Sociedad Civil

#Otro18: la democracia desde abajo

Manuel Cuesta Morúa | 16 Octubre, 2016
Por Manuel Cuesta Morúa
 
Foto tomada de Internet.

Foto tomada de Internet.

La ambición de las élites es la de construir o reconstruir las sociedades desde arriba. Animadas por la constatación de que pocas cosas se logran sin los dispositivos del poder, buscan obtenerlos donde quiera que puedan ser legítimamente conseguibles para posicionarse como factores de poder frente o junto a él.
Cabe distinguir entre los dispositivos tradicionales del poder para las élites y los productos del poder social construido. Los dispositivos tradicionales están, por decirlo así, ahí. No a la mano pero sí visibles. Son aquellos recursos que usualmente garantizan una mayor influencia sobre la sociedad y de los que hay que apropiarse si se quiere tener alguna versión de éxito.
Dinero, conexiones, control mediático, visibilidad o capacidad simbólica, linaje o poder moral entran en el manojo de caudales con el que las élites participan del juego social para remodelar el entorno, cotejar los paradigmas y otorgar legitimidades.
La cuestión de las legitimidades es esencial para entender la lógica con la que actúan las élites: para ellas la legitimidad resulta de lo que otorga poder. Si, por ejemplo, el dinero es legítimo, la legitimidad recae en aquellos que lo tengan; si en cantidades profusas, mejor. Lo mismo con el catálogo restante de patrimonios. Con esta premisa, el discurso de la legitimidad de las élites incurre en el vicio de muchos filósofos: la petición de principios: tomar como explicación lo que debe ser explicado.
El círculo poco virtuoso que describen las élites ha sido bien tratado por la literatura académica. Ha sido también descrito para ese tipo particular de elitismo en sociedades clericales como la nuestra, donde escritores, intelectuales o académicos construyen o refuerzan los modelos de sociedad bajo la pretensión de que el saber y la cultura son las fuentes fundadoras legítimas por excelencia. Con esa visión premoderna de sociedad, las élites clericales no entienden el saber, algo por supuesto fundamental, como herramienta explicativa para el discernimiento social, sino como adorno escolástico del poder para protegerlo de las acechanzas de lo social. La vis conservadora de las élites se revela así particularmente contraria al poder socialmente construido.
Los productos de ese poder socialmente construido plantean otro itinerario. Provienen casi siempre desde abajo, se expresan de manera visible en lo que se conoce como espacios inventados y utilizan tanto los mecanismos institucionales como extra institucionales para llevar adelante sus propuestas o ambiciones.
Lo interesante es que el poder socialmente construido es el más legítimo de los poderes porque nace de la madre de todas las legitimidades, reconocidas por todos los Estados modernos: la que brota, según sea la tradición retórica, del pueblo o de los ciudadanos.
Y en el cruce entre los dispositivos del poder legítimo para las élites y los productos del poder socialmente construido se genera una paradoja muy bien enmascarada por la narrativa, sea liberal o manifiestamente progresista, de las élites. Esa narrativa se funda siempre en el derecho o en el bien común para los otros, esos de donde nace la legitimidad; pero ella misma les niega o se resiste a reconocerle el derecho a esos otros cuando intentan construir su poder social sin o al margen de los dispositivos tradicionales de las élites. Cuando estas ven que esos otros les ignoran o actúan sin su “consentimiento legitimante” les viene encima el “pánico de la masa” y la deconstruyen, en los mil sujetos diversos y diferenciados para aferrarse a la parte del sujeto social que se mantiene “fiel” a los principios: ese se constituye entonces en el “pueblo”, en la representación del todo.
Se llega por aquí a un escenario de escándalo, cuando esas mismas élites desconocen hasta los mismos recursos institucionales que supuestamente están diseñados para garantizar y proteger la acción social de los actores más legítimos: los ciudadanos.
Sean la plaza pública o las instituciones, la legitimidad del poder socialmente construido es silenciada, ocultada o reinterpretada según convenga a las élites y a la sostenibilidad de sus dispositivos del poder.
Dentro de esta dinámica perversa de las élites, aquellas que se reconocen progresistas niegan en un lugar lo que reconocen como legítimo en otro; las que se consideran conservadoras ocultan por aquí lo que tienen que admitir por allí, y las que se ven a sí mismas como liberales suspenden por acá lo que reclaman por allá.
Este juego cínico se ha banalizado en sociedades normalizadas en términos modernos. Pero es fundamentalmente nocivo para sociedades como la cubana, que buscan y necesitan reinsertarse en la modernidad.
Hasta donde han llegado las élites cubanas en este juego bastante elástico de dominación hace saltar los manuales escritos sobre la lógica del poder en las élites. Entre nosotros los narradores del poder viven, sin mala conciencia, de la realidad capitalista contra la que narran; los hacedores del poder se alían con aquellos, los capitalistas, cuya mera existencia es la negación del modelo narrado que los legitima; las élites externas normalizan a sus contra partes, en el sentido ideológico del término, por meras consideraciones rentistas o geoestratégicas, y muy pocos actores con influencia buscan la coherencia entre lo que narran y lo que hacen o proponen.
De la experiencia vital con este proceso en Cuba se desprende una enseñanza intelectualmente demostrable: de las élites no puede depender la modernización de la sociedad o del Estado. De las cubanas, menos. Estas últimas no tienen ni la capacidad ni el interés ni los recursos intelectuales o sociales para la tarea.
Pero en términos estrictamente políticos la lección es más acuciante: la democratización cubana no descansa, por la naturaleza de su constitución y de sus actos, en sus élites.
Y en el punto en el que la modernización cubana se cruza, como irremediablemente creo, con la democratización de las instituciones y con la invención de instituciones democráticas, constituye un imperativo la reconstrucción de una narrativa que relegitime la democratización desde abajo.
¿Es posible?
Por tradición histórica los cubanos estamos codificados para inventarnos la sociedad, la nación y el Estado desde arriba. El mito del pueblo cambiando la historia no ha sido más que eso: un mito conveniente a nuestra condición moderna, que no tiene entidad ni en la manera en que nos narramos, ni en los modelos de emancipación construidos, ni en cómo ha decursado, en los hechos, la construcción nacional y la participación de la sociedad.
Materia de discusión histórica y antropológica lo cierto es que, al menos desde los años 50 del siglo pasado a la fecha, la idea del cambio ha estado vinculada al papel de una élite en la producción de acontecimientos.
En la comunidad prodemocrática hemos estado atravesados por esta visión entre mesiánica y vanguardista que favorece la pugna o el pacto entre las élites, la lógica de vencedores y ganadores, con sus juegos de suma-cero, y la política como acontecimiento, no como proceso.
Las consecuencias de este paradigma han sido nefastas, sobre todo para la reconstrucción cívica de la sociedad, pero, y este es el tema que me interesa resaltar ahora, nos ha llevado a perder de vista las opciones de apertura institucional del juego democrático, desde abajo. Siempre a través de la reinauguración de la política, consustancial a la mentalidad y dinámica de proceso, y contraria a la idea de ese acontecimiento-demiurgo que vendrá a traernos la democracia y la salvación nacional contra la opresión y la tiranía.
Atrapados por las retóricas duras, no reparamos en el juego de la política posible y en un hecho fundamental: en nuestro combate contra el sistema, el gobierno no se ha defendido con las instituciones del sistema; solo, y en el mejor de los casos, los ha manipulado para garantizar su permanencia y continuidad. Tanto de un lado como de otro se opera entonces con un desconocimiento de las reglas que ha venido generando lo que llamo un vacío de acción institucional, más perjudicial desde luego para la comunidad prodemocrática que para el régimen mismo. Pero perjudicial para todos, en fin, por el debilitamiento de la vida institucional que ha provocado.
Un cambio de paradigma merece reevaluar las posibilidades de democratización de Cuba por la vía institucional. Y eso intentamos desde la Plataforma Ciudadana #Otro18, nacida conceptualmente de la propuesta “Consenso Constitucional”.
Los intentos de llegar a la democracia a través de las instituciones realmente existentes, una opción natural para actores con racionalidad política, tienen viejos antecedentes. El primero de los que recuerdo, sin descartar alguno anterior, proviene del año 1998, cuando el ingeniero Francisco Bahamondes Masop, ya fallecido, se postuló como candidato independiente en el barrio La Felicia, en San Miguel del Padrón, La Habana. El ingeniero Bahamondes, como era más conocido, recibió entonces 30 votos, en lo que puede ser considerado el primer ejercicio de libre elección, frente a su contrincante, un miembro del Ministerio del Interior (la policía) que obtuvo 50 votos del total.
Aquello fue un varapalo para el gobierno, quien removió todos los resortes para intentar ahogar el impacto del hecho, manipuló a los electores locales para revertir un acontecimiento que indicaba un temprano uso de los recursos políticos institucionales por la ciudadanía para legitimar las opciones contrarias, o al menos diferentes, y que revelaba el descontento creciente de los ciudadanos con el régimen. Y, como no podía faltar, reprimió la osadía de Bahamondes Masop de retar al régimen desde sus propias reglas.
El testigo de Bahamondes Masop fue enseguida recogido a principio de los años 2000 por Gerardo Sánchez Santacruz, su amigo, fundamental en esta memoria, y vicepresidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, quien, con muy poco éxito en un barrio lleno de ejemplares de la élite, se postuló como candidato independiente en varias ocasiones.
La propuesta más conocida de cambio democrático desde las instituciones fue el Proyecto Varela, nacida del Movimiento Cristiano Liberación, liderado en la época por el fallecido Oswaldo Payá Sardiñas, e impulsada por la mayoría de las organizaciones prodemocráticas que entonces se agrupaban bajo una coalición llamada “Todos Unidos”. Un dato que revela por cierto la disposición psicológica de buena parte de los actores a no descartar el empleo de las reglas realmente existentes para fines democráticos.
Pese al fracaso circunstancial, que no estructural, de estas apuestas, las opciones institucionales de democratización quedaron abiertas. Surge, entre los años 2006 y 2007 el proyecto “Candidatos por el Cambio”, de la mano de Silvio Benítez, hoy en el exilio, y entonces líder de uno de los partidos liberales existentes en Cuba, en la misma línea de presentar candidatos alternativos en las elecciones municipales. El proyecto “Candidatos por el Cambio” fue retomado tiempo más tarde, y hasta hoy, por el analista y periodista independiente Julio Aleaga Pesant quien le ha proporcionado una importante visibilidad como alternativa institucional para la democratización desde abajo.
Este camino tuvo su segundo momento estelar en las últimas elecciones municipales de 2015, cuando Yunier López O’Farril e Hildebrando Chaviano Montes, dos activistas pro democráticos, se presentaron como candidatos independientes junto a otros ciudadanos que tuvieron menos éxito electoral. El impacto de estos últimos intentos es bien conocido y abona, en la continuidad interrupta de una opción que mereció una visión y proyección estructural más sostenida, un análisis que creo pertinente para la racionalidad del cambio democrático en Cuba.
En medio de las tensiones y la represión en la larga pugna desigual entre la comunidad prodemocrática y el gobierno cubano, hemos disuelto un dato visible y poderoso para el diseño de nuestras estrategias de democratización: el divorcio estructural entre la narrativa ideológica e institucional del poder y la actuación política del régimen y del gobierno.
El divorcio es estructural porque el mandato y las prácticas de la revolución son bien distintas, y niegan en muchos casos, al mandato y a las prácticas constitucionales, con sus instituciones derivadas. Nunca es una exageración decir que la revolución cubana es un gobierno de facto revestido de una institucionalidad negada. Su éxito como poder, es su fracaso como institución.
En esa intersección contradictoria pasamos por alto que el principio de legitimidad, y de acción política, de la comunidad prodemocrática cubana está dentro de la misma narrativa institucional que el régimen cubano no puede cumplir sin desaparecer. Aclaro. Principio de legitimidad, no límite de posibilidades.
La responsabilidad por esta ausencia de legitimación intelectual, política y teórica de la vía institucional legítima para la democratización recae, sin dudas, sobre quienes hemos creído en su posibilidad y viabilidad. Legitimación siempre necesaria, porque esta vía no ha gozado de abolengo y prestigio al interior de la oposición dentro y fuera de Cuba. El análisis de los núcleos democratizadores de la narrativa institucional del gobierno goza de los prestigios de un Jorge Domínguez, profesor de origen cubano en la Universidad de Harvard, Estados Unidos. Pero todos sus arrestos intelectuales están pensados para la democratización del régimen, no para la democratización de la sociedad y del Estado. De hecho, el fundamento histórico de sus análisis intelectuales está en el mismo comportamiento anticonstitucional del gobierno cubano. Si este se hubiera comportado a la altura de su propia narrativa, ninguno de los trabajos de Jorge Domínguez habría tenido esta dirección. Pero ello no significaría que la sociedad y el Estado cubano fueran democráticos.
Ha predominado así la vía épica y personalizada sobre la vía política y sistémica del cambio democrático dentro de la oposición cubana, sea en Cuba o en el exterior. Razón por la que opciones racionales como el diálogo han carecido de sustentos sociológicos dentro de la sociedad e imaginario político cubanos.
La Plataforma Ciudadana #Otro18 surge dentro de esa tradición institucional para el cambio democrático. Doblemente legítima: por vía constitucional y por vía política. Que lejos de legitimar al régimen político, legitima el juego democrático de cambio político.
¿Por qué?
Los críticos echan mano, fundamentalmente, a dos clases de argumentos cuando hacen referencia a la propuesta estratégica de #Otro18: el primero de ellos es que participar en las elecciones en Cuba (apropiadamente catalogado como votaciones) legitima al régimen; el segundo es que actuar dentro de reglas constitucionales o políticas junto al gobierno prolonga su vida, justo cuando el régimen está “a punto de caer”.
El primero de los argumentos parece ser el más serio. Usa conceptos de legitimidad globalmente extendidos y aceptados dentro de los cuales juega, en una interpretación ideológicamente interesada y negadora, la visión misma de legitimidad que el régimen cubano se otorga.
Todo pasa por el concepto de democracia. El gobierno dice que su régimen es democrático, solo que diferente al que llama, siguiendo una clasificación nacida de la guerra fría pero académica e históricamente sin sentido, democracia occidental.
Sobre esta base de discusión el debate tiene sustento porque se justifica en un argumento político, cultural e históricamente real: la democracia ha evolucionado en su concepto, al tiempo que recorre varios tipos y modelos. En la evolución de los contenidos de la democracia y en la diversidad de sus expresiones se alimenta una relativización de los modelos democráticos que da sustento a la narrativa del régimen.
El problema no termina ahí. Casi que comienza. Porque en la historia y teoría políticas la legitimidad tiende a ser auto constitutiva: no solo las revoluciones codifican su propia legitimidad, sino que los Estados modernos abren varias fuentes de legitimidad, y así tenemos la legitimidad por eficacia, por funciones, por tradición o las nuevas legitimidades basadas en la cultura que trivializan, por ejemplo, la “justicia comunitaria” de los indígenas en Bolivia.
En la discusión sobre la legitimidad con el gobierno cubano hay de parte de los demócratas un punto débil, si seguimos en el intento de discutir en términos de lo que el régimen llama “democracia burguesa”. El asunto es que la denominada Revolución Cubana adquiere su legitimidad precisamente negando la “democracia occidental”. Su legitimidad es otra y se basa en su pretensión histórica y política de “representar mejor y auténticamente los intereses del pueblo y la nación cubana”. Es sobre esta base sobre la que se debería discutir la legitimidad, lo que vendría a justificar en propiedad, una vez pulverizada aquella pretensión, la existencia legítima de la oposición.
Sin embargo, en #Otro18 no partimos de la discusión de la legitimidad a partir de cuál es el modelo democrático por excelencia, sino a partir de quiénes son los sujetos que dan legitimidad a los sistemas políticos, independientemente del tipo de modelo de sociedad o de Estado. Por eso #Otro18 no se expresa ni debería entenderse en términos de revolución o contrarrevolución, sino en términos constitucionales e institucionales.
Para nosotros la discusión sobre los modelos es clave. Asumimos que la democracia exige, en su visión mínima, el pluripartidismo, las libertades fundamentales y las elecciones libres y justas. Estas son las premisas básicas que hacen democrática a una democracia, con independencia de sus variaciones. Pero asumir un modelo siempre nos remitirá a los sujetos primarios y fundamentales de cualquier modelo, los ciudadanos, y a qué pueden o no pueden hacer estos dentro del sistema político. Y este es el interés esencial para el fundamento de cualquier democracia.
Y es por aquí por donde el problema de legitimidad al participar en las elecciones se le plantea al gobierno cubano, si los ciudadanos deciden asumir la participación política legítima en sus propios términos, y no en los términos del régimen. Es verdad que la participación política en las elecciones en modo revolucionario le concede más legitimidad al régimen, -no del tipo democrática precisamente, sino plebiscitaria- pero no es verdad que, si se participa en modo ciudadano, se está fortaleciendo al modelo político; tal y como lo demuestra la actuación del gobierno, en diferente tiempo y lugar, contra Bahamondes Masop, Chaviano Montes, Sánchez Santacruz, Aleaga Pesant, López O’Farril o la ex Delegada del Poder Popular en la provincia Las Tunas, Sirley Ávila.
Y se repite la pregunta, ¿es posible esta transferencia de legitimidad?
Es más probable que el régimen cubano legitime a sus contrarios si respeta las reglas de su sistema político, que la legitimidad que los contrarios podamos otorgarle haciendo uso de nuestra condición ciudadana y presumiblemente democrática. No participar puede significar no reconocer; pero no reconocer no significa que no podamos participar como ciudadanos. En este último sentido fortalecemos, paradójicamente, al régimen. Este puede aducir, como a menudo hace, que su sistema es una democracia negada por un segmento de los ciudadanos que se niegan a votar y a postularse donde las opciones están abiertas. Gana entonces por partida doble: en el relato y en los hechos: no perturbamos su dominación ni le obligamos al juego político. Lo que me parece fundamental para la democratización de Cuba, siempre y cuando los candidatos independientes tengan un concepto identitario, una agenda política, no necesariamente partidista, y una estrategia agregada.
Pero, ¿es democrático el régimen cubano? No por sus esencias ni por sus formas políticas, sobre todo en lo alto de la cúspide. Sin embargo, tiene una doble necesidad que satisfacer: la de que su narrativa corresponda a su pretendida legitimidad de origen: los derechos del pueblo cubano, y la de convertir el verso en instituciones. A fin de cuentas, la denominada Revolución Cubana se produce en Occidente, con su fuerte tradición de derechos ciudadanos, y triunfa en 1959, en una época de convulsión y de demandas sociales.
Un régimen inaugurado en esas circunstancias está obligado a garantizar las formas institucionales y a abrir los márgenes una vez que garantiza las claves del poder Formas institucionales y márgenes abiertos constituyen las reglas del juego desde las cuales reinstaurar lo cívico desde lo político. Y para nosotros las elecciones municipales se convierten en el espacio de juego cívico y político desde el cual reinaugurar la democracia, tal y como la entendemos los demócratas. Una reinauguración primordial que genera un fortalecimiento agregado de la democracia y de los demócratas que la promovemos porque se fundamenta en la legitimidad de quienes ostentan la soberanía del Estado: los ciudadanos, y desde abajo. Como debe ser y como no gusta a las élites.
Contrario al régimen, que pierde legitimación en la medida que aleja el voto ciudadano de los decisores políticos, los demócratas cubanos saldríamos fortalecidos moral y políticamente si obtenemos el voto de la ciudadanía. ¿Quién tiene más legitimidad popular, Hildebrando Chaviano Montes o el presidente de la Asamblea Municipal de Plaza? Chaviano obtuvo el voto directo de sus electores, con todo lo que esto significa; este, con todo lo que eso implica también para la calidad de la representación, solo tiene el voto indirecto de ciudadanos que de seguro no le conocen.
Por aquí habría otro camino para el debate, y sus consecuencias prácticas, sobre la legitimidad de la democracia “a la cubana”. No es absolutamente necesario oponer la “democracia burguesa” a la “democracia socialista” para demostrar sus limitaciones democráticas.
¿Por qué los ciudadanos pueden elegir y ser elegidos cuando se trata de los delegados o delegadas municipales del poder popular, y no pueden hacer lo mismo en los niveles superiores de decisión política? ¿Dos sistemas de elegibilidad política contrarios dentro de un mismo modelo de democracia política? Ni en términos demográficos ni en términos territoriales se justifica en Cuba que los ciudadanos no puedan elegir y ser electos directamente a todos los niveles del sistema político. La limitación democrática fundamental es la de que, si bien el voto en las democracias no siempre es directo, sí está abierta la postulación a todos los ciudadanos.
En cualquier caso, en la democracia “a la cubana” la diferencia en los sistemas de elegibilidad no responde a la complejidad de la realidad sociológica o cultural del país, sino a las limitaciones políticas impuestas a la soberanía del “pueblo”. En puridad, no es técnicamente imposible limitar la postulación también para quienes podrían ser delegados a nivel municipal. Tal y como está concebida, la Comisión de Candidatura, el filtro para evitar la entrada de los ciudadanos protegiendo la postulación de los revolucionarios, puede funcionar a lo largo de toda la estructura de representación política. Que no sea así, responde a una concesión democrática a la que el régimen se ve obligado para confundir y amortiguar la ausencia de representación ciudadana en los niveles decisivos. Una afirmación democrática limitada en la base, para negar la democracia en la cima.
De ahí la estrategia de #Otro18: legitimar con los electores la necesidad de otorgarle coherencia democrática a los sistemas de elegibilidad y representación política en Cuba. Nada mejor para este propósito que empezar el proceso con el apoyo de la legitimidad ciudadana.
Los(as) candidatos(as) #Otro18 participarán del proceso eleccionario justamente para abrir el proceso de legitimación política de la democracia desde abajo, desde la ciudadanía. Por lo que su labor no termina con las elecciones, continúa dentro de una estrategia de recambio e inversión de la legitimidad de la revolución a la ciudadanía, y de construcción ciudadana de la política mediana en el espacio cívico. Lo que fundamenta, institucionalmente, la reinauguración de lo político en el espacio por excelencia de la diversidad: la comunidad vecinal en la que confluye por fuerza la diferencia: social, cultural, religiosa, política y de elección.
Frente al segundo argumento, según el cual, actuar dentro de reglas constitucionales o políticas junto al gobierno prolonga su vida, justo cuando el régimen está “a punto de caer”, cabe esta respuesta.
El espejismo no es una buena recomendación para dedicarse a la política. La huida de dos generales fuertes en la historia cubana, Gerardo Machado (en 1933) y Fulgencio Batista (en 1959), creó un sustantivo activo en el vocabulario político de los cubanos: la caída. El sustantivo, como casi todas las palabras de uso continuado, adquirió vida propia y fue aplicado a circunstancias distintas, y por eso mismo específicas, desviando la atención del análisis de contexto y generando una percepción distorsionada de las posibilidades reales de cierta acción política. Algunos acontecimientos decisivos, pero a la larga, puntuales para Cuba, afianzaron el yerro: el derrumbe del Muro de Berlín, la desaparición de la Unión Soviética y otros hechos más o menos significativos. Lo mismo cualquier crisis interna, más o menos astutamente manejada por el poder.
Con estos antecedentes, se ha desarrollado lo que el pensador John Elster denominó el pensamiento arcaico en la vida moderna: asociar un acontecimiento con un cambio estructural. ¿El conjuro de la magia no producía la lluvia según ciertas culturas antiguas? Pues lo mismo ha venido sucediendo con la visión de la caída del régimen cubano. Sin que llueva.
Lo interesante en este sentido es lo resistente que pueden resultar al paso del tiempo ciertas estructuras mentales. Lo que convierte a la obstinación en una estrategia política aparentemente viable. Después de 56 años, nada en el horizonte avala la teoría de la inminente caída del régimen cubano. Nada, excepto el azar incontrolado de los acontecimientos, que no forman parte desde luego de ningún plan estratégico.
En este sentido vale lo que saben los mejores historiadores: no es bueno seguir sosteniendo la idea de que la historia es maestra de vida. Regresar a la historia para aprender cómo conducirnos en el presente no solo es imposible, sino profundamente conservador. El uso del pasado es una estrategia de dominación para el presente por parte de muchos de quienes ostentan o pugnan por el poder. Para empezar, recordemos que los sujetos fundamentales a quienes se convoca a la hora del cambio o para apoyar regímenes o gobiernos son los que menos tiempo tienen para leer y aprender de la historia. Si acaso les interesa.
¿Por qué suponer que las caídas políticas del pasado suponen las caídas políticas en el presente? Mirar al pasado, para aprender, tiene más sentido cultural que histórico. ¿Cuántas actitudes del pasado no se repiten en el presente? Esto a pesar de las diferencias evidentes en la cronología de acontecimientos que se nos narra. Lo que vale la pena conocer es la continuidad, no lo discontinuo.
Lo peor de la tesis de la caída es la parálisis-que-se-mueve. Se asume que la repetición intensa y dramática de actos impotentes nos acercan cada vez más al momento en el que todo caerá. Y la impotencia tiende a conducirnos por el laberinto psicológico de derramar la frustración sobre la diversidad de actores y de caminos de acción y comportamiento. Nada muy democrático.
Por lo que, en la espera del acontecimiento, se congela el proceso. Pero #Otro18 es eso: el proceso político descongelado desde la ciudadanía para evitar el corporativismo de las élites en tiempos de refundación democrática, con una lógica bastante distinta a los procedimientos de otra élite ciertamente respetable: la heroica.
Manuel Cuesta Morúa (La Habana, 1962).
Historiador y ensayista.
Portavoz de Arco Progresista (socialdemócrata).
Miembro de la Plataforma Ciudadana #Otro18 y de la Mesa de Unidad de Acción Democrática (MUAD).
Ha escrito varios trabajos y ensayos y publica habitualmente en medios como 14ymedio, Diario de Cuba y El País.