La Constitución no se reforma por antojo

Jueves de Yoandy

Suele suceder que, en su momento, no valoramos el alcance y la magnitud que pueden tener nuestras acciones o el fruto de nuestro trabajo. Y luego el tiempo, implacable, nos hace ver si aquello por lo que luchamos, en los que trabajamos y a lo que entregamos todos nuestros esfuerzos, valió la pena.

En 2015, cuando realizábamos el Segundo Encuentro del Itinerario de Pensamiento y Propuestas para Cuba con el tema “Tránsito Constitucional y Marco Jurídico en Cuba, de la ley a la ley” proponíamos una nueva Constitución, obviamente sin saber que en 2018 tendríamos un proceso de Reforma Constitucional.

En 2019, cuando defendía el Trabajo de Fin del Máster de Acción Política en la Universidad Francisco de Vitoria, con el título “Constitución de la República de Cuba de 2019: ¿cambio o renovación?”, pude tener en cuenta todo el trabajo del Centro de Estudios Convivencia y los análisis producidos por varios miembros del equipo del think tank y otras organizaciones de la sociedad civil cubana.

No es tener la “bolita del mundo” en las manos para adivinar el futuro, y de esta forma ofrecer la solución, la salida, el camino a seguir. Es el arte de prever, y como decía el Apóstol de la independencia, “en prever está todo el arte de salvar”.

Una Constitución es, en ciencia política, el conjunto de normas fundamentales de un Estado soberano, las cuales suelen estar expresadas de forma escrita y fijan los límites y las relaciones entre los poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y entre estos y los ciudadanos. Por tanto, la Constitución no es reformable por el antojo de una facción de poder o por mero interés de un grupo gobernante. En el caso cubano, con una rica tradición constitucional anterior al proceso que inició en 1959, la Constitución ha sido mecanismo de control, cerrojo que limita las libertades y escudo de protección de los poderes centralizados del Estado.

En el momento de su aprobación, el 10 de abril de 2019, ya lo alertábamos: un articulado ambiguo que deja margen a la interpretación y, por tanto, arbitrariedad en la aplicación de las leyes complementarias. Así lo vimos, posteriormente, con el “Código de las Familias” también llevado a referendo y lo hemos visto recientemente con la reforma introducida en el Parlamento para suprimir el límite de edad de 60 años para llegar a la presidencia del país. Una evidencia más de que en Cuba sucede, exactamente, lo que sucede en otros sistemas que el gobierno critica para luego replicar su modus operandi.

Por todas las razones comentadas, seis años después, podría repetir las conclusiones de aquel estudio académico que hice en 2019. Aquí las dejo:

1. La realidad económica, política, social y cultural que vive Cuba conduce a la formulación de una nueva Constitución acorde a las circunstancias y factibilidades jurídicas con que cuenta el país. La Historia Constitucional cubana cuenta con una gama de ejemplos donde se ha redactado una Ley de leyes que se corresponde con cada momento histórico. Tomar lo mejor y más avanzado de los planteamientos de cada una de ellas, y contextualizarlos, ayudaría a fundar una verdadera república en la que quepamos todos.

2. El Proceso Constitucional que tuvo lugar en Cuba en el período comprendido entre el 31 de julio de 2018 y el 24 de febrero de 2019, incluyó una “Consulta Popular” del Proyecto de Constitución elaborado por una comisión del gobierno, dirigida por el Primer Secretario del PCC. Las modificaciones que surgieron de estos debates, fueron procesadas y se presentó un nuevo texto, 88% diferente al anterior, para Referendo Constitucional. Los métodos empleados durante la Consulta, ineficientes y poco transparentes, no permiten afirmar, con seguridad, que todas las opiniones fueron escuchadas e incorporadas.

3. El Referendo Constitucional, independientemente de conducir a la aprobación de la Constitución de la República de Cuba de 2019, demostró que existe un alto número de ciudadanos que han perdido el miedo a expresar su descontento con el sistema económico, político y social que impera en la Isla. Aún con la alteración de las cifras ofrecidas por la Comisión Electoral Nacional (CEN) tras celebrarse el ejercicio de Referendo, es imposible ocultar el descontento expresado por alrededor de dos millones de habitantes. Además, el despliegue de todo tipo de mecanismos de represión del activismo y manifestaciones ciudadanas disidentes confirma que, ni siquiera con una nueva Constitución, el gobierno pretende cambiar el trato con sus ciudadanos; por el contrario, legitima la violencia y el control del Estado sobre la vida de la sociedad.

4. El Proceso Constitucional demostró que Cuba cuenta con actores de la sociedad civil con capacidad para la movilización social, la formación ética, cívica y política de la ciudadanía y la valentía para defender una propuesta cuando se trata del destino de la Nación. El ejemplo del Centro de Estudios Convivencia (CEC) y su estudio sobre “Tránsito Constitucional y Marco Jurídico en Cuba: de la ley a la ley”, elaborado desde 2016 y presentado a la ANPP, confirma la pertinencia de pensar Cuba y prever su futuro.

5. La Constitución de la República de Cuba de 2019, como afirma la más alta dirección del país, es símbolo de continuidad a un proceso social caracterizado por el totalitarismo de Estado y la anulación de la persona humana en su proceso de socialización. De acuerdo a las clasificaciones generales, se considera una Constitución impuesta. Sus contenidos principales, el anclaje al pasado, el lenguaje y la garantía de mantener la supremacía del único Partido sobre la.sociedad, el Estado y la persona, confirman que Cuba continúa necesitando una Ley de leyes realizada, verdaderamente, desde y para la ciudadanía.

La tradición constitucional de la República de Cuba constituye una excepción dentro del contexto iberoamericano; se ha alejado del modelo constitucional de la región para enquistarse en su propia versión de “democracia de nuevo tipo”.