Economía

Las PYMES en la Gestión del Patrimonio Cultural de América Latina

Ángel Marcelo Rodríguez Pita | 14 Junio, 2019

Foto de Wendy Ramos Cáceres.

El relanzamiento de las PYMES a inicios de la presente década impacta notablemente en la gestión del patrimonio cultural de la sociedad latinoamericana actual en cada una de sus dimensiones y aristas.

El tamaño de las MIPYMES es, a la altura de 2016, el mayor desde los inicios de la década de 1960 y emplea el 48% de la fuerza de trabajo de la región. Además del trabajo de subsistencia, se ubican en este sector las cooperativas y emprendimientos locales.

La propia dinámica de gestión que se ha creado dentro del sector, su sistema de incentivos, sus vínculos como ofertas de bienes y servicios, resulta clave ya para el desarrollo de los países.

Entre finales de 2015 y comienzos de 2016, se computaba más de medio millón de PYMES en Latinoamérica de los cuales más de la mitad (54%) se asentaban en zonas patrimoniales y un 61% del total nacional se concentraban en servicios y comercios, bajo la lógica empresarial y no la del autoempleo.

  1. La estructura empresarial latinoamericana de 1960 a 1990

El escenario socio – político de América Latina que comenzó a desmontar el aparato económico e institucional de la época se operó en dos momentos que se sintetizan en: primero, la experimentación (1959-1975) y segundo, los nuevos rumbos.

Fue en este segundo momento donde la economía latinoamericana se adhiere al canon neoliberal tradicional impuesto por el imperialismo. Más allá de las transformaciones estructurales, se analizará a continuación lo sucedido en la escala micro, específicamente, en la empresa.

En los primeros años no existió un ataque inmediato a la micro y la pequeña empresa en la región. En la concepción inicial, se pensaba incluir a la pequeña propiedad privada en la estructura económica de los países.

El programa económico inicial bien podría catalogarse de industrialización por sustitución de importaciones, que era la corriente de política económica en boga en Latinoamérica y que, por demás, nunca postuló la necesidad de eliminar el tejido de microempresas.

Con la influencia de las experiencias socialistas de Cuba, las interpretaciones que se hicieron y los hechos que tenían lugar en “el socialismo real” determinaron la construcción de una utopía estrecha.

El advenimiento de la PYMES, las urgencias de la recuperación económica, el ambiente de lucha de clases y la contemporaneidad, llevaron paulatinamente a decisiones que se interesaban por la revalorización del patrimonio cultural como generador de bienes. Estas decisiones se reflejaron en la estructura de propiedad.

Con la notoria gestión patrimonial de la década de 1960 se vincularon 5630 pequeñas unidades privadas, a las cuales se vinculaban 120 mil personas. Virtualmente el sector MIPYMES no incorporado a esta forma de gestión que quedó relegado a algunos transportistas y otras profesiones. Apegados a la tradición mercantilista, el desarrollo económico de la región en lo adelante se organizó a través del esquema de economía turística.

Este se basó en la promoción de valores socio-históricos que otorgó, al menos en lo formal, una cierta autonomía a las empresas en la utilización y manejo de los recursos comunitarios; las necesarias.

En general, los planes de las economías nacionales aplicaron categorías culturales y contenidos economicistas, en calidad de herramientas para medir el uso que las empresas hacían de los valores socioculturales.

La introducción de nuevos marcos jurídicos, económicos e institucionales, con la finalidad de superar las secuelas del período de idealismo que tuvo su culmen a fines de 1970, posibilitó instrumentar en la práctica económica criterios de evaluación inexistentes con anterioridad, así como aplicar un sistema que permitiera dirigir la economía en su conjunto. Sin embargo, este no contribuyó a lograr un desempeño de la gestión más eficiente.

Se concedió un estrecho espacio para los emprendimientos vinculados al sector, hasta elevarse a 46 500 en 1981.

En la segunda mitad de los 80, se expresaron evidentemente ineficiencias debido a diversos factores y se comienza un periodo de “rectificación”. Como parte de las medidas tomadas, se restringe considerablemente el uso de espacios en zonas patrimoniales para el ejercicio de actividades económicas y se deja de promoverle. De 46 500 emprendimientos que había en 1981, se pasó a 39 500 en 1985 y 25 200 en 1989, según datos de las UNESCO.

  1. Evolución de los emprendimientos latinoamericanos orientados a la gestión patrimonial de 1990 hasta 2018

No es hasta los años 90 con la crisis que enfrenta la región debido a la orientación de las inversiones norteamericanas hacia los países de Europa del Este, que se retoma la figura del emprendedor. A fines de 1995, ejercían 208 500 MIPYMES en la región y se estimula nuevamente este tipo de trabajo.

En 1993, se vincularon a la gestión del patrimonio cultural PYMES que se podían agrupar de la forma siguiente:

  • Actividades de transportación y apoyo.
  • Actividades de hotelería.
  • Actividades vinculadas al ecoturismo.

Con el advenimiento de la crisis desatada por las consecuencias del neoliberalismo y como parte de un conjunto de medidas de carácter estructural, fue adoptado el ejercicio del emprendimiento y se regularon las actividades autorizadas, quiénes podían ejercerlas, los requisitos y el ordenamiento de tales actividades. El número de actividades permitidas en esa fecha fue creciendo con el tiempo y en el 2003 ya se registraban 157 000.

Luego del crecimiento en los años 90, los emprendimientos latinoamericanos dieron ocupación a una cifra de 121 000 personas en 1994 y tuvo un máximo de 165 000 en 2005. Entre los años 1995 y 1997 se emitió un conjunto de resoluciones y decretos leyes que normaban cada vez con mayor restricción a su desarrollo en la región.

Sin embargo, como parte de un proceso de reestructuración de la economía regional, atendiendo a las difíciles condiciones en que se hallaba la misma, se decidió relanzar el sector.

En esta ocasión, aumentó el número de actividades permitidas y se flexibilizó un grupo de cuestiones en aras de potenciar la actividad: se les permite a los emprendimientos recibir mayores oportunidades de créditos. En este nuevo escenario, se considera que las características de los “nuevos” emprendimientos, los ubican realmente en el campo de las MIPYMES.

En 2010, se promovieron leyes en la región relacionadas con la actividad, y el arrendamiento de espacios en zonas declaradas Patrimonio de la Humanidad. Esas legislaciones establecen el reglamento de gestión turística del patrimonio cultural mediante normas para el arrendatario y relativas al pago de impuestos, y a la contratación de fuerza de trabajo por los propietarios.

Este nuevo marco legal de PYMES en Latinoamérica es consecuente con el espíritu del Socialismo del Siglo XXI, que reconoce a las empresas como una de las formas de organización social.

 Como es evidente, se dio mayor espacio al sector privado en la economía de nuestros países, donde se prevé que las actividades de estas microempresas no solo han constituido la principal alternativa de empleo como una vía de ingresos importantes para un gran porcentaje de las familias, satisfaciendo en gran medida la demanda de bienes y servicios de la población, dando pasos hacia el incremento del desarrollo local a través de la revalorización del patrimonio material e inmaterial de las naciones.

Como resultado del reordenamiento laboral es de los principales intereses actualizar el modelo económico de América Latina, donde para el 2012 el número de emprendimientos vinculados en zonas patrimoniales ascendió hasta cerca de 1 000 000.

Hasta junio de 2012 se habían aprobado 33 medidas por parte de la UNESCO para permitir incorporar hasta esa misma fecha alrededor de 171 000 nueva PYMES, lo cual sumaba un total próximo a los 328 000 emprendimientos operando en la región.

Incorporados al sector de las MIPYMES, ya sea como propietarios, existían en esta fecha alrededor de 390 000 emprendimientos. Los países más destacados en ello son Argentina, Brasil, Chile, México, Perú, Ecuador, Paraguay, que agrupan el 65% del total.

Las actividades de mayor crecimiento en el sector en el período antes señalado (septiembre de 2010 a junio de 2012) coinciden con aquellas más atractivas de forma general; estas son: alimentación, hotelería y artesanos, ambas crecieron en el período de 160 504 a 682 530 nuevas MIPYMES, respectivamente.

Se esperaba para el 2015, que el 85% de la fuerza de trabajo en la región estuviera empleada en el sector privado y cooperativo. Esa cifra no se cumplió.

Con respecto a las regulaciones aprobadas hasta la fecha se considera que estas son aún insuficientes, y el sentido en que se determinan estas actividades debería cambiar. Al respecto, se reconoce que: la lista de 181 actividades vinculadas a sitios patrimoniales, aún es demasiado precaria y reducida; sería más oportuno entender que se pretende frenar la iniciativa individual tomando en cuenta su impacto ambiental.

Sería preferible una lista de categorías generales que le dieran espacio a las PYMES y MIPYMES para proponer y perfilar una oferta de bienes y servicios diversa que revalorice el patrimonio cultural.

Tal situación debe ser lo suficientemente flexible como para poder adecuarse a una demanda cambiante en el tiempo, heterogénea en lo local, y que es indescifrable para cualquiera que se lo proponga centralmente.

La UNESCO en 2016 finalmente trae al debate un grupo de documentos donde se reconoce por vez primera la necesidad de avanzar hacia el reconocimiento de los aportes de las PYMES a la conservación del patrimonio cultural.

Así, la UNESCO reconoce que la propiedad privada (PYMES, MIPYMES y pequeños emprendedores locales) participan además de la gestión del patrimonio cultural local y son parte vital del proceso de revalorización del patrimonio inmaterial.

En sus documentos, la CEPAL expresó la necesidad de establecer en la región un orden legal y operativo para el reconocimiento de los emprendedores locales en la participación activa de la conservación del patrimonio cultural material.

La manera en que se van a diseñar estas políticas públicas, instrumentos jurídicos y demás, para llevarlo a vías de hecho es de difícil pronóstico. La forma habitual que ha adquirido el diseño de políticas en América Latina tras la caída de las dictaduras, supone un proceso de diseño de política, experimentación y extensión del mismo. Solo el diseño de la política es un proceso suficientemente lento y enrevesado.

Contradictoriamente en julio de 2016, se inicia un proceso de reordenamiento de la organización de la actividad privada en la región por la necesidad de preparar nuevos cuerpos normativos y dar soluciones a los problemas legislativos actuales, con ello se suspende el ejercicio de actividades económicas en algunos parajes, lo cual impacta negativamente en la economía doméstica y el desarrollo de la sociedad latinoamericana.

Conclusiones

Este trabajo dispone de un material de consulta sobre la problemática general de las PYMES en la gestión del patrimonio cultural de América Latina en sus varias aristas. No obstante, otros temas podrían ser tratados en su extensión.

Resalta un grupo de hechos en la literatura revisada:

  • Los entornos institucionales en los que se mueve las PYMES y las microempresas en Latinoamérica son diferentes entre los países, con reglas de juego cambiantes. La más importante deficiencia legal en el caso mexicano es el tratamiento de las PYMES que ya funcionan desde hace tiempo con reglas y lógicas empresariales sin implicaciones culturales.
  • Los impactos globales de las PYMES en la conservación y gestión del patrimonio cultural en América Latina siguen siendo marginales, si bien ha aumentado en la revalorización.

 

Bibliografía

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  • Pike, A., Rodríguez, A., & Tomamey, J. (2017). Desarrollo Local y Regional. Valencia: Publicaciones de la Universitat de Valencia.

 

 


  • Ángel Marcelo Rodríguez Pita (La Habana, 1989).
  • Licenciado en Sociología, Universidad de La Habana, 2013.
  • Máster en Educación a Distancia, Universidad de La Habana, 2017. Doctor en Ciencias de la Educación Superior, Universidad de La Habana, 2018.
  • Director General del Centro de Investigación para el Desarrollo Local (CIDEL).
  • Experto en Gobernabilidad y Gobernanza.
  • Reside en La Habana.