Martes de Dimas

El embargo: resoluciones o actuar como país

Dimas Cecilio Castellanos Martí | 25 mayo, 2021

Martes de Dimas

Las diferencias entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos -expropiaciones de propiedades norteamericanas, exportación de la revolución a la región y acercamiento a la Unión Soviética, entre otras, conformaron una escalada confrontacional que condujo al embargo comercial y a una secuencia de medidas y contramedidas que durante seis décadas han ocasionado graves afectaciones a la nación cubana.

El embargo, hasta 1989, por su poco efecto el embargo fue objeto de burlas por parte de las autoridades cubanas. A partir de ese año la pérdida de los subsidios provenientes de la Unión Soviética provocó un giro. Pasó a considerarse, primero como causas de algunas dificultades y luego de todos los males, incluso como expresara recientemente el subdirector del Centro Nacional de Educación Sexual, es uno de los principales obstáculos para garantizar los derechos sexuales en Cuba[1].

Aunque el embargo data de 1961, fue en 1992, con la agudización de la crisis, generada por la pérdida de las subvenciones soviéticas, que Cuba comenzó a presentar las resoluciones condenatorias en la Asamblea General de las Naciones Unidas, culpando al embargo de las dificultades no para lograr su eliminación sino para solapar las deficiencias y obviar los cambios al interior del país. ¿Por qué?

Porque las resoluciones de la Asamblea General de la ONU no son de obligatorio cumplimiento; por tanto inefectivas para lograr la suspensión del embargo. El resultado de las votaciones anuales lo confirma. En 1992, cuando Cuba presentó la primera resolución 59 países votaron a favor. En 2016, cuando se presentó la resolución vigésimo quinta -con excepción de Israel y Estados Unidos que se abstuvieron- todos los países votaron a favor. Con ese resultado, el máximo al que se podía aspirar en la ONU, se imponía abandonar el callejón de las resoluciones y tomar el camino de la negociación bilateral.

A diferencia de las diez administraciones norteamericanas que ocuparon la Casa Blanca, de Dwight D. Eisenhower a George W. Bush, la de Barack Obama le imprimió un giro a la política hacia Cuba. En lugar de exigir la democratización como premisa para el restablecimiento de las relaciones, dictó seis paquetes de medidas dirigidas al empoderamiento de los cubanos: amplió los permisos de viaje, ofreció facilidades comerciales a empresas privadas y a pequeños agricultores, acrecentó el monto de las remesas y los donativos, expandió las exportaciones comerciales de bienes y servicios, y proporcionó telecomunicaciones comerciales y servicios de internet con precios más bajos. Medidas que se reflejaron en el aumento de los viajes a Cuba, la llegada de los buque cruceros, el reinicio de los vuelos y de la transportación directa de correo, y facilitó las negociaciones de otros países con Cuba.

Por su parte el gobierno de la Isla permitió a los cubanos hospedarse en hoteles reservados para turistas, viajar al exterior sin pedir permiso al Gobierno y permanecer hasta 24 meses en el exterior, vender sus autos y sus viviendas, comprar computadoras, DVD y líneas de telefonía móvil…; medidas demostrativas de hasta donde habían retrocedido los derechos de los cubanos, pero nada de empoderamiento ni democratización.

Estados Unidos cambió su política, Cuba no cambió la suya.

En ese contexto Donald Trump, durante la campaña electoral, anunció que revisaría la política establecida por Obama. Una vez electo firmó el “Memorando Presidencial de Seguridad Nacional sobre el fortalecimiento de la Política de Estados Unidos hacia Cuba”.

Desaprovechada la oportunidad de la negociación, el Gobierno cubano presentó, en 2017, la resolución vigésimo sexta contra el embargo; línea que mantuvo sin alteraciones durante los años 2018, 2019 y 2020. Y próximamente presentará la resolución número 30 con los mismos argumentos: el bloqueo es ilegal e inmoral y constituye el mayor obstáculo para el desarrollo económico y social de Cuba.

El peor efecto de la confrontación fue que los derechos y libertades, gracias a los cuales antes de 1959 Cuba se había ubicado en el pelotón de los países más avanzados de América Latina, desaparecieron. El poder se concentró en el líder, la propiedad en el Estado y la sociedad civil fue sustituida por otra creada y subordinada al orden establecido. El desinterés por los resultados productivos dio paso a la ineficiencia, la corrupción generalizada y el éxodo masivo. Mientras la respuesta gubernamental se limitó a medidas paliativas con una frontera preestablecida: la conservación de la propiedad estatal, el partido único y el poder, que son precisamente tres de las principales causas del estado de deterioro actual.

La salida de la crisis requiere de la suspensión del embargo, lo que implica un giro radical en la conducta gubernamental seguida hasta hoy. Las esperanzas del Gobierno cubano de un cambio de política con la administración de Joe Biden se fueron a bolina. A casi cinco meses de la toma de posesión, el mensaje ha sido nítido: Cuba no es prioridad para Estados Unidos; cualquier cambio pasa por los derechos humanos; y la administración Biden no es la de Obama. Queda pues, un camino inédito por transitar: el cambio interno.

La eficacia del totalitarismo para conservar el poder ha demostrado fehacientemente no ser extrapolable a la eficiencia económica. De ahí lo inútil de la suspensión del embargo y al mismo tiempo conservar la ausencia de libertades que el Gobierno mantiene sobre su pueblo.

Como el embargo no es la principal causa de la crisis, en lugar de presentar nuevas resoluciones el Gobierno cubano debería abandonar el aferramiento a la estatización, la planificación centralizada y la ausencia de libertades, o cualquier otra traba y en su lugar acometer dos acciones complementarias: 1- medidas de cambio al interior de Cuba y 2- negociaciones bilaterales con Estados Unidos.

Como el embargo no prohíbe el trato con los empresarios privados, si el Gobierno de la Isla permite a los cubanos crear pequeñas y medianas empresas con personalidad jurídica, adquirir en propiedad las tierras en usufructo, elimina los monopolios estatales de Acopio y Comercio Exterior, erradica el apellido de Extranjera a la Ley de Inversiones y permite a los trabajadores contratarse y sindicalizarse libremente; entonces no sólo desaparecería el creciente desabastecimiento, sino que los argumentos que sostienen el embargo perderían su razón de ser, y el Congreso norteamericano -no las Naciones Unidas- procederían a su suspensión. No es una rendición ante el “enemigo”, sino un gesto hacia la nación y hacia el pueblo que supuestamente representa.

No se trata de una utopía. Ahí está el ejemplo de Vietnam, que después de la destrucción sufrida en la guerra con Estados Unidos, en lugar de presentar resoluciones en la ONU introdujo la economía de mercado. Por sus resultados Estados Unidos tuvo que suspender el embargo, ocuparon el lugar 28 entre los mayores exportadores del mundo, y están camino de convertirse en una nación industrializada.

La pregunta que se impone es: ¿por qué realmente no se piensa como país y en consecuencia se elimina el bloqueo interno? Hacerlo sería una forma concreta de llenar de contenida la manida frase de pensar como país.

La Habana, 24 de mayo de 2021

[1] Palabras de Manuel Vázquez, subdirector del CENESEX, el 13 de mayo de 2021.

 


  • Dimas Cecilio Castellanos Martí (Jiguaní, 1943).
  • Reside en La Habana desde 1967.
  • Licenciado en Ciencias Políticas en la Universidad de La Habana (1975), Diplomado en Ciencias de la Información (1983-1985), Licenciado en Estudios Bíblicos y Teológicos en el (2006).
  • Trabajó como profesor de cursos regulares y de postgrados de filosofía marxista en la Facultad de Agronomía de la Universidad de La Habana (1976-1977) y como especialista en Información Científica en el Instituto Superior de Ciencias Agropecuarias de La Habana (1977-1992).
  • Primer premio del concurso convocado por Solidaridad de Trabajadores Cubanos, en el año 2003.
  • Es Miembro de la Junta Directiva del Instituto de Estudios Cubanos con sede en la Florida.
  • Miembro del Consejo Académico del Centro de Estudios Convivencia (CEC).

 

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