Ciudadanía

El balance del 2020 para Latinoamérica

Mónica Flórez Cáceres | 9 diciembre, 2020

Foto de Rosalia Viñas Lazo.

Este, sin lugar a duda, pasará a la historia como un año en el que la humanidad enfrentó uno de aquellos escenarios que parecía ser solo una invención de una película apocalíptica. Calles vacías, negocios cerrados, industrias detenidas, enfermad y muerte se cernieron en todos los rincones del planeta. Sin embargo, no todos los países asumieron la crisis sanitaria del mismo modo, y no todos tendrán la misma capacidad para recuperarse y ejecutar los cambios requeridos para enfrentar el desempleo, la pobreza y otras tantas problemáticas que afectan regiones como la latinoamericana.

La vulnerabilidad de los sistemas de salud de esta región, quedó al descubierto, junto con las falencias de los regímenes políticos y los gobiernos de turno, que ante una situación sui generis, han tenido que demostrar qué tan eficientes e idóneos son para regir los destinos de sus naciones.

El 2021 seguirá girando en torno al virus, a los tratamientos y a la competencia de las vacunas que hoy se alzan como herramientas de política exterior. Al principio de la pandemia parecía haberse establecido un ambiente de profunda cooperación y empatía, pero finalmente los intereses políticos y económicos no han descansado con los confinamientos, y, al contrario, se ha evidenciado cómo se evalúa el valor de la vida desde una perspectiva utilitarista.

Más allá de las reflexiones que para muchos pueden ser obvias, y evadiendo la citación de las cifras de infectados y muertos, este artículo pretende, brevemente, hacer un recorrido por lo que ha sucedido en América Latina este año, teniendo de base el contexto con el que se inició el presente texto y, a su vez, partiendo del punto de que hay países que han protagonizado giros que valen la pena resaltarse en este balance. Así mismo, también se apuntarán algunas prospectivas de la región para el 2021.

Uno de esos países que han tenido un turbulento 2020 es Perú. Este Estado suramericano ha sido tradicionalmente un país convulsionado por la corrupción; como anota Alfonso Quiroz (2013), experto en la temática, se puede deducir tras el estudio de la historia peruana que la corrupción no es “algo esporádico sino, más bien, un elemento sistémico, enraizado en estructuras centrales de la sociedad” (p. 2).

Ello se ha manifestado explícitamente con la reciente vacancia por incapacidad moral del presidente Manuel Vizcarra por hechos acaecidos cuando fue gobernador de la región del sur denominada Moquegua entre el 2011 y el 2014 (BBC, 2020). No obstante, la organización Human Rights Watch (HRW) ha sugerido que la forma en la que se dio la destitución pone en tela de juicio el equilibrio y la división de poderes, en especial a lo concerniente a las relaciones entre el Tribunal Constitucional y el Parlamento que fue el órgano que decidió la suerte del mandatario.

El director para las Américas de HRW ha enfatizado que “los gobiernos de las Américas deben fiscalizar de cerca las decisiones que adopten Merino (El Presidente del Congreso que se juramentó como presidente de la República el 10 de noviembre, pues mayo había renunciado la vicepresidente) y el Congreso. Existen motivos sólidos para sospechar que utilizarán la destitución de Vizcarra para seguir debilitando el Estado de Derecho en el Perú” (HRW, 2020). Todo ello ha provocado masivas manifestaciones a favor y en contra de la decisión del Congreso, lo que supone no solo riesgos de bioseguridad, sino que adicionalmente hay temor de las posibles represiones violentas por parte de las autoridades.

Otro es el caso para Chile. Como resultado del acuerdo al que se llegó a finales de 2019, el pasado 25 de octubre se celebró el plebiscito para el cambio de la Constitución que fue gestada durante la dictadura de Augusto Pinochet. Con un contundente porcentaje cercano al 80% los chilenos manifestaron su deseo de cambiar la Carta Magna, sin embargo, esto es solo el inicio de un proceso complejo que ya está encontrando serios cuestionamientos.

El paso que sigue es la postulación y elección de los 155 delegados para la Convención Constituyente, no obstante, hay mucha confusión sobre el proceso de postulación pues el grueso de la población cree que quien desee puede postularse, pero en realidad las listas las proponen los partidos políticos, y el proceso para los independientes implica incluso recolección de una ingente cantidad de firmas. El asunto, es que, como en otros países de la región, los partidos políticos tienen una imagen desfavorable y ello podría minar la participación en el proceso.

“La encuesta de Ipsos-Espacio Público reveló que un 64% de los chilenos prefiere votar por una persona que no milite en algún partido político. En tanto, el sondeo de Tú Influyes estima que “el 81% votará por candidatos independientes o del mundo social, ajenos a partidos políticos” (Urrejola, 2020). El resultado dependerá de que los partidos políticos y los independientes logren equilibrar el número de representantes para motivar la participación de la ciudadanía chilena, es especial de los jóvenes que no confían en la figura tradicional de los partidos. De ello dependerá la legitimidad del proceso, y por supuesto, la aceptación del producto final: una nueva Constitución.

Por otro lado, en Bolivia se celebraron las aplazadas y polémicas elecciones el pasado octubre arrojando como ganador a Luis Arce del partido Movimiento al Socialismo (MAS), el mismo partido de izquierda de Evo Morales quien regresó al país tras la victoria de su aliado y quien fue su Ministro de Finanzas por casi 14 años (Eisele, 2020). Empero, esto supone varios interrogantes que cuestionan no solo, como en Perú, la legitimidad de la división de poderes, sino también el rol de la comunidad internacional sobre el fraude de las pasadas elecciones que también daban como ganador al MAS.

Se cuestiona la independencia del sistema judicial, pues básicamente sus decisiones se han transformado de conformidad con los cambios de gobierno, tanto el interino de los conservadores como el electo, pues la suspensión inmediata de la orden de captura de Morales para que pudiese regresar, evidenció la parcialidad del órgano.

Las batallas judiciales y los cuestionamientos sobre la imparcialidad de las instituciones de justicia son una realidad en todos los rincones de la región y Colombia no ha logrado eludirlos. La profunda polarización en la que está sumida el país ha desencadenado sendos debates entre la opinión pública y los miembros de las tres ramas del poder público. Recientemente los fallos contrariados sobre la libertad del expresidente Álvaro Uribe al que se le acusa de fraude procesal y manipulación de testigos.

Las acusaciones al exmandatario sobre nexos con grupos paramilitares y narcotraficantes han sido las protagonistas de las agendas de los estrados judiciales y de las discusiones públicas, en las que se han tomado posturas extremas que impiden analizar con objetividad si las decisiones se han dado de conformidad con la ley.

Al tiempo que esto transcurre, no cesa la violencia en el país; en lo corrido de este año 250 líderes sociales han sido asesinados de acuerdo con los informes de la ONG Indepaz (Ortiz & Ríos, 2020). Hay una correlación de estos hechos violentos con la concentración de Grupos Armados Organizados que se disputan el control de los cultivos ilícitos y las rutas de comercialización de los narcóticos. Esto ha sido uno de los grandes baches con los que se ha encontrado la implementación de los compromisos pactados en el Acuerdo suscrito con las FARC en La Habana, y como si ello fuese poco, la desfinanciación, la pandemia y las falencias en la recuperación del control territorial por parte del Estado, se han conjugado y han impedido que se evidencien resultados contundentes del proceso de construcción de paz en el país.

En términos generales, desde México hasta Argentina, pasando por las Islas del Caribe, la región sigue enfrentando complejos retos institucionales. La autenticidad de las democracias latinoamericanas sigue siendo el principal cuestionamiento del público en general y de los académicos, que con suspicacia e incluso desesperanza observan cómo la corrupción, la apatía de la población y las coyunturas, como la actual pandemia, hacen temblar los cimientos de los Estados de Derecho latinoamericanos.

A ello se suman los pronósticos pesimistas de organismos especializados como el Fondo Monetario Internacional que anuncia una lenta recuperación económica para el 2021 (Valora Analitik, 2020), dependiendo de factores como la posibilidad de rebrotes del virus, el fortalecimiento del precio del petróleo, y por supuesto, las decisiones estratégicas que tomen las autoridades, muchas de las cuales parecen más preocupadas por su permanencia en el poder, que por la supervivencia de la población ante el virus y ante la crisis económica.

En suma, este año ha dejado grandes lecciones, cuestionamientos y sendas discusiones sobre lo que somos como sociedad y como ciudadanos. Se espera que pronto pueda haber soluciones que permitan superar esta coyuntura sin precedentes, pero sobre todo se espera que los aprendizajes del año (y de la historia, ciertamente) sirvan para que finalmente Latinoamérica trabaje para fortalecer sus instituciones democráticas, para actuar desde la paz, la transparencia, la educación y la concienciación, y así forjar un sendero que pueda cambiar el balance de los años venideros.

 

 


  • Mónica Flórez Cáceres (Bogotá, 1988).
  • Profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos.
  • Máster en Acción Política por la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, España.
  • Actualmente trabaja como profesora universitaria de “Teoría del Estado”, “Política Exterior” y “Negociación y resolución de conflictos”.