Economía

SIETE AÑOS DE FRACASO DE LAS INVERSIONES EXTRANJERAS EN CUBA: 2014- 2021

Elías Amor Bravo | 21 diciembre, 2021

Foto de Yerandy Pérez Aguilar

El gobierno cubano ensayó con la Ley 118 de 2014 un modelo para atraer la inversión extranjera, pero los resultados nunca se han ajustado a lo esperado. Ni lo harán. Han sido siete años perdidos. Cuba nunca ha sido un destino atractivo para la inversión extranjera, ni siquiera en momentos que se preveían felices, tras la reanudación de las relaciones con Estados Unidos en tiempos de Obama. Después, con la economía perdiendo capacidad de crecimiento, la necesidad de capital extranjero fue en aumento, y desde el régimen se diseñaron distintos instrumentos y herramientas para hacerlo posible, pero el capital no llegó como se esperaba. Las empresas y consultorías que asesoran a los inversores extranjeros en Cuba coincidieron en una idea que frena el desarrollo de esta actividad: la inseguridad jurídica provoca el deterioro de las expectativas de los inversores.

Una pérdida de interés que según los analistas ha ido en aumento, sobre todo en los dos últimos años como consecuencia de los efectos de la pandemia de la COVID-19 y los efectos devastadores de la Tarea Ordenamiento, unidos a la escasez de divisas que existe en el país, lo que hace imposible promover una cofinanciación de proyectos. Y, sobre todo, decisiones del régimen comunista, contrarias al espíritu inversor y que atentan contra la seguridad jurídica que las empresas extranjeras demandan en los países donde desembarcan.

Los analistas destacan que las expectativas abiertas con la nueva regulación de las mipymes, CNA y TCP no se han cumplido. Los inversores extranjeros confiaban en el desarrollo de un sector privado que pudiera interconectarse libremente con el capital foráneo. Sin embargo, la regulación de los nuevos actores privados sigue siendo injerencista y limita las libertades de actuación económica, por ejemplo, sigue siendo imposible la inversión extranjera en el negocio de un TCP, las franquicias no son bienvenidas. 

Las expectativas que surgieron con la reforma de las empresas privadas se han quedado muy lejos de lo planteado, y los cambios adoptados refuerzan la posición del régimen con respecto a estas empresas, condiciona su desempeño y limita su capacidad para hacer negocios libremente. En definitiva, el gobierno mantiene una “acción de oro” con respecto a las mipymes y CNAs, por cuanto la decisión de su creación pasa por el embudo del gobierno. Este hecho ha conducido a que sea insostenible la llegada de capital extranjero para vincularse con los nuevos actores económicos.

A esto, además, se suma la situación económica que presenta Cuba, una economía en franca recesión desde el segundo semestre de 2019, a la cola de la recuperación con la novedad de una tasa de inflación disparada, un PIB muy por debajo de lo planificado y un abultado endeudamiento interno y externo, que rompe los equilibrios necesarios de la economía. De hecho, los bajos ritmos de la inversión extranjera en Cuba, comparados con otros países de la zona como República Dominicana, indican que el escenario ha generado que muchas compañías hayan paralizado proyectos que hace un año esperaban poner en marcha en Cuba, llevándolos a otros países. 

Esa pérdida de interés de los inversores en la economía cubana, a pesar de que la “cartera de oportunidades” ha ido en aumento en el número de proyectos, ha llevado al régimen, de forma errónea, a concentrarse en la inversión hotelera, olvidando otros sectores que podrían beneficiarse de la llegada de capital foráneo, como la minería o el agropecuario. El último dato publicado sobre el importe de la inversión extranjera directa en Cuba mostró en 2020 un notable descenso con respecto a 2019, ya que pasó de 843 millones de pesos en 2019 a 571 millones en 2020, con un descenso entre los dos años del 32%, según la ONEI.

El bajón inversor guarda relación con la pandemia, por supuesto, pero también con la acumulación de anomalías detectadas en la economía cubana que han continuado manifestándose en 2021, como la parálisis industrial, agropecuaria o de servicios de turismo, entre otras. Este es el problema, que apunta en la dirección de que 2021 podrá ser, nuevamente, un año perdido en la entrada de capital extranjero en Cuba, y lo que es peor, las expectativas para 2022 tampoco son más favorables.

Del conjunto de países de América Latina, Cuba aparece, por méritos propios, como el que ejerce menos atracción al capital internacional, excepto Venezuela, y lo que es peor, algunos indicadores alertan del riesgo de fuga de inversiones si las condiciones no mejoran a medio plazo. La posibilidad de que las empresas hoteleras, por ejemplo, abandonen los contratos de gestión de los hoteles propiedad del Estado, es más evidente que nunca, porque llevan casi dos años en crisis, observando, sin embargo, que países de la zona como República Dominicana o Costa Rica, no han experimentado unos resultados tan negativos.

Hay preocupación y malestar entre los inversores y analistas extranjeros sobre las actuaciones emprendidas por el régimen para superar la crisis. De este modo, no parecen razonables los pasos que se están dando, concentrados en potenciar la empresa estatal socialista o la planificación, que son herramientas de un modelo comunista obsoleto e incompatible con la libertad económica. Y, sobre todo, hay verdadero pavor de que el gobierno se lance, sin previo aviso, a modificar la legislación en materia de inversión extranjera, sin tener en cuenta los criterios puestos de manifiesto por los empresarios foráneos. Esta posibilidad, cada vez más real por el fracaso de la Ley 118, inquieta a los inversores y que aleja cualquier interés por desembarcar en Cuba.

Los inversores extranjeros cuestionan la Ley en todos sus términos. Desde calificar la cartera de oportunidades como un ejercicio de “voluntarismo político”, a oponerse a la obligatoria contratación de los trabajadores por medio de la agencia estatal intermedia, o asumir notables dificultades en un entorno de escasez de divisas, para repatriar beneficios a las casas matrices. Incluso, algunos se quejan de ventajas diferencias a las empresas establecidas en el Mariel con respecto a otros inversores en el resto de la Isla. También, se sienten inquietos por la ausencia de un mercado financiero sólido que incentive la participación de socios locales, pero, sobre todo, lo que más preocupa es la pléyade de obstáculos burocráticos que se tienen que superar antes de poner en marcha los proyectos. Se estima que mientras que en Cuba un proyecto puede tardar más de 18 meses en hacerse realidad, en República Dominicana se gestionan en 3 meses.

En el momento actual, no existe un sector extranjero interesado en operar en la economía cubana, como ocurre por ejemplo con la I+D industrial en Costa Rica, o la inmobiliaria en República Dominicana. Las inversiones extranjeras que llegan a Cuba no tienen perfil sectorial sino empresarial puntual y tratan de sacar provecho de operaciones a muy corto plazo, para tras un período de tiempo, dejar atrás la experiencia de la Isla. Dar continuidad a las inversiones es uno se los retos planteados, que obligarán a cambiar la norma.

Pero hay otras decisiones del régimen que preocupan al capital extranjero. Una de ellas es la prohibición expresa de invertir en sectores como la educación, la sanidad o la defensa, que, en términos generales, representan casi el 40% del PIB de la economía cubana y que están todos en manos del Estado. Ni siquiera la fórmula de gestión, que se aplica en otros sectores, como el hotelero o la minería, se aceptan en estos sectores. Esta exclusión genera malestar porque al inversor extranjero no le gustan los vetos reservados del régimen sobre la inversión de empresas en tales sectores.

Nunca se ha entendido esta exclusión, ni es un aspecto que se acepte por parte de los inversores, algunos interesados en opciones de rentabilidad asociadas a la salud pública o la educación cubana. La decisión del régimen se interpreta como un atentado a la libre competencia, y se valora como un mal precedente que politiza y acentúa la desconfianza entre interlocutores que necesariamente se tienen que entender. De modo que algunos analistas asesoran a los inversores a no colocar su dinero en Cuba hasta en tanto se rebajen estas exclusiones.

En los últimos años, el capital extranjero parece interesado en el despliegue de los sectores tecnológicos en Cuba. Las nuevas tecnologías de la información y comunicación abren oportunidades de negocio, teniendo en cuenta los bajos costes de producción que se obtienen en la Isla. En 2020, el 43% de las inversiones extranjeras en Cuba se dirigieron a este sector, tras haber representado el 32% el año anterior. En este caso, a diferencia del turismo, donde el estado corre a cargo de las inversiones en los hoteles de su propiedad que luego entrega a las compañías hoteleras para que los gestionen, se está produciendo una entrada de capital tecnológico y productivo que, curiosamente, no aparece entre las prioridades definidas por la cartera de oportunidades.

Habrá que ver si esta tendencia se mantiene en el futuro y, sobre todo, qué efectos puede tener sobre el resto de la economía y su apertura internacional. De momento la inversión en nuevas tecnologías ha sorprendido por su rápido crecimiento además en un ejercicio dominado por la crisis de la pandemia.

Y si todo lo expuesto no fuera suficiente, al inversor extranjero en Cuba le preocupa el pésimo cuadro macroeconómico que las autoridades han empezado a reconocer. En el segundo semestre de 2021 la economía rebotó, pero de forma insuficiente para recuperar la pérdida del ejercicio anterior, de modo que, si el año hubiera acabado en junio, se habría vuelto a registrar una caída del PIB del -3%, manteniendo a la economía en recesión. Cuba se queda atrás con respecto al conjunto de países de América Latina, y los efectos devastadores de la Tarea Ordenamiento complican más un el escenario por sus efectos controvertidos sobre la inflación.

Junto a ello, los cuellos de botella del lado de la oferta, que es incapaz en el caso de los productos agropecuarios de alimentar a la población, pero ocurre otro tanto en vivienda, manufacturas, servicios, etc., aceleran más aun los aumentos de precios, con el impacto añadido de menores suministros procedentes de Venezuela que obligan a detener a sectores completos de la economía. En tales condiciones, Cuba se enfrentará a unos meses muy complicados por los nuevos brotes de COVID-19, aunque con una red de seguridad para sostener una eventual caída, mucho menor que el resto de sus homólogos. Y lo que es peor, una dependencia excesiva del turismo olvidando otras actividades internas que podrían actuar como motores del crecimiento. No hay inversores extranjeros que puedan ver racionalidad alguna en este comportamiento.

Por ello, el gobierno tiene que reordenar el presupuesto estatal, ajustar los gastos en un entorno de menor crecimiento de ingresos, y dedicar el dinero a las actividades económicas que pueden recuperar la economía por medio de sus motores internos. Y esta tarea no resulta fácil. Los inversores extranjeros contemplan este escenario con temor, porque ya saben lo que ocurrió el 11J, y están convencidos de que pueden venir más escenarios de protesta social. Lo sorprendente es que, en condiciones como las actuales, alguien no haya dado un giro de 180º del timón de la nave. Esperar a verlas venir, ganar tiempo, no es factible en estos momentos en que la economía cubana se despeña por una ladera inclinada.

 


  • Elías M. Amor Bravo.
  • Analista cubano y especialista en formación profesional y empresarial.
  • Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales.
  • Máster en gestión pública directiva.
  • Director de la Fundación Servicio Valenciano de Empleo.
  • Director general de formación y cualificación profesional.
  • Miembro del Consejo Académico del Centro de Estudios Convivencia.
  • Reside en Valencia, España.