noviembre-diciembre.año IV.No.22.1997


JUSTICIA Y PAZ

LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

por Sergio L. Cabarrouy Fernández-Fontecha.

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este

derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, y el de difundirlas,

sin limitaciones de fronteras, por cualquier medio deExpresión.

Declaración Universal de los Derechos Humanos,

Art. 19.

En nuestra era de las Tecnologías y las Telecomunicaciones el hombre tiene a su disposición cada vez más sofisticados medios de comunicar sus ideas a otros y de establecer relaciones que traspasan con facilidad las barreras del clima, el idioma o el océano. Hoy es posible tener a la mano en segundos todo lo que se ha escrito en el mundo sobre el cultivo de frijoles, convocar un concurso de filatelia en los cinco continentes sin moverse de frente a la computadora, o publicar un libro en usar una hoja de papel. Hoy el hombre tiene en su poder instrumentos que le posibilitan usar su libertad para expresarse en un sentido cada vez mayor y más profundo del término.

La libertad de expresión es un elemento constitutivo de la Democracia y no es sólo un derecho que debe ser reconocido por la ley, sino que es una actitud que el ciudadano, los grupos intermedios de la sociedad, y el Estado deben desarrollar como parte imprescindible del proceso de su propio mejoramiento.

Hace unos días íbamos calle arriba unos amigos y yo, luego de salir del trabajo. Nos detuvimos en un "timbiriche" a comprar pizzas y no sé por qué se movió la conversación hacia el problema de las manifestaciones de violencia que han aparecido en nuestra sociedad. Cada uno fue dando su opinión, unas discrepaban de otras, como es lógico. En un momento uno de los presentes exclamó en tono bajo y de buen consejero (mirando al grupo de personas que se había reunido bajo el estrecho toldo de la pizzería porque había comenzado a llover): "Déjense de hablar esas cosas en la calle... no ven que esto está lleno de gente?. Casi inmediatamente el que estaba hablando en ese momento bajó la voz y otro de los presentes comenzó a hablar de otro tema.

En nuestra realidad esta anécdota se repite con mucha frecuencia, aunque pienso que cada vez en menor escala. Resulta "normal" que muchas personas no se sientan libres para expresar su opinión en público, en ocasiones aun cuando el tema sea ampliamente tratado en los medios masivos de difusión. Hay opiniones, sobre todo políticas que son vistas con recelo, y algunas veces puede que quien las dice se vea perjudicado en su trabajo, estudio, o hasta en la relación con sus vecinos. En algunos ambientes la opinión, o la forma de pensar que se relaciona con determinadas opiniones, es muchas veces un criterio para evaluar a la persona, para catalogarla de más o menos "integral", o para dictaminar si está apta o no para ocupar una responsabilidad, e incluso, para determinar si puede o no permanecer en la escuela o el trabajo. Puede hablarse de que en nuestro país han existido múltiples bloqueos al libre intercambio de información y opiniones que, aunque se ha tratado de justificar con muy buenas intensiones, ha contribuido al deterioro de las relaciones sociales y a impedir, de alguna manera, que el ciudadano busque libremente la verdad. Por noble que sea el ordenamiento social que se quiere construir, no puede privarse a las personas a buscar la verdad con la colaboración libre de otros, porque entonces ese mismo ordenamiento quedaría mutilado. Sin la franca y libre búsqueda de la verdad en toda la extensión de la palabra, no hay democracia cierta.

El "trozo" de verdad que puede encontrarse en el valioso aporte de la opinión de otros, y la luz que arroja la confluencia de opiniones diversas sobre un asunto son, en nuestra realidad, a menudo impedidos por el miedo a las consecuencias que traiga la opinión, sentimiento éste que a menudo se disfraza de prudencia. Así puede verse que en una reunión de producción nadie se atreva a discrepar con el jefe porque le pueda costar el puesto, o que a uno le aconsejen "medirse" a la hora de hablar con alguien "porque no se sabe quién es ni cómo piensa", o que en una asamblea de rendición de cuentas nadie se atreva a cuestionar el funcionamiento del Poder Popular por temor a ser acusado de contrarrevolucionario. De esa manera puede que un grupo de ejecutivos de una empresa no tomen la decisión correcta siendo ésta evidente para muchos, o que las relaciones de unos compañeros de estudio o trabajo no sean todo lo buenas que necesitan para desempeñar mejor lo que hacen, o que el proceso de mejoramiento de la democracia en nuestro país no sea todo lo rápido y eficaz que exigen los tiempos.

No se trata de que la transparencia entre las personas no tenga los justos límites que tienen que ver con la privacidad del sagrario de la conciencia de cada cual. Se trata de que la verdad sobre la realidad cotidiana que relaciona a las personas pueda ser dicha sin que medien barreras de tipo político, o económico, o simplemente las que impone la intolerancia de la opinión diversa.

Esas actitudes de intolerancia, el hecho de llevar al plano de las relaciones interpersonales las discrepancias profesionales o políticas, u otras actitudes relacionadas con la falta de cultura de diálogo, no podrán ser superadas si el ciudadano no se entrena en expresar su opinión libremente, superando el miedo a cómo pueda ser interpretada, sin herir la sensibilidad del otro, discrepando de su opinión o actitud pero no atacando a su persona. Al mismo tiempo difícilmente puedan superarse los bloqueos a la libre expresión si su ejercicio no deja de ser posible fuente de perjuicio en diversos ambientes como dijimos antes.

La posición política del ciudadano se manifiesta normalmente en su vida cotidiana mediante el ejercicio libre de su opinión, y el ordenamiento democrático de la sociedad será cada vez más eficaz en la medida en que dicha opinión pueda difundirse más fácilmente, y en la medida en que ese ciudadano tenga oportunidad de hacer valer dicha opinión (luego de ser debidamente valorada por otros), al menos en los ambientes de la sociedad que para él son cotidianos. El ejercicio de su libertad política no debe reducirse solamente a la participación en determinado partido o en los espacios que para ello abra el Estado.

Sin embargo, el límite del ejercicio de la libertad de expresión, como el de cualquier derecho del hombre, es precisamente el daño al bien de otra persona o al bien común. Por tanto para que el ejercicio de dicho derecho no sea un obstáculo o una fuente de inestabilidad social, debe existir un apropiado marco jurídico que lo garantice.

"Los derechos de reunión, manifestación, y asociación son ejercidos por los trabajadores (...) y demás sectores del pueblo trabajador. Las organizaciones de masas y sociales disponen de todas las facilidades para el desenvolvimiento de dichas actividades en las que sus miembros gozan de la más amplia libertad de palabra y opinión, basándose en el derecho irrestricto a la iniciativa y la crítica". (Cfr. Constitución de la República de Cuba, artículo 54, 1992).

Como se ve, en nuestra Constitución se reconoce el derecho de la expresión libre pero, se refiere al mismo sólo en el marco de ciertas organizaciones. En este sentido no hay que olvidar que este derecho debe reconocerse y ejercerse en todos los ambientes de la sociedad, y que no se restringe solamente a la palabra, sino que se extiende a todas las posibles formas y medios de comunicación del hombre, desde las artes hasta la relación interpersonal, desde las señales de humo hasta el correo electrónico.

Existen, a mi juicio, dos grandes peligros, implícitos en el libre ejercicio de la expresión, que deben ser evitados por las leyes: uno es la mentira en sus más diversas formas y el otro es la promoción de actitudes que son negativas para las personas.

En el caso del primero en nuestro país, en el código penal, se reconoce, entre otros, el delito de difamación. De modo que cualquier persona pueda ser penada por decir mentiras en perjuicio de otras. Si los principios jurídicos se aplican correctamente en caso de que las personas o los medios de difusión comuniquen mentiras, entonces el Estado no tendría que intervenir en absoluto con ningún tipo de censura.

En el caso del segundo se trata de que la ley condene hechos como incitar la violencia, la promoción de la pornografía, la difusión de antivalores (robo, doblez, etc.), o que se deje a discreción de los letrados el discernimiento sobre la inmoralidad de determinado acto de ejercicio de libertad de expresión, siempre bajo acusación y con el presupuesto de respetar dicha libertad. En la práctica muchos sistemas jurídicos condenan explícitamente hechos como los que citamos, pero siempre queda la decisión sobre muchos casos, sólo bajo el criterio ético del daño al bien común.

En nuestro país se reconoce, entre otros, en el código penal, el delito de Propaganda Enemiga, que se aplica generalmente a las personas que presuntamente han atentado con su expresión contra la seguridad del Estado cubano. En este caso el nuestro, como todos los Estados, tiene el derecho y el deber de defender su estabilidad y la paz en la Nación mediante la ley, y en ese sentido me pregunto: ¿Es igualmente justo considerar como atentado a la seguridad nacional el hecho de emitir criterios contrarias a los del Estado? ¿Se aplican los rigores de la ley estrictamente en los casos en que se comprueba la intensión o el hecho de atentar contra la seguridad nacional, o también se hace con los que discrepan del Estado en términos políticos? A mi juicio, en términos políticos, la opinión contraria no es en principio dañina aun cuando no fuese hecha en un tono muy dialogante. Cada ciudadano, grupo, o el Estado mismo, tienen la libertad de escuchar dicha opinión o no, así como de tomar o no determinada actitud al respecto. Hoy en Cuba, gracias a Dios, cada vez pierden más terreno las propuestas políticas que no sean en clave de diálogo.

"Peculiares deberes competen a los destinatarios todos de la información, lectores, espectadores y oyentes que por personal y libre elección reciben las informaciones difundidas por estos medios de comunicación. Pues, una recta elección exige que aquellos fomenten todo lo que contribuye a la virtud, la ciencia y el arte, y eviten, en cambio, todo lo que pueda ser causa u ocasión de daño y espiritual para ellos o para otros, por el mal ejemplo que puedan ocasionarles y lo que favorezcan las malas producciones y se oponga a las buenas; lo que sucede a menudo contribuyendo económicamente a empresas que tan sólo persiguen el lucro en la utilización de estos medios" (Cfr. Concilio Vaticano II, Decreto Inter Mirifica (IM) no. 9)

Creo que debe dejarse de hablar de "guerra ideológica" o de "diversionismo ideológico" y empezar a hablar el lenguaje de intercambio sano de opiniones y propuestas y de la necesaria preparación que urge en todos los sectores de la sociedad para poder convivir de forma pluralista en el más alto grado de profundidad del término. Cuando una propuesta política o de otra índole, dicha de cualquier forma o por cualquier medio, no refleja los intereses de la mayoría, entonces se vuelve inoperante por sí sola, sin que el Estado tenga que censurarla. Si las minorías de la sociedad pueden expresar libremente sus criterios respetando a los otros, entonces no hay que preocuparse por el contenido político o sociológico de dicha expresión. El criterio para considerar delito una expresión cualquiera del pensamiento debe ser únicamente el daño probado a las personas o al bien común. El marco jurídico cubano debe perfeccionarse en ese sentido.

Vale decir también que los ciudadanos y todos los demás integrantes del entramado social tienen el derecho a reservarse de dar a otros información que consideren privada, siempre que en ello no se afecte el bienestar de nadie.

Todos los sectores de la sociedad, en especial, los responsables de los medios de comunicación masivos tienen el deber de hacer un buen uso de ellos. "Como quiera que la opinión pública ejerce hoy un poderoso influjo en todos los órdenes de la vida social, pública y privada, es necesario que todos los miembros de la sociedad cumplan sus deberes de justicia y caridad también en esta materia, y por tanto que también, con el auxilio de esos medios, hay que procurar formar y divulgar una recta opinión pública. (Cfr. IM no.8)"

Es deber de los ciudadanos participar de modo activo en los procesos de comunicación en la sociedad, en especial aquellos que sienten la vocación de hacerlo como realizadores. En este sentido los periodistas son a los que, por naturaleza, el resto de la sociedad delega la responsabilidad de estar presentes en los principales acontecimientos e informarlos. A estos últimos en especial se dirigió el Concilio: "Muy principal deber moral incumbe, (...), a los que de algún modo intervienen en la realización y difusión de las comunicaciones, (...). Misión suya es, por tanto tratar las cuestiones económicas, políticas o artísticas de modo que no produzcan daño al bien común..." (Cfr. IM 11)

Los medios de comunicación social son un auténtico e imprescindible espacio de participación para los ciudadanos y los grupos intermedios. ¿Por qué entonces, no se facilita en nuestro país el acceso de éstos a dichos medios? ¿Por qué no se mejora el marco jurídico en lo referente a las publicaciones independientes del Estado, de modo que los sectores sociales que aun no las tienen puedan también hacer su aporte al coro de voces distintas que ya comienza a aparecer en estos medios?

Veo con alegría que en Cuba se abren cada vez con mayor facilidad espacios de diálogo franco y sereno, que cada vez con mayor frecuencia se habla libremente de política o de economía en cualquier lugar y no sólo en los medios del Estado. Me alegro, en ese sentido, también de espacios de diálogo como el que tuvieron las autoridades del gobierno con el Consejo de Redacción de Vitral.

El primer paso para llegar a mayores grados de libertad de expresión en Cuba, es precisamente, el ejercicio cotidiano de la opinión usando como método el diálogo. De esa manera se propiciará el buen uso de las libertades que desde el punto de vista social y jurídico debe irse reconociendo paulatinamente, como parte de los procesos de cambio que vivimos.

Septiembre de 1997.