Después de casi un año de ser detenido el otorgamiento de las licencias para un grupo importante de actividades, bajo el pretexto de reorganizar las reglas para eliminar enriquecimiento, ilegalidades y descontrol en el sector privado, hace un par de semanas se anunciaron las nuevas restricciones a las que estarán sometidos los trabajadores privados involucrados en dichas actividades.
La economía cubana, sumergida en una crisis que no parece tener fin, continúa siendo uno de los factores que mayor desesperanza provoca en nuestro pueblo. Muchos cubanos han querido progresar económicamente aprovechando la apertura que en los últimos años ha impulsado al sector privado, sin embargo, no son pocos los que se proponen progresar y no pueden, porque tienen restricciones de capital, o no encuentran oportunidades de negocios por las excesivas prohibiciones legales, o no cuentan con las herramientas necesarias para llevar adelante un proyecto de negocio. Por otro lado, están los que tienen éxito en sus iniciativas de negocios, que desarrollan una gestión responsable con la sociedad (por ejemplo pagando impuestos) y con el medio ambiente, que generan empleos en mejores condiciones de trabajo que el empleo estatal (mejores salarios, más libertad y menos control político); y que a pesar de esto y otros aspectos exitosos que pudiéramos enumerar se ven obligados a cerrar sus negocios, o a limitarlos enormemente por cuestiones de la excesiva regulación que el Estado cubano ejerce sobre el trabajo privado.
Ante este panorama, sumado a otros graves problemas por los que atraviesa nuestro país, como son la emigración, el empleo, los salarios, etc.; una verdadera apertura a la micro, pequeña y mediana empresa privada ayudaría decisivamente a que un considerable número de cubanos quieran y decidan estar en Cuba, a que se logren mayores niveles de empleo (demostrado internacionalmente como uno de los principales aportes de este sector empresarial), igualmente aumentaría el número de contribuyentes y el valor de sus contribuciones (asunto de vital importancia dado los problemas poblacionales que enfrentamos), disminuiría considerablemente la informalidad o ilegalidades, aumentaría el aporte del sector privado a las exportaciones, Producto Interno Bruto y otros indicadores económicos.
De este modo, resulta inconcebible que luego de casi un año de debates, estudios y reuniones, los hacedores de políticas encargados de esta reforma no se hayan dado cuenta de que es necesario eliminar restricciones como la famosa “lista” de actividades autorizadas, y que lejos de liberalizar la libre empresa privada, sigan estableciendo límites como la posesión de una sola licencia por persona, lo que atenta contra el probado espíritu emprendedor de los cubanos y estimula las ilegalidades lejos de eliminarlas.
Quizás las discusiones que se están desarrollando en Cuba en torno a una nueva Carta Magna, sean un ambiente propicio para que se tenga en cuenta el rol determinante que una verdadera apertura al sector privado, al contrario de las nuevas regulaciones recientemente publicadas, puede llegar a tener para la economía y la sociedad en sentido general. Por otro lado, todos los ciudadanos estamos frente al reto de ganar cada día un poquito más de espacio, con pequeñas acciones que desde nuestros ambientes vayan transformando nuestras realidades, para que juntos hagamos este cambio y otros que Cuba necesita.
Jorge Ignacio Guillén Martínez (Candelaria, 1993).
Laico católico.
Licenciado en Economía.