 2005 los huracanes con vientos por encima de los 178 kilómetros por hora superaron las cifras de cualquier década desde fines del siglo XVIII. En ese período cuatro organismos de esa magnitud: Michelle (2001), Charley e Ivan (2004) y Dennis (2005) visitaron la Isla. Después el pasado año 2008 el crítico problema habitacional cubano recibió un golpe demoledor. Alrededor de medio millón de viviendas fueron dañadas o derribadas totalmente por los fenómenos atmosféricos tropicales Fay, Hanna, Gustav e Ike. Resultado de los factores antes mencionados, un cálculo conservador arroja un déficit superior al millón y medio de viviendas, el cual no es mayor “gracias” a los casi tres millones de cubanos que han abandonado el país desde 1959. Como el actual crecimiento demográfico demanda unas 50 mil nuevas casas anuales, al ritmo de las cien mil, propuestas se requerirían unos 30 años construyendo. Sin embargo, la realidad se impone, del plan de 100 mil ya para el 2008 se había rebajado 50 000 nuevas viviendas que sólo alcanzan para satisfacer el crecimiento poblacional de ese año.
La posible solución del problema habitacional en Cuba exige situar en primer plano al ser humano y desde ahí definir la función social de la vivienda y la imprescindible participación autónoma de los ciudadanos, al margen de criterios políticos, ideológicos o de cualquier otro tipo. La experiencia nacional y foránea ha demostrado que sin la participación activa de la ciudadanía –de toda y no sólo de los revolucionarios– es imposible la salida de la crisis. El Estado debe y tiene que participar en la solución de forma paralela a los ciudadanos, que actualmente carecen de autonomía para la creación de pequeñas y medianas empresas privadas o cooperativas de materiales de construcción, de reparaciones, de venta de materiales, de transporte y de financiamiento alternativo, lo que constituye un insalvable obstáculo en el propósito de resolver o aliviar la crisis habitacional. Se requiere además de la redefinición del derecho de propiedad como institución necesaria al ciudadano y al desarrollo, así como la realización de estudios multidisciplinarios sobre los factores psicológicos, sociológicos y demográficos; la creación de un nuevo organismo rector con rango de ministerio; y la creación e implantación de las instituciones y políticas correspondientes. Cuba demanda una nueva política habitacional cuyo eje central debe ser la combinación armónica entre justicia social, intereses individuales y sociales, libertad y posibilidad de participación; en fin, Estado y Sociedad conjuntamente.
Dimas Cecilio Castellanos Martí. ( Jiguaní, Granma, 1943)
Reside en La Habana desde 1967.
Licenciado en Ciencias Políticas en la Universidad de La Habana (1975), Diplomado en Ciencias de la Información
(1983-1985), Licenciado en Estudios Bíblicos y Teológicos en el (2006).
Trabajó como profesor de cursos regulares y de post-grados de Filosofía Marxista en la Facultad de Agronomía de la
Universidad de La Habana (1976-1977) y como especialista en Información Científica en el Instituto Superior de
Ciencias Agropecuarias de La Habana (1977-1992).
Primer premio del concurso convocado por “Solidaridad de Trabajadores Cubanos, en el año 2003.
Es Miembro de la Junta Directiva del Instituto de Estudios Cubanos con sede en la Florida.